El Gobierno oficializó este lunes la reglamentación con los lineamientos del nuevo código aeronáutico por lo que se deberá garantizar la prestación de servicios mínimos.
A través a través del decreto 825/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno aprobó las modificaciones del artículo 2° de la Ley N° 17.285, que califican a la aeronáutica civil aerocomercial como un servicio esencial”.
“Las demoras, cancelaciones o reprogramaciones en los vuelos provocan daños y perjuicios a los pasajeros, ocasionan un grave impacto económico asociado y generan pérdidas económicas considerables para todo el sector aeronáutico y la economía en general”, justificaron en los considerandos del decreto. Y agregaron que “la interrupción de los servicios aéreos provoca de manera directa la falta de conectividad de ciudades y provincias entre sí y con el exterior”.
Por estos, entre otros motivos, justificaron que “resulta legítimo requerir un servicio mínimo en aquellos servicios de importancia trascendental para el país y/o en huelgas en sectores de alta importancia que por su duración o magnitud pueden producir daños irreversibles, poner en peligro la salud o la seguridad pública, o generar consecuencias graves para el país”.
Así lo había anticipado la semana pasada el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “El presidente @JMilei acaba de firmar la reglamentación del artículo 182 del DNU 70/23 con los lineamientos aplicables a la prestación del servicio esencial de aeronáutica civil comercial. Mañana daremos más detalles…”, escribió el funcionario.
Según precisaron fuentes oficiales a LA NACION, la reglamentación fue elaborada entre Sturzenegger y el secretario de Transporte, Franco Mogetta. Con esta decisión, el Gobierno busca limitar el accionar de los sindicatos.
“En esta reglamentación se garantizan los derechos laborales de los trabajadores, pero se persigue evitar la extorsión de los gremialistas. Por ejemplo, se asimilan a un paro las medidas de fuerza que interrumpen los servicios disfrazados de asambleas”, precisa el escrito. Y agrega: “La realización de asambleas de cualquier tipo en ningún caso podrá ser invocada para interrumpir, directa o indirectamente, la prestación normal y regular de la actividad aeronáutica civil aerocomercial, pública o privada, ni, en su caso, el desarrollo normal y regular de los servicios mínimos”.
La norma “prevé medidas para garantizar un nivel mínimo de actividad ante conflictos laborales que puedan interrumpir total o parcialmente las actividades”, había precisado el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
La reglamentación establece que la Secretaría de Trabajo será la autoridad de aplicación para garantizar el cumplimiento de la actividad civil aerocomercial como servicio esencial. “Va a prever la actuación de la Comisión de Garantías, un organismo tripartito que ya existe, para fijar las condiciones de los servicios mínimos que deberán cumplir las partes frente a un conflicto”, había explicado a LA NACION una fuente gubernamental.
Esto sucede en medio del conflicto aeronáutico que afectó a miles de pasajeros. La demandas de los trabajadores están centradas en obtener una recomposición paritaria acorde con la inflación que, según los gremialistas, generó un atraso del 72% en los sueldos desde noviembre del año pasado.
El paro de la semana pasada –la séptima medida de fuerza en menos de un mes– fue anunciado por la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) en conjunto con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y según los cálculos de Aerolíneas Argentinas impactará en cerca de 300 vuelos y podría afectar a entre 27.000 y 30.000 pasajeros.
Días atrás, el secretario general de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, afirmó que luego de semanas de intensas negociaciones no tuvieron más opción que avanzar con las medidas de fuerza ante lo que consideran ofertas salariales insuficientes por parte de Aerolíneas. “No tenemos más opción que llevar adelante estas acciones hasta recibir una oferta adecuada y acorde a la inflación”, declaró Brey, quien destacó que los trabajadores ya habían intentado evitar el conflicto durante las semanas previas.
Según pudo saber LA NACIÓN, instrumentar la esencialidad no será una tarea sencilla y demorará más tiempo de lo que suponen en el Gobierno y anhelan los usuarios de Aerolíneas Argentinas.
Tras oficializarse el decreto, la Secretaría de Trabajo debería convocar a una comisión de garantías para acordar la instrumentación de la medida. La comisión estaría integrada por dos representantes de la compañía (en este caso, Aerolíneas Argentinas), dos representantes sindicales y dos académicos vinculados al derecho laboral.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, ya definió que el experimentado abogado Guillermo Comadira presida la comisión en caso de conformarse. De no alcanzar un acuerdo entre las partes, la Secretaría de Trabajo podría intervenir de manera directa.
LA NACION