cristina-se-doblega-ante-los-gobernadoresEconomía 

Cristina se doblega ante los gobernadores

El complejo debate sobre el manejo de los planes para pobres encierra una simpleza: el esfuerzo del peronismo por alcanzar algún punto de convergencia para equilibrar el plano inclinado que lo lleva a una derrota electoral el año que viene. Este escenario pesimista lo fogonea el peronismo del AMBA por boca de Cristina de Kirchner. Ella repite en público y en privado que el gobierno de Alberto Fernández ha fracasado en la gestión y que el emblema un acuerdo ruinoso con el FMI.

El peronismo tiene heridas dos de las tres patas de cualquier proyecto político: el liderazgo y el programa. Sigue discutiendo quién manda: Alberto, Cristina, Massa o la liga de gobernadores del interior. También discute qué receta puede sacar a la economía del pozo: si la de Guzmán o el proyecto autárquico de vivir con lo nuestro.

La tercera pata es la territorialidad del peronismo, herido en las elecciones de noviembre del año pasado, pero en cuya reconstrucción confían todos. La recuperación de la territorialidad es lo que está detrás de un acuerdo objetivo (el primero de este ciclo) entre el peronismo federal y el peronismo del AMBA.

Ausencias y presencias que marcan la cancha

El relato oficial pone a Cristina como dueña del planteo de sacarle a las organizaciones sociales el manejo de los planes para pobres. En realidad, es una respuesta a la demanda de los gobernadores que buscan mostrar “poder en serio”, cuando reclaman “alternativas para federalizar las políticas, que permitan transformar los planes sociales en trabajo genuino y digno”.

Lo dijeron mucho antes que Cristina. Es un párrafo del documento que firmaron el 11 de junio los gobernadores con el título “Por más federalismo y unidad nacional”. Fue dos semanas antes del rap anti-Olivos de Cristina. Lo repitieron este viernes en la cumbre fundacional en Resistencia, Chaco.

En el grupo hubo ausencias y presencias que marcan la cancha. El Covid justificó la distancia de grandes distritos como Córdoba y Santa Fe. Daniel Scioli y Wado de Pedro, aunque pertenecen al Comité de la Hidrovía (pretexto de la cita), evitaron estar en la convocatoria ampliada a los peronistas del resto del país que se acercaron al almuerzo sin radicales.

El AMBA lo tuvo a Axel Kicillof – “El petiso” como lo llaman con cariño sus colegas del interior –, como interventor en nombre de Cristina, en una liga que nació para pelearse con el AMBA.

Para los gobernadores de interior– gerentes del país normal – los subsidios a los pobres a través de las organizaciones son otros privilegios salvajes y unitarios que deben federalizarse, como los subsidios al transporte, la energía, el agua, a la seguridad del conurbano. También son un subsidio a la industria del infotainment que se conecta en cadena nacional todos los días para mostrarle al país los piquetes de unos centenares de manifestantes rentados en torno al Obelisco, que se van a la casa cuando se termina en horario de trabajo los movileros, cantando “¡Aguante la ficción!”.

Peronismo de convergencia y un centro al centro

Importa retener la secuencia para entender que de nuevo la liga de gobernadores la arrastra a Cristina a buscar un entendimiento que le mejore su perfil. La liga de gobernadores ya la desplazó de la candidatura a presidente en 2019, y en 2023 vuelve a presionar con la amenaza de desentenderse del destino del peronismo nacional, desacoplando las fechas locales de la presidencial, o jugando de nuevo a la lista corta.

A Cristina no le cuesta mucho buscar este entendimiento. Le basta con repetir que “El Estado Nacional debe recuperar el control y la auditoría de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”, para abrir una vía de convergencia entre el peronismo del AMBA y el peronismo federal. De paso, es un centro al centro, porque halaga al público de los grandes distritos, que no vota peronismo y sostiene la fuerza de Juntos por el Cambio. Las partes saben que un peronismo dividido es un regalo a la oposición que, en el segmento mayoritario de Juntos por el Cambio, aumenta el porcentaje de votos de elección en elección.

Esa oposición tampoco ha perdido poder en el Congreso. Manteniendo la integridad de los bloques, ha pasado a dominar la agenda legislativa. El próximo 30 de junio, se prevé el debate en Diputados de la reforma de la ley de alquileres, sobre un proyecto de mayoría del oficialismo, que tuvo los votos en el plenario de comisiones pero que puede perderlos en el recinto.

Bendita herencia recibida

Tampoco se trata de un giro en la agenda del peronismo sobre los planes sociales. El esquema de ayuda a los pobres es vicario de las leyes que negoció el gobierno de Cambiemos con las organizaciones sociales – la 27.345 de Emergencia Social y Economía Popular, de diciembre de 2016, y la 27.453 o Ley de Villas (Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana), de octubre de 2018. Estas normas fueron inspiradas por las organizaciones de lo que se llamaba el “tridente cayetano” – CTEP, Barrios de Pie, CCC – que respondían al mandato del papa Francisco a través de Juan Grabois.

Se aprobaron casi por unanimidad en las dos cámaras y los proyectos fueron firmados por los jefes legislativos de Cambiemos: Mario Negri, Elisa Carrió y Nicolás Massot. La presión vaticana se impuso sobre las dos corrientes que se oponían a ese entendimiento, que eran el sindicalismo y el PJ de intendentes y gobernadores.

La resistencia de estos dos sectores es obvia. Las organizaciones sociales funcionan como cámaras que aglutinan gremios constituidos como cooperativas. Los gobiernos de Macri y de los Fernández han limitado su acceso a la personería, que les permitiría mojar en el opulento mundo de las obras sociales o negociar en mesas paritarias.

Los caciques sindicales temen que el poder de movilización de las organizaciones, en un país en donde hay un 30% de sindicalización, pueda desplazarlos si les abren las puertas. Hoy las organizaciones de la economía popular tienen un reconocimiento formal en las leyes de villas, en el fondeo que alcanzaron en la ley de impuesto a las grandes fortunas, y en el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica, creado por el Ministerio de Trabajo por la Resolución 118/21.

El peronismo vs. las organizaciones

El otro frente crítico han sido los gobernadores y los intendentes del peronismo, que han visto debilitado su poder territorial por la tarea de las organizaciones. Intentaron oponerse a la sanción de las leyes, pero no lograron más que algunos votos en contra en el Senado a la Ley de villas.

Grabois debió presionarlos: en junio de 2018 – fecha de la sanción de esa ley – se entrevistó con senadores del peronismo que se oponían a esa quita de fondos, que los territoriales perdían en mano de las organizaciones. Es interesante recorrer el debate en el Congreso de esta norma que transcurrió en sordina. Las organizaciones pidieron que no escalase el debate, porque enardecía a intendentes y gobernadores. El proyecto avanzó en silencio, casi en secreto.

Era un entendimiento entre oficialismo y oposición – algo intolerable para los intolerantes – que forzaba a la discreción. Felipe Solá, uno de los fogoneros del proyecto en el Congreso, junto a Massot, Leonardo Grosso (movimiento Evita) y otros, decía “es muy difícil que algún diputado – salvo alguien que tuviera alguna relación muy especial con la ministra de Desarrollo Social – supiera que se estaba haciendo este trabajo, que fue deliberadamente silencioso”.

Mayra Mendoza, entonces diputada, reconoció: “los promotores de las organizaciones nos decían: saquen rápido esta ley y no la compliquen, porque tememos mucho lo que pasa en este edificio y en la otra mitad del edificio – en el Senado -, y tenemos miedo de que nos cambien todo o no salga nunca, o salga mal y tarde”.

El precio de la paz en las calles

El estudio más solvente de estas cuestiones es el elaborado por el sacerdote jesuita y sociólogo Rodrigo Zarazaga en colaboración con Andrés Schipani y Lara Forlino. Afirma que el crecimiento de las ayudas a los pobres a través las cooperativas dio un salto significativo durante el gobierno de Macri.

“Mientras Cristina Fernández de Kirchner – detalla el estudio – dejó su mandato en 2015 con 253.939 beneficiarios de este tipo de planes sociales, Mauricio Macri finalizó su mandato en 2019 con 641.762 beneficiarios de planes de cooperativas (esto es, dos veces y media la cantidad de planes que dejó Cristina Fernández de Kirchner en 2015).

Para septiembre de 2021, el gobierno de Alberto Fernández tenía 1.223.537 de beneficiarios de planes de cooperativas (cinco veces la cantidad de planes que dejó Cristina Fernández de Kirchner, y un 91% más que los que dejó Mauricio Macri”.

La explicación es la supervivencia política. Reconoce el documento que “La relevancia de los planes de cooperativas en la agenda social del gobierno de Mauricio Macri se debe centralmente a que este gobierno necesitaba negociar con los movimientos sociales que los administran, para preservar la paz social en las calles” (“Mapa de las Políticas Sociales en la Argentina. Aportes para un sistema de protección social más justo y eficiente. Buenos Aires: CIAS + Fundar, 2021). Esta es la clave de la fuerza de las organizaciones: tienen un mandato del papa Francisco de no promover el desorden social. Ha funcionado bajo el gobierno de Macri, cuando las organizaciones cayetanas desplazaron a los piqueteros de izquierda del control de la calle.

Territoriales vs. las organizaciones

La crispación del debate es una prueba de templanza. Grabois agita el teclado y disparó un misil con un pliego de acusaciones hacia Martín Insaurralde, el jefe del peronismo de los intendentes de Buenos Aires, a quien quiere halagar Cristina con su reclamo de “des tercerización”: “Querido @minsaurralde: la tradición intendentil argentina es ejemplo mundial de transparencia, trabajo honrado y lucha contra el clientelismo. Nunca una coima, nunca un puntero, nunca una zona liberada ni un narco.”

Tampoco rompe Grabois los vasos comunicantes con un sector del gabinete como es Wado de Pedro. Mantiene el compromiso de viajar con el ministro del Interior dos veces por mes para presentar juntos el PDHI – Plan de Desarrollo Humano Integral. Es una versión ampliada del Plan San Martín, que Grabois presentó al gobierno en 2019.

Consiste en un programa plurianual de gobierno que contiene, entre otras cosas, el establecimiento de un salario básico Universal que cobrarían todos los desposeídos de salario, trabajo o plan de asistencia. Supone un imposible: que se unifiquen todos los programas de ayuda que hoy tiene el Estado en todos los niveles – y la plata va a sobrar.

No ha nacido aún el gobernador ni el intendente que vaya a ceder ese mecanismo de mediación política que son las dádivas. Manejar las cajas justifica, para muchos, los padecimientos del poder. En la Argentina el clientelismo es uno de los motores de la actividad política, aunque sea un mecanismo que alimenta fantasías, como todas que se basan sobre la creencia improbable de que la gente vota por el bolsillo.

La batalla del conurbano

Lo que hace el peronismo de estos días es revisar la historia a la luz de las amenazas de división. Cristina aporta este giro hacia la posición de los gobernadores e intendentes, que señalan al movimiento Evita como el principal respaldo del tóxico Alberto Fernández.

Opta por habilitar la transferencia de planes de las organizaciones hacia los intendentes de Buenos Aires, que recuperan así el poder territorial que habían perdido. Es un reconocimiento, además, al fracaso del cristinismo bonaerense – mal llamado La Cámpora – en la pelea por los espacios. Y es una manera de responder, quemando naves, a la estrategia de la oposición de Cambiemos, de batir el parche en el conurbano.

La hipótesis de la campaña es que si Cambiemos alcanza una intención de voto de más del 30% en el conurbano, mejora definitivamente su chance de ganar las presidenciales. Ese contorno del AMBA es donde más votos perdió el Frente de Todos en noviembre pasado. Ahí es donde reaparece Mauricio Macri, que reduce la ponderación negativa que tenía hasta este año.

Sale a respaldar a todos los candidatos de su fuerza. Lo hizo con Néstor Grindetti y Cristian Ritondo, lo iba a hacer este fin de semana con Javier Iguacel (se suspendió), y lo hará con Joaquín de la Torre, y con Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta cuando éste regrese de un viaje a Israel y alrededores que emprendió el fin de semana. Que se apuren, porque julio es mes de desbandada: Macri se toma todo el mes en La Angostura y Patricia Bullrich se va a Gran Bretaña, becada para un curso de perfeccionamiento en “políticas públicas”, como si las hubiera privadas.

AQ

TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA

Articulos relacionados