jueves, 25 julio, 2024
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Axel Kicillof recibió el 42% de todas las partidas especiales que entregó Sergio Massa

Entre los técnicos que asisten al gobernador Axel Kicillof todavía no tienen claro cuál es el impacto real que tendrá en las arcas bonaerenses, el recorte que Javier Milei tiene previsto aplicar en la distribución de fondos discrecionales a las Provincias. Se sabe que esas partidas son la variante de ajuste para reemplazar el bloque impositivo que quedó afuera de la Ley Omnibus. Pero no está clara la dimensión del hachazo sobre las cuentas de Buenos Aires.

“Antes de exponer nuestra postura tenemos que mirar los detalles. Por ahora es sólo un anuncio. No tenemos precisiones. Tampoco sabemos si la intención es desconocer los pactos fiscales que están vigentes”, dijo un colaborador de Kicillof a Clarín.

El distrito gobernado por Kicillof fue el más beneficiado en la distribución de recursos por fuera de la coparticipación en 2023. Según datos publicados por el Ministerio de Economía, recibió el 42% de esas partidas. Fueron poco más de 791 mil millones de pesos en un año que ingresaron al tesoro provincial, más 122 mil asignados de manera directa a los municipios.

Dentro de ese enorme volumen de dinero, hay partidas que no se pueden modificar por decreto o resolución ministerial: Fondo de Fortalecimiento Fiscal (se enviaron 242 mil millones) o el Fondo de Incentivo Docente (107 mil millones anuales). Tienen el respaldo de una ley o un pacto previo, como el caso del acuerdo fiscal que rubricó Mauricio Macri en 2017 con todas las provincias.

Pero hay otros envíos que quedan a criterio de las autoridades nacionales. Y esas son los que Milei y el ministro Luis Caputo podrían apelar para alcanzar el déficit cero que proponen como meta para el ordenamiento de la economía en 2024.

Ese recorrido tuvo un obstáculo y un cambio de ruta. Porque el Gobierno tuvo que ceder a la presión de sectores dialoguistas de la oposición y de los gobernadores: dejó fuera de la discusión el capítulo impositivo de la “mega ley” a cambio de votos claves para sacar adelante el proyecto en el Congreso.

Sin la posibilidad de contar con nuevas herramientas impositivas para mejorar la recaudación, la opción es amputar gastos y uno de los renglones es el de los recursos discrecionales que se envían a las jurisdicciones provinciales.

¿Cuánto recibió Buenos Aires de ese dinero a sola firma durante la gestión de Alberto Fernández?. Según los cálculos que hacen en la Legislatura provincial, serían $400 mil millones. Llegaron como parte de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN); Asistencia Financiera a las Provincias, Financiamiento del Déficit de la Caja de Previsión Social y otros renglones del área de obras públicas. “De esto, en 2024 no llegará ni un peso”, es la especulación de un asesor económico que conoce el diseño de los ingresos y egresos de las arcas provinciales.

En un Presupuesto que en 2023 terminó cerca de los 9 billones de pesos (ejecutado) y que será la base del que se aplicará en este año (porque no se presentó una nueva ley, igual que en Nación) ese número representa casi el 5% del total de recursos. El ejercicio fiscal que terminó el 31 de diciembre, mostró un déficito de casi 500 mil millones de pesos. “Hoy, entre esa diferencia de ingresos y los 400 mil millones que no van a entrar, Kicillof tendría un rojo fiscal de casi 1 billón de pesos”, explicaron en La Plata.

Puesto en otros términos, representarían los recursos que la provincia requiere para pagar dos meses del sueldo de los agentes de la administración pública. Buenos Aires tiene casi 600 mil estatales (con docentes, policías, salud y administrativos en general). Un dato que maneja la oposición revela que serían 100 mil más que hace cuatro años.

El gobernador tendría ante este escenario restrictivo dos opciones que por ahora no están en su hoja de ruta: achicar los gastos o reducir de manera drástica el número de empleados públicos. La renuencia a adoptar estas salidas forma parte del proceso de diferenciación con la gestión nacional que adoptó Kicillof desde que empezó el gobierno libertario.

Sin embargo, sí estaría dispuesto a acompañar en parte los ajustes en servicios públicos. Está decidida la aplicación de aumentos en las tarifas de luz, gas, transporte y peajes que administra la provincia. Aunque serían de un porcentaje menor al proyectado por los concesionarios que tienen contrato con la Nación. Sería otro punto de diferenciación con la Casa Rosada.

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