«No vamos a esperar a que el perro esté muerto para sacarlo a pasear». La ironía de un jefe de la primera línea de la CGT intentó explicar el sentido de la decisión de la central obrera de acelerar en su embestida contra el megadecreto y la ley ómnibus de Javier Milei y ponerle fecha en pleno verano al primer paro nacional con movilización contra el gobierno libertario y a solo 18 días del inicio de gestión.
La definición sindical sorprendió cuando, lejos de un clima beligerante, los gremialistas que se habían movilizado 24 horas antes hasta el palacio de Tribunales para pedir a la Justicia la inconstitucionalidad del DNU presidencial derrochaban un espíritu más moderado y abierto a la negociación. Si hasta el duro de Pablo Moyano había pisado el palito aventurando que «en enero y febrero los trabajadores están de vacaciones».
¿Qué cambió en el medio? La presentación en el Congreso de la ley ómnibus del Ejecutivo y en particular la densidad de su contenido, que en la CGT calificaron como un «tsunami descomunal» que se lleva puesto la totalidad de las condiciones socio-laborales vigentes, fue determinante para terminar de romper cualquier voluntad dialoguista y los mensajes de prudencia que dominaban la escena interna de la central. «Vimos una escalada fenomenal del Gobierno que no dejaba ningún margen para negociar nada», se sinceró otro gremialista.
A la par, la percepción de una creciente sensación térmica cada vez más permeable a expresar su malestar contra los efectos de las medidas económicas sobre el bolsillo y las críticas de múltiples sectores a los más diversos cambios impulsados por la megaley y el DNU de Milei activaron la urgencia sindical por pasar a la ofensiva. «Torpeza con los tiempos» y cierto «fervor exagerado de querer llevarse puesto todo», describieron los sindicalistas sus impresiones sobre la avanzada de Milei y su tropa.
Con esos argumentos de fondo, una decena de dirigentes de la mesa chica cegetista se reunió en privado por la mañana de este jueves para definir los lineamientos del plan de lucha que horas después someterían al Comité Central Confederal de la entidad. En esa charla sorprendió la unanimidad en el diagnóstico del escenario como en la táctica a seguir. Pese a la las habituales diferencias que suelen marcar posiciones encontradas entre los distintos sectores de la conducción cegetista, esta vez la postura fue una sola. Y la convocatoria al paro de 12 horas desde el mediodía del 24 de enero con movilización al Congreso se aprobó sin matices luego en el plenario del Confederal. «El enviado del cielo se caga en los trabajadores», acusó Pablo Moyano en la rueda de prensa en la que la CGT comunicó las medidas.
La conversación a puertas cerradas entre los máximos referentes cegetistas avanzó de entrada en la necesidad de articular una respuesta contundente frente al Gobierno. Sumó como un elemento clave en el sendero de esa definición la convicción de que la instancia de diálogo con la administración libertaria está en punto muerto y no hay voluntad del oficialismo de negociar nada del polémico paquete de medidas del Presidente.
La línea abierta previo a la formalización del DNU con el ministro del Interior, Guillermo Francos, quedó sepultada apenas trascendió el contenido de la medida: pese a las promesas del ministro, los gremialistas se anoticiaron por los medios de la profundidad de la reforma laboral impulsada y el fuerte golpe sobre intereses clave del financiamiento de sus organizaciones. Por obvias razones, no volvieron a atenderle el teléfono.
La estrategia del plan de acción de la CGT también fue convenida en sus detalles. A la acción sindical propia, con plenario de seccionales regionales del 10 de enero y el paro con movilización del 24, se definió ampliar la ronda de diálogo político con los bloques del radicalismo, provinciales y hasta el PRO para sumar musculatura para la pelea contra el DNU y la ley ómnibus. Y en paralelo redoblar la presión en los tribunales con la presentación de demandas individuales contra las medidas de Milei por fuera del amparo colectivo que la CGT llevó a la Justicia laboral esta semana y que espera que se acelere una vez que el sábado entre en vigencia el polémico megadecreto.