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Todos los beneficios que recibió Cristóbal López desde que el kirchnerismo volvió al poder

Su excarcelación, una moratoria fiscal para una empresa quebrada e inactiva desde 2018, un plan de cuotas para saldar una multimillonaria deuda y un contrato vial son sólo algunos de los beneficios que obtuvo Cristóbal López desde finales de 2019. No pudo evitar, sin embargo, que el fiscal Juan García Elorrio pidiera ante el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) una condena por defraudación al Estado para él.

Cristóbal López siempre buscó diferenciarse de Lázaro Báez. En su círculo de confianza señalaba que él ya era empresario antes de conocer a Néstor y a Cristina Kirchner, en marcado contraste con el dueño del Grupo Austral, condenado por lavado de dinero.

En 2003, cuando Néstor Kirchner asumió el poder, el Grupo Indalo no existía como tal. Cristóbal López contaba con una docena de empresas y sus acciones de Casino Club. En 2017, la justicia federal se anotició de que el holding contaba con 170 compañías, 100 más de las contabilizadas e inhibidas en el marco de la causa por la que fue a juicio oral al no pagar a la AFIP 8.000 millones de pesos correspondientes al impuesto a los combustibles.La justicia federal sostuvo en su acusación que el incremento del grupo empresarial, durante la gestión kirchnerista, no habría sido posible sin los fondos provenientes de su incumplimiento con la AFIP. La Justicia determinó que de los 55 meses investigados, los dueños del Grupo Indalo sólo tributaron el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) durante siete meses.

Así, la elevación a juicio oral se basó en la confirmación de la “instrumentación de una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro y fuera de la AFIP”, donde hubo una estructura permanente y coordinada de personas que lograron la “sustracción de fondos millonarios por medio de la defraudación al Estado”.

Cuando Cristóbal López dejó el Penal de Ezeiza.

Se indicó que hubo tres momentos claros en la causa: el primero de ellos en 2010, cuando se constituyó Oil Combustibles, a la que considera una “estructura societaria para el fraude”. Después comenzó la instancia de “acumulación ilegítima de deuda” del ITC. Se sostuvo que con el otorgamiento “irregular de planes de facilidades de pago”, López usó de forma “indebida el impuesto”para financiar y expandir al Grupo Indalo.

Pero aquellos cuestionamientos no impidieron que los beneficios para Cristóbal López se reactivaran después de las PASO de 2019, cuando el Frente de Todos se impuso por 17 puntos contra el macrismo. El 4 de octubre de ese año, la Cámara Federal porteña ordenó su excarcelación, con la exigencia de comparecer periódicamente en Comodoro Py y la prohibición de ausentare sin previo aviso a la justicia.

Cristóbal López en la asunción de Alberto Fernández en diciembre de 2019. Foto Federico López Claro.

Un año después, ya en plena pandemia, el gobierno de Alberto Fernández impulsó una nueva moratoria fiscal para aquellas empresas que sufrieron el impacto económico de las medidas sanitarias como la cuarentena estricta. Esa nueva ley habilitó a las empresas quebradas a ingresar al plan de facilidades de pago, algo que estaba prohibido en las normativas anteriores.

Así fue que el 1 de octubre del año pasado Cristóbal López solicitó ingresar a la moratoria impulsada por el presidente Fernández, y solicitó que, en consecuencia, se suspenda la liquidación de su empresa Oil Combustibles, que ya estaba a punto de concluir con el reparto de 100 millones de dólares entre los acreedores. Dentro de esa nómina, la AFIP es el principal damnificado en la quiebra. Ese dinero es producto de la venta de los principales activos de la petrolera, que se realizó en el marco de la quiebra.

El empresario K buscaba rescatar a su firma quebrada hace tres años y sin actividad con la nueva ley de moratoria, que fue denunciada por la oposición por ser “hecha a la medida de Cristóbal López”. Con la reglamentación de la normativa, la petrolera logró acogerse al plan de facilidad de pagos y evitar así la liquidación final de sus activos.

El 11 de agosto de este año, finalmente López logró rescatar a Oil Combustibles de la liquidación final, gracias a la AFIP. La empresa junto con la moratoria fiscal había ingresado en un proceso que se llama levantamiento de la quiebra por avenimiento. Esa figura implica la conformidad de todos los acreedores para encontrar otra forma de saldar las deudas.

La AFIP que dirige Mercedes Marcó del Pont -principal acreedor de Oil- dio su conformidad clave, y así junto con la de los demás acreedores, el empresario K logró evitar que se liquide a su compañía. 

La AFIP anunció que desistía de acusar en el juicio contra el empresario K. Foto: Luciano Thieberger.

Fue el 8 de septiembre pasado cuando la AFIP concedió dos planes de pago a Cristóbal López en el marco del mismo proceso. El primer plan para cancelar la multimillonaria deuda generada por la petrolera es de 49 cuotas, por un total de 628.582.546,27 pesos, y se empezó a pagar el 8 de septiembre. Al día siguiente, el 9 de septiembre, la AFIP informó que desistía de acusar a Cristóbal López, a Fabián De Sousa y a Ricardo Echegaray en el juicio por la defraudación al Estado. Además, se firmó otro plan de 97 cuotas por un total de 12.055.278.292,52 pesos. En total, el empresario deberá pagar al Estado más de 12.000 mil millones de pesos.

Uno de los beneficios de estos planes es que la tasa de interés está muy por debajo de la inflación anual. En el caso de Oil Combustibles será del 2,84% mensual, lo que anualizado, oscilaría en un 30% anual. Según datos oficiales la inflación supera el 50% interanual.

Parte de la obra en la Ruta Nacional 3 abandonada por CPC SA. Fotos Emmanuel Fernández.

Otra buena noticia llegó para el empresario K el 10 de septiembre: la Dirección Nacional de Vialidad le adjudicó a su firma CPC SA una obra sobre la Ruta 3 en la Patagonia por 427 millones de pesos.

Lo llamativo es que le dieron un contrato para el mantenimiento y bacheo sobre un tramo de una ruta que la misma empresa CPC SA dejó inconclusa en 2017, cuando por “abandono de obra” e “incumplimiento de los plazos de obra”, la gestión macrista rescindió el contrato.

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