La oposición amenaza con  otra extinción de dominio ¿Vetará Macri?Economía 

La oposición amenaza con otra extinción de dominio ¿Vetará Macri?

Los aprietos de la campaña lo ponen a Mauricio Macri ante un viejo dilema, que ya enfrentó antes con legislaturas en contra en la ciudad de Buenos Aires: una norma negociada es mejor que ninguna norma. La oposición cree hoy tener los votos para voltear en la Cámara de Diputados el DNU de extinción de dominio que firmó Macri en enero pasado. Se lo hizo saber al oficialismo y es la noticia que llevó Emilio Monzó al Gabinete del jueves. Para que esa derogación sea efectiva debería salir en las dos Cámaras, pero el formato de la oposición es hacerlo caer por efecto de la sanción de otro régimen, o el que promovió el massismo en Diputados, o el que aprobó el Senado.

El oficialismo les reprocha a esas dos versiones, que convierten a la iniciativa para incautar bienes mal habidos en un imposible en el tiempo, porque la ata a la sentencia firme en el fuero penal, y que debería operarse por la vía de código civil. Si los peronismos de Diputados logran aprobar alguna de esas dos versiones, ¿Macri vetaría a ley? Si fuera así, se queda sin ninguna ley de extinción de dominio. Y sólo con el argumento de que el peronismo salió en defensa de los réprobos, una herramienta de campaña que le puede hacer ganar adhesiones en el voto propio. Cambiaría una ley por una campaña, algo que estuvo detrás del DNU de enero. Esa vez fue fruto de una estrategia que imaginó Elisa Carrió, para evitar lo que ahora intenta hacer el peronismo, aprobar alguno de sus proyectos.

El bloque del FPV, que preside Agustín Rossi, apoya el proyecto de extinción de dominio que ya aprobó el Senado.

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Para impedirlo, el oficialismo suspendió la primera sesión ordinaria del año, que se iba a hacer el próximo miércoles. En esa sesión el peronismo unido iba pedir se aprobase la preferencia para tratar el DNU en la sesión de la semana siguiente. Concurren con los votos del bloque del Frente Renovador, el de los Federales y el Frente para la Victoria. Los dos primeros empujan el proyecto massista, y el que preside Agustín Rossi apoya el que aprobó el Senado. El justificativo para suspender la sesión es que no hubo acuerdo con la ley de barras, que se empastó en comisiones el miércoles por diferencias en el oficialismo, que el peronismo sospecha fueron exageradas para hacer caer, por ahora, el proyecto. Corre aquí una mención del dicho “Lo mejor es enemigo de lo bueno”, que inspira reflexiones de Mauricio Macri sobre su experiencia porteña con una legislatura en minoría: logré la mitad de las leyes que quería —ha dicho alguna vez— y esa mitad, con la mitad de lo que buscaba: tuve que negociar.

La ruta del dinero empasta el financiamiento de campañas

El clima electoral empasta todo, y hace difícil lo fácil. Por ejemplo, la sanción del proyecto de financiamiento de campañas, en el cual todos están de acuerdo en las dos Cámaras, por lo menos entre Cambiemos y el peronismo no cristinista. Con esos votos bastaría, pero lo que venía por un tobogán se enredó a la espera de otro de los acuerdos demorados y que se discute en la máxima discreción. Es el de la distribución del dinero en publicidad de campañas, hoy un negocio de las redes sociales, que se administran desde el extranjero y que no tienen editores responsables que impidan el giro de las fake news, tan meneadas en las elecciones de acá y de afuera.

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Las redes levantan las noticias de los medios convencionales y las trasmiten sin pagarlas, apoderándose de la publicidad que migra de las plataformas que más invierten en la producción de la información —diarios con portales propios, radio, TV, sitios que no son explotadores del trabajo ajeno. La norma que estableció que la publicidad por TV está a cargo del Estado nació para impedir que se le asegurase el negocio al mayorista de publicidad electoral de los años 90, que tenía nombre y apellido, y cursaba todos los avisos de todos los partidos, jugando él mismo alguno de esos partidos en provecho personal. Hoy volcar publicidad en medios para las campañas es alimentar más a las redes. Ahí nace una negociación que demoró el tratamiento de la ley de financiamiento, para que una parte del dinero publicitario vaya a medios digitales de producción nacional (un 35%) y a medios de producción del interior del país (un 25%). Este debate es parte de una discusión más grande, que es cómo convivirán esos sistemas en el futuro. La comunidad europea ha avanzado mucho en las cláusulas de protección de la propiedad intelectual, y en asegurar una mayor equidad en la distribución de la renta digital.

Partidos y jueces resisten detrás del telegrama

El Gobierno y el Congreso tienen en estudio, más allá de este debate por el financiamiento de campañas, la revisión de la ley de convergencia de medios, que perdió estado parlamentario el año pasado. Esa norma —ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y la Competencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC— volverá al debate con el agregado de un capítulo de protección más rígida de la propiedad intelectual, de quienes producen la información y los contenidos con un costo altísimo pero que otros revolean por el éter, sin pagar por ella y quedándose con la torta publicitaria.

En el espectro electoral hay que agregar que los críticos del nuevo sistema de transmisión de los datos electorales, desde las mesas a los centros de cómputos, que intenta instaurar por decreto el Gobierno, sufrieron una derrota. Fue en la reunión de los apoderados de todos los partidos con los miembros de la Cámara Nacional Electoral. Los representantes de todas las fuerzas reclamaron que se sigan usando telegramas y certificados de apertura y cierre de las listas, y que no se hagan modificaciones. El juez Alberto Dalla Vía sancionó ante todos: el código electoral no se toca ni tampoco las constancias en papel. Estaba presente Adrián Pérez, responsable de las elecciones como viceministro del Interior, que avala esas reformas por decreto sin necesidad de cambiar el código. Ya ha dicho que se respetará la ley pero que este año habrá escáner y computadoras en miles de escuelas para asegurar que haya un escrutinio provisorio veloz y creíble, con papel o sin papel.

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Nuevo ajuste de cuentas por la estrategia en el interior

La decisión de la Corte, que frenó las reelecciones en La Rioja y Río Negro, da pasto para las especulaciones sobre quién se terminará beneficiando y cuáles fueron los motivos de los supremos para entrar en inquinas provinciales. Pero más entretenidas que esas autopsias inconducentes son los ajustes de cuentas en el oficialismo, por el daño que se infligió Cambiemos en Río Negro. Marcos Peña instruyó a los bastoneros de esa fuerza de la provincia con una consigna que ha quedado demolida: La idea de Mauricio —les dijo— es que no gane Soria. Ahora, con la baja de Alberto Weretilnek, el hijo de Carlos, y hermano de Emilia, tiene el camino más fácil. La herida tiene firma, porque la Corte terminó fallando en el recurso de queja que firmaron los apoderados de Cambiemos, elaborado por dos estrellas del radicalismo, los exdiputados Oscar Machado —alto ingenio de ese partido— y Ricardo Gil Lavedra, veedor del programa Justicia 2020 con este gobierno, exministro y ex jefe de bloque.

Si existía ya el antecedente del veto a la tercera reelección de Gerardo Zamora en Santiago del Estero ¿no hubiera sido mejor que los socios de Cambiemos estuvieran lejos de esta explosión, que pone en emergencia a un distrito que Macri podía considerar propio? En enero Macri recibió a Weretilnek en La Angostura y lo alentó a ganar. Fue cuando el gobernador le confió que tenía dos votos del Tribunal Supremo local y que lograría, aunque “algo abollado” —usó esa frase— la reelección. Ahora es Macri quien necesita los servicios del sacabollos. Con eso el Gobierno llegó a presionar a Cambiemos de esa provincia, a que bajasen la fórmula que integran la radical Lorena Madzen y la macrista Ana Boschi, que ahora corren detrás de los restos que deja la fuerza de Weretilnek, un dirigente tan elástico que nació en el PI de Oscar Alende, militó en aquel Frente Grande que había cuando éramos chicos, fue candidato a vice de Pichetto en 2007, de Soria en 2015, y ahora era la gran esperanza blanca del macrismo.

Pichetto no merecía tanto

Estas decisiones, aunque previsibles por la jurisprudencia de la Corte con la integración histórica —que no se han torcido por el voto de Carlos Rosenkrantz, otra vez en minoría testimonial— dinamitan otros puentes. Miguel Pichetto ha sido desde 2015 el mejor socio del Gobierno en el peronismo, y es ahora una de las víctimas del fallo rionegrino. El jefe del bloque federal representa la minoría de la oposición al gobierno actual de la provincia y está enfrentado sin remedio con Soria. Tenía un acuerdo no escrito con Weretilnek de sumarlo a la Alternativa de peronismo no K, y él podía ser el candidato para renovar la banca.

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Sin la reelección del gobernador se queda sin esa chance y sólo cuelga de una candidatura a presidente. Hasta ahora es partidario, como todos los integrantes de la mesa de los Cuatro, de que haya una PASO entre los postulantes Urtubey, Massa, él y, si lo convencen, Roberto Lavagna. La mejor carta para él es quedar atado a Lavagna en una fórmula con chance de ganar o apoyarlo a éste en una salida de consenso que le permite anotarse en otro rango y otra jurisdicción. Por ejemplo, candidato a diputado nacional por Buenos Aires. Pichetto nació en Banfield, y eso lo habilita a cambiar de distrito. Carlos Soria, padre de su contradictor de hoy, hizo lo mismo cuando se quedó sin espacio en Río Negro, y fue diputado nacional por Buenos Aires en 1999 en listas de Eduardo Duhalde, hoy uno de los valedores de Pichetto.

La víctima del fallo para La Rioja, Sergio Casas, milita en Alternativa Federal y su derrota es la de sus socios, entre ellos Pichetto, quien parlamentó discretamente con Ricardo Lorenzetti durante la semana, para conocer las razones y la solidez de la decisión de la Corte. Este fallo también lo lograron Gil Lavedra y Genovese, que confrontaron con otra estrella del constitucionalismo peronista, Alberto García Lema. Buena faena la de la Corte. Termina con otro ciclo de intentos de reelección, con la misma fuerza que en 2006 el obispo jesuita Joaquín Piña, de Misiones, movido por el cardenal jesuita Jorge Bergoglio, terminó con los sueños de reelección de Néstor Kirchner.

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