300 páginas y 664 artículos tenía la “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, conocida como la ley ómnibus, cuando llegó al Congreso por primera vez. Hoy, luego de extenuantes negociaciones con opositores dialoguistas y gobernadores provinciales, todo bajo un clima de tensión con fuertes manifestaciones en la calle y represión policial, consiguió su aprobación general en Diputados con menos de la mitad de sus artículos originales. Aún así, el camino es largo y la batalla no ha terminado. El Gobierno deberá continuar el debate con la oposición amiga para la votación particular, que irá artículo por artículo, el próximo martes.
Las instancias de negociación pueden dividirse en tres etapas, que comenzaron el viernes pasado luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la quita del capítulo fiscal de la ley. Desde entonces, hubo debates previos y durante la sesión -que se coronó como la más larga registrada en Diputados- que giraron en torno a la privatización de empresas públicas, la delegación de facultades legislativas, el impuesto PAIS, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la actualización jubilatoria, y más. Hasta este momento no hay una definición clara respecto a qué ocurrirá, pero se espera que tras la aprobación general de esta semana, se llegue al debate de cuestiones particulares de la ley el martes que viene.
Caputo anunció el viernes pasado que quitaría el capítulo fiscal de la ley ante la falta de apoyo de los gobernadores y la oposición dialoguista. Esto fue a menos de una semana que se comenzara a debatirse la “Ley de Bases” en la Cámara de Diputados, cuya sesión tuvo fecha de inicio este miércoles.
Dentro de este capítulo fiscal, se encontraban la actualización de la fórmula jubilatoria, la suba de retenciones agropecuarias e industriales, el blanqueo, la moratoria previsional y el adelanto de Bienes Personales. Aunque no formaba parte de la ley, el ministro anunció también que dejaban el debate alrededor del Impuesto a las Ganancias para más adelante.
Sobre actualización jubilatoria, la ley buscaba suspender la fórmula actual y pasar a realizar aumentos por decreto. Esto consistía en subas periódicas y automáticas por decreto teniendo en cuenta “criterios de equidad y sustentabilidad económica”. Aún así, a pesar de los intentos de negociar -la oposición dialoguista llegó a proponer una fórmula alternativa de incrementos mensuales atados a la evolución de la inflación según la última medición del INDEC-, el Gobierno tuvo que conformarse con sostener la fórmula actual hasta retomar el debate.
La actualización jubilatoria fue una de las cuestiones más polémicas junto con la suba de retenciones al campo, algo que afectó de lleno a las provincias y tuvo el rechazo de gran cantidad de gobernadores. La ley proponía que aquellos productos que hoy no pagaban derechos de exportación pasen a tener una alícuota del 15%, incluidos aquellos de las economías regionales cuyo porcentaje había bajado a cero. Los gobernadores se opusieron a un Milei que previamente había afirmado que no aumentaría retenciones y advirtieron que no acompañarían la ley si no cedía no solo en ese punto, sino también en las subas sobre otros productos como la soja, el maíz, las exportaciones industriales y biocombustibles.
En el capítulo fiscal también se encontraba el blanqueo de capitales, que determinaba que se podrían regularizar hasta US$100.000 en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos, y la moratoria previsional, que planteaba un nuevo régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social donde se condonaban el 50%, 30% y 10% de los intereses resarcitorios y punitorios. Además, incluía la modificación del Impuesto a los Bienes Personales a través de la eliminación del diferencial de alícuotas por tener activos en el exterior.
La previa a la sesión: facultades, sistema electoral y FGS
El Gobierno llegó a la sesión sin su capítulo fiscal y económico y con un total de 386 artículos a debatir, es decir, 278 menos que el proyecto original. Antes de que comenzara el debate parlamentario se habían modificado varios artículos claves para el Gobierno, entre ellos, la delegación de facultades legislativas. De las 11 emergencias iniciales, se descartaron la social y la de defensa. Para ese momento, se mantenían en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, energética, administrativa y tarifaria. Además, el plazo de la delegación será de un año con posibilidad de prorrogarlo a uno más con el visto bueno del Congreso. Esto difiere del proyecto original, que planteaba dos años de emergencia con chance de que el Ejecutivo prorrogue dos más.
Se eliminó lo concerniente a la reforma del sistema electoral. Entre los puntos más destacables se encontraban el financiamiento de partidos y las campañas electorales -a través de la derogación de los montos máximos de los aportes que pueden recibir los frentes políticos, la eliminación de desembolsos del Estado para que las coaliciones impriman boletas y de la distribución de los espacios de publicidad electoral- y la eliminación de las PASO. Además, establecía la modificación de las elecciones a diputados nacionales para que sean por circunscripciones uninominales y de esa manera evitar las “listas sábana”.
Otra modificación fue sobre los artículos establecían que una reunión de tres personas en un espacio público se consideraba una manifestación y el agravamiento de penas por cortes de calle. Aunque inicialmente esto se incrementó de 3 a 30 personas, finalmente esta sección del articulado fue eliminada.
La cultura y los capítulos sobre biocombustibles e hidrocarburos también fueron reescritos en algunos puntos. En el financiamiento a la cultura se incluye un tope de egresos del 20% sobre el total de recursos percibidos para el Instituto Nacional de la Música (INA), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y el Fondo Nacional de las Artes. Aunque esto se mantiene, desde el FNA acercarán una propuesta al Gobierno. También establecen una limitación de los subsidios estatales al Incaa.
La política federal de hidrocarburos se veía afectada por la ley ómnibus principalmente alrededor del dominio de las provincias sobre sus recursos naturales. Aún así, tras un comunicado de los gobernadores de la Patagonia, el Gobierno parecería haber accedido a modificar los puntos alrededor de las autoridades de aplicación de las provincias. Sobre biocombustibles, los cambios eran sobre los cortes obligatorios. Luego de negociaciones con las provincias, buscarán subir el piso de corte gradualmente para que llegue a un 15% en el biodiesel y entre un 18% y 27% para el bioetanol
Además, en los minutos previos a la sesión, el secretario parlamentario anunció la eliminación del artículo relacionado con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Este declaraba la transferencia de activos del FGS del ANSES al Tesoro y pedía que el traspaso compense los pasivos de las provincias con ANSES y que, además, sea coparticipable. Es decir, que los flujos hagan frente a las compensaciones anuales de las cajas jubilatorias de las provincias no transferidas al organismo. Aunque se eliminó este artículo, el Gobierno todavía considera su reincorporación tras la sesión.
Entre otras modificaciones, se eliminaron los cambios al Régimen Federal de Pesca, la modificación de los fondos fiduciarios de zonas frías, los cambios en el financiamiento en las leyes de Bosques Nativos y Glaciares.
A pesar de los cambios ya mencionados, el oficialismo llegó a la sesión con el resto del articulado casi intacto en materia educativa, de cultura y seguridad. Aún así, lo que colmó las negociaciones en el pleno debate de recinto, que llevó tres días de tratamiento, fueron la delegación de facultades, las privatizaciones, el impuesto PAIS y las atribuciones para tomar deuda externa.
Por ahora se acordó la eliminación de dos emergencias más, la previsional y la sanitaria, pero sobreviven aquellas económica, financiera, tarifaria, energética, fiscal y administrativa. Aún así, la negociación sigue. En la UCR, Facundo Manes y Pablo Juliano se resistían a otorgar la delegación de facultades y finalmente mostraron su rechazo cuando su voto fue negativo, diferenciándose del resto de su bloque. Los patagónicos, mientras tanto, se rehúsan a brindar la emergencia tarifaria y energética por miedo a que se modifique el subsidio energético a las Zonas Frías.
Sobre el impuesto PAIS -que sirve para calcular el dólar ahorro, tarjeta y turista y permite que el contribuyente obtenga un reintegro de AFIP-, los diputados cordobeses presionaron en la sesión a pedido del gobernador Martín Llaryora para que se vuelva coparticipable al menos en un 30%. Aún así, las tratativas ya venían desde la reunión de la semana pasada entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, y los gobernadores, donde se había hablado de distribuir el tributo entre las provincias. El vocero presidencial, Manuel Adorni, y la Oficina del Presidente habían desmentido tal negociación. La cuestión se mantiene como una incógnita.
Las privatizaciones, en cambio, sufrieron modificaciones claves tras las charlas con la UCR y el bloque de Pichetto. Aunque inicialmente el listado estaba conformado por 41 empresas, se cree que este se redujo a 27 y que YPF fue excluida, mientras que Arsat, Nucleoeléctrica y Banco Nación se convertirían en sociedades mixtas. Además, la oposición reclama por un mecanismo de control parlamentario que evite que el Ejecutivo privatice a su deseo.
Salvo por PRO, todos los bloques parecen reacios a aceptar la propuesta alrededor de la deuda pública. El proyecto propone la derogación del artículo 1° de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y, por ende, liberar al Ejecutivo de la aprobación del Congreso para tomar deuda: la ley establece un porcentaje máximo para la emisión de deuda externa en el Presupuesto.
Aún así, las tratativas entre el oficialismo y la oposición amiga continúan, y el clima del diálogo puede cambiar de un minuto a otro. En este sentido es que la espera hasta el martes parece eterna.