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La reunión cumbre de los exfuncionarios macristas acusados de contrabando

La reunión fue el miércoles, en las oficinas partidarias de Patricia Bullrich de la Avenida de Mayo. Convocados por ella, Jorge Faurie, Oscar Aguad -llegado para la ocasión desde Córdoba-, Pablo Lanusseel abogado del expresidente, que sigue varado- y exdirectores de la Aduana y de la agencia de control de armas (Anmac) se encontraron con un objetivo: repasar qué sabía cada uno del caso de las municiones enviadas a Bolivia para diseñar sus defensas judiciales.

El encuentro, del que participaron también otros abogados, alternó precisiones jurídicas con apreciaciones políticas. Hasta se discutió si la caída de Evo Morales había sido o no un golpe de Estado. Pero lo central era socializar información, según reconstruyó LA NACION de fuentes que estuvieron en la cumbre. Bullrich, que fue la responsable de armar el grupo de chat “Reunión”, con el que los citó, dijo que ella mandó a los gendarmes a cuidar la embajada argentina, pero que no tenía idea de con qué armamento habían ido.

El problema es que hay pruebas que demostrarían que fueron con 70.000 cartuchos antidisturbios que no se declararon en el manifiesto de salida del vuelo y que no regresaron, y que Bolivia muestra fotos y videos que acreditarían que se las quedaron las Fuerzas Armadas y la policía boliviana. El gobierno argentino denunció que Macri y sus funcionarios montaron un plan para “poner material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país”. Los aludidos, por supuesto, lo niegan. El miércoles insistieron en que la relación con los funcionarios de Morales era muy buena y en que les dieron protección a varios cuando cayó el gobierno.

¿Qué dicen los gendarmes? Bullrich les dijo a los demás que ella no había podido hablar todavía con Gerardo Otero, exjefe de la fuerza y una pieza clave durante su gestión al frente de Seguridad. Que no había podido dar con él. Que creía que Otero estaba varado porque había viajado para vacunarse.

Lo cierto es que en la reunión de Avenida de Mayo faltaba un ala de los imputados y eran justamente los gendarmes, que aparecen hoy como los más complicados en la causa. “Es que era un encuentro de funcionarios”, fue la explicación. Además de Otero, el fiscal Claudio Navas Rial imputó al exdirector de Logística de la Gendarmería Rubén Carlos Yavorski y al exdirector de Operaciones de esa fuerza Carlos Miguel Recalde.

Yavorski fue el que firmó el pedido de las 70.000 municiones; Recalde, el que declaró, ya en pleno gobierno de Alberto Fernández, que los cartuchos no volvían porque se las habían gastado en prácticas de tiro, una versión que nunca resultó muy sólida y menos después de que Bolivia mostrara imágenes de armamento que tiene en su poder con el sello de Fabricaciones Militares.

En la reunión del miércoles nadie dijo saber tampoco qué habían declarado hasta el momento, en el sumario administrativo, los gendarmes que viajaron a Bolivia. Ni siquiera conoce esas actuaciones el juez de la causa penal, Javier López Biscayart, que el lunes le pidió a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, que se las remitiera “de inmediato”. Ayer por la tarde, el ministerio informó al juzgado que el lunes las mandará.

Otro ausente en el encuentro de Avenida de Mayo fue el exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García, hoy ministro del gabinete de Gerardo Morales. Tuvo un problema con el avión y no pudo llegar de Jujuy, dijeron. Bullrich contó el miércoles algo que Álvarez García dijo ese mismo día en una entrevista con LA NACION: que durante el gobierno de Evo Morales la Argentina había recibido pedidos de municiones a través de la policía boliviana.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, comunicó junto con el embajador en Bolivia, Ariel Basteiro, el hallazgo de armamento argentino en depósitos de la policía bolivianaTélam

El excanciller Faurie, a quien el embajador reportaba, sostuvo en la reunión que él jamás recibió cables diplomáticos relacionados con esta denuncia ni fue informado de la carta de agradecimiento por las municiones entregadas. Dijo, en definitiva, que no sabía nada, según los diálogos que reconstruyó LA NACION.

Lo mismo que Aguad, que está imputado porque los gendarmes –y según lo denunciado, también el armamento- viajaron en un Hércules que él, que era ministro de Defensa, puso a disposición a pedido de Bullrich. “Para este caso no pienso poner abogado”, les adelantó a los demás Aguad, que ya tiene otros frentes; fue denunciado penalmente por el hundimiento del ARA San Juan y enfrenta una causa por el acuerdo fallido del Correo Argentino con el Estado.

Quienes sí designaron abogado en el expediente penal fueron Macri -que ayer nombró a Lanusse-, Bullrich y Otero.

En esta causa, que avanza a pesar de la feria judicial, el Gobierno amplió el jueves su denuncia y el fiscal debe volver a dictaminar y decidir si extiende la investigación. Navas Rial no se tomará las vacaciones que tenía previstas.

En Bolivia también se abrió una investigación por el supuesto envío ilegal de armamento. Según vaticinó el ministro de Justicia, Martín Soria, la justicia boliviana “va a requerir la presencia de Macri y sus funcionarios” y tiene, en caso de necesidad, un “tratado de extradición” vigente. Los presentes en el cónclave del miércoles coincidieron en que ninguno nombrará por el momento abogado para actuar allá.

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