Tal y como había anticipado el presidente Javier Milei, el Gobierno vetó de forma total la ley de movilidad jubilatoria«>ley de movilidad jubilatoria. A través del decreto 782/2024, publicado en la madrugada del lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto el proyecto de la oposición que había sido aprobado por ambas Cámaras del Congreso.
El veto ya había sido firmado por Milei el fin de semana, luego de reunirse con diferentes diputados de La Libertad Avanza (LLA) en Casa Rosada, y se esperaba que este lunes quedara publicado en el Boletín Oficial, como finalmente ocurrió. La misma, lleva además la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Capital humano, Sandra Pettovello; el ministro de Economía, Luis Caputo; la Canciller, Diana Mondino; el ministro de Defensa, Luis Petri; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Salud, Mario Russo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Entre los considerandos de la norma para justificar el veto, el Gobierno hizo hincapié en el gasto extra que implicaría para las arcas estatales la implementación de la ley. En suma, indicó que se traduciría en un gasto que no estaba proyectado en el Presupuesto de este año de alrededor de $6.160.000.000.000 para 2024 y de $15.430.000.000.000 para 2025.
“La administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración”, explica la norma y agrega: “La economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”.
En ese sentido, advierten que “de dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina , ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”.
Asimismo destaca que “el proyecto de ley sancionado padece graves deficiencias técnicas y operativas que ponen de relieve su manifiesta irrazonabilidad y las serias dificultades que presentaría su implementación” y que se trata de un gasto que “por su efecto acumulativo, se incrementaría año tras año”. “Condena a nuestros jóvenes a más emisión, deuda, inflación y pobreza”, expresó el oficialismo.
Por último, el decreto analiza que “la crisis del sistema previsional argentino no es un fenómeno reciente, sino que lleva décadas sin ser resuelta”, y le achaca esa responsabilidad a los gobiernos anteriores y en especial a la estatización de las AFJP durante la gestión de Cristina Kirchner, mientras que resalta lo establecido en el Pacto de Mayo, firmado en julio por 17 gobernadores y el jefe de Gobierno de CABA, “el cual establece como segundo principio el ‘equilibrio fiscal innegociable’”.
A las pocas horas de haber obtenido la media sanción que le faltaba en la Cámara de Senadores, desde el Ejecutivo no tardaron en manifestar su intención de vetar la medida aprobada por el Poder Legislativo. La través de un comunicado oficial de la Oficina de la Presidencia, el Ejecutivo adelantó: “El Congreso Nacional, en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria“. La publicación se dio en el marco de una reunión en la Quinta de Olivos entre el Presidente y los principales referentes de su equipo económico.
En la tarde del jueves 22 de agosto, la oposición había logrado sancionar por dos tercios del Senado la ley que recomponía en un 8,1% los haberes jubilatorios y que contenía una nueva fórmula de movilidad. Se trataba de una iniciativa que desafiaba el equilibrio fiscal ponderado por la administración de La Libertad Avanza y la cual se ponía a tiro del recurso del veto presidencial, dado que en anteriores discursos el jefe de Estado ya había anticipado que vetaría cualquier ley que fuera en detrimento de esa búsqueda fiscal.
La medida tuvo luz verde de la Cámara alta con 61 votos a favor, ocho negativos y ninguna abstención. Solo fue rechazado por la senadora cordobesa de Pro Carmen Álvarez Rivero y la totalidad de la bancada de senadores de LLA.
LA NACION