Javier Milei y Victoria Villarruel han reconocido que la mayor parte del «voto militar» los acompañó en el balotaje del 19 de noviembre con el que lograron acceder al poder. Pero por estas horas hay inquietud en este sector, que incluye a casi 95 mil uniformados en todo el país, porque no está confirmado el pago de las últimas dos cuotas de la denominada «jerarquización salarial» cuya facturación estaba prevista con los sueldos de enero y abril próximo.
Se trata de un incentivo que concedió el anterior gobierno a las FFAA con el objetivo de avanzar en la demorada promesa de una equiparación salarial con las fuerzas de seguridad, que vienen siendo muy aventajadas en sus ingresos respecto del personal militar. Fue así que se pagaron las tres primeras cuotas y restarían cancelarse las dos últimas, de un 10% de aumento cada una cada una, que corren en forma independiente a un eventual incremento paritario.
La jerarquización había sido otorgada por la anterior administración, mediante una resolución firmada por los exministros Jorge Taiana (Defensa) y Sergio Massa (Economía), y comenzó a implementarse en marzo pasado con un primer tramo de aumento del 14%, luego con un segundo tramo que fue de un 14% y por último, un incremento del 12% otorgado durante noviembre.
El problema es que la resolución conjunta de los haberes de las fuerzas debía publicarse antes de este domingo para así disponer de la primera de las cuotas extras adeudadas. Algunas fuentes consultadas atribuyen las demoras en el que aún no han sido nombrados los funcionarios «con firma». Pero también prima el temor a que esos bonos puedan ser blanco de la «motosierra libertaria» que busca ordenar las cuentas públicas y achicar el gasto.
Los uniformados de las fuerzas de seguridad federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria) ganan hasta un 70% más que sus pares de las FFAA. En momentos en que el fogonazo inflacionario pega de lleno en los bolsillos, la indefinición de los pagos de estos incrementos genera malestar entre la oficialidad.
No sólo el personal de las tres fuerzas está incluido en el plan de «jerarquización salarial» sino también aquél que reviste en Casa Militar, el organismo que en los papeles depende de Secretaría General y está destinado al cuidado del presidente Javier Milei.
En el Ministerio de Defensa, con todo, prima el hermetismo. El ministro Luis Petri habría hecho gestiones ante las autoridades del Palacio de Hacienda y de Jefatura de Gabinete para tener una certidumbre de los citados pagos. Si bien en privado se desliza que la intención es «cumplir con el esquema previsto», se admite que «por ahora no hay respuestas» que confirmen que los pagos se realicen en tiempo y forma.
En el organismo conducido por Nicolás Posse se acumulan los pedidos de giros de recursos: en los últimos días llegó a manos del subsecretario de Evaluación Presupuestaria, Enrique Pinedo -hermano de Federico, que en breve asumirá en una secretaría de Cancillería- el reclamo de ampliación presupuestaria de la Corte Suprema para el funcionamiento de la Justicia en 2024. También en el 4° piso del Palacio de Tribunales estas demoras generan malestar.
Volviendo a los círculos militares, también causó sorpresa el contenido de la ley Omnibus enviada el miércoles a la Cámara de Diputados: incluye al personal militar en el «Fondo de reconversión laboral» al que irían los empleados de las firmas a privatizar. El proyecto incluye a empresas como Fabricaciones Militares, por caso. Y también causó cierta inquietud las atribuciones que reclama el Ejecutivo para modificar leyes de defensa, seguridad e inteligencia.
El pasado jueves se avanzó en la designación de autoridades de Defensa: el teniente general retirado Claudio Pasquallini asumirá como secretario de Estrategia y Asuntos Militares y el licenciado Carlos Becker Fioretti, como jefe de gabinete de asesores, entre otros puestos confirmados.