domingo, 19 mayo, 2024
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Nada que festejar

El 3 de abril del 2013, Cristina Fernández de Kirchner promulgó la ley de Trabajo en Casas Particulares. Hasta ese momento, las trabajadoras de casas particulares en Argentina no tenían derechos laborales: su actividad no estaba alcanzada ni siquiera por el artículo 14 bis de la Constitución. A pesar de ese avance en 2024, a once años de la legislación de la ley, las trabajadores de Casas Particulares no tienen nada que festejar. El 73,1 por ciento no se encuentra registrada, y cobran sueldos apenas por encima de la linea de pobreza. El escenario es aún más sombrío con el gobierno de Javier Milei, que en cuatro meses desarmó las principales políticas dirigidas al sector y licuó 35 puntos el poder adquisitivo de las trabajadoras. 

«Nuestro rubro es el más desvalorizado», responde a PáginaI12 Angela Dominguez, que trabaja desde los doce años como empleada en casas de familia, ante la pregunta acerca de la situación de las trabajadoras de casas particulares en su día, «te descartan como quieren, te usan y después buscan a las que cobran menos y pueden dominar».

De esta manera, Angela resume la situación de un colectivo laboral de más de un millón de trabajadoras casi íntegramente conformado por mujeres (97,1 por ciento, representa a la tercera rama de ocupación entre los empleos de las mujeres, después del comercio y la enseñanza. ), de una condición socio- económica y cultural muy baja, ya que el 65 por ciento no finalizó la educación secundaria, relativamente envejecido (el 65 por ciento son mayores de 40 años), y con una importante presencia de migrantes (15 por ciento son extranjeras y 50 por ciento son migrantes internas). 

De acuerdo a la última información disponible de la Encuesta Permanente de Hogares para el tercer trimestre del 2023, el 73,1 por ciento de las trabajadoras lo hacen de manera informal, por lo cual ven limitado su acceso a los derechos laborales y a la protección social. Este hecho no es exclusivo de Argentina: alrededor de la mitad de las trabajadoras de casas particulares a nivel mundial no tienen ninguna cobertura legal. «La inaceptable discriminación legal a la que son sometidas obedece a cuestiones de género, condición social, nivel educativo, grupo etario y nacionalidad», explica Matías Isequilla, abogado laboralista y asesor legal de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Afines (ATHA). 

Trabajadoras pobres

Tomando el último aumento establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (del 35 por ciento en dos tramos, 20 por ciento en febrero y 15 por ciento en marzo), el salario mensual de una persona contratada para «tareas generales» es decir limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar a la que pertenece la enorme mayoría de las trabajadoras (75 por ciento aproximadamente) por una jornada completa de 48 horas semanales, asciende a 240.000 pesos. El monto apenas cubre los ingresos necesarios que debe tener una persona para no ser considerada pobre, que para febrero fue de 223.593 pesos según el Indec.

«Si bien históricamente el sueldo de las trabajadoras del sector es muy bajo; apenas arriba del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en 2023 el retraso frente a la inflación fue del 57 por ciento», explica Isequilla. En efecto durante 2023 el aumento salarial del sector fue de 154 por ciento, por debajo de la inflación anual que se ubicó en 211,4 por ciento. «El aumento a marzo 2024 debería haber sido al menos del 100 por ciento para no quedar por detrás de la inflación de 2023 y la acumulada en 2024 entre enero y marzo. Desde diciembre, mes que asumió Javier Milei, la pérdida de poder adquisitivo ya suma 35 por ciento en apenas cuatro meses». 

De mal en peor

Desde el 2005, el Estado hizo esfuerzos por ampliar derechos y proteger a la trabajadoras. Primero fue la sanción de la Ley 26.063 a fines del 2005, que estableció el beneficio económico de deducir tanto el salario como los aportes del impuesto a las ganancias de las personas empleadoras, y generó un crecimiento en la registración en torno a los diez puntos porcentuales en los dos años siguientes.

En 2013, la Ley 26.844 “Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares” reguló los derechos laborales de todas las trabajadoras de casas particulares, y le dio nombre a su día el 3 de abril. 

En 2015 se puso en marcha la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), un órgano de negociación conformado por los sindicatos del sector, las organizaciones que representan al sector empleador y el Poder Ejecutivo, que tiene atribuciones para negociar salarios y condiciones de trabajo. El 28 de septiembre de 2021, luego de que la pandemia impacte muy negativamente en los puestos de trabajo del sector, el gobierno lanzó Registradas, que otorgaba beneficios a las familias que registraran a sus empleadas. A noviembre de 2023, fueron formalizadas más de 46 mil trabajadoras, muchas de las cuales accedieron por primera vez a una cuenta sueldo y pudieron ingresar de esta manera al sistema financiero. 

Los esfuerzos, sin embargo, no fueron suficientes: «Desde la sanción de la ley 26.844, pasamos a ser reconocida como trabajadoras de manera formal», recuerda Matilde ante PáginaI12, «pero lamentablemente la sanción de la ley no modificó en esencia la situación que atraviesa nuestro rubro, porque todavía hay más de un millón de compañeras trabajando en situación de informalidad, con un salario de indigencia, cumpliendo un horario laboral larguísimo».

El efecto Milei 

Además del efecto licuación de ingresos que provocó la escalada inflacionaria que acumula un 70 por ciento desde que asumió Javier Milei, el gobierno derogó el programa Registradas, así como las multas por no registrar a las trabajadoras. 

«Los resultados de un monitoreo integral que desarrollamos para conocer qué sucedió con las políticas para el sector en los tres primeros meses de gestión de Javier Milei, resultaron que 21 de las 43 políticas de cuidado que identificamos fueron desarmadas (por derogación o completa subejecución), 15 están en estado de alerta por inacción o falta de información y solo 7 se mantienen plenamente vigentes», asegura Lucía Cirmi autora del libro “Economía para Sostener la vida”, ex Subsecretaria de políticas de igualdad, integrante de Paridad en la Macro y Futuros Mejores..

«Las políticas de formación, formalización y remuneración de las trabajadoras del cuidado están siendo borradas», continúa, «las personas que se desempeñan en casas particulares (aunque lograron un aumento vía la Comisión de Casas Particulares) ya no cuentan con el programa Registradas (del que se interrumpieron pagos a titulares vigentes) ni con multa alguna que castigue a los empleadores que no formalizan. El Potenciar Cuidados, del que eran parte 143.000 cuidadoras comunitarias, también está en desarme». «En la nueva visión del programa, tales cuidadoras estarían en la dimensión «no productiva», como si la economía del cuidado no fuese un sector,» concluyó.

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