En medio de disputas internas por el control de la gestión y los negocios en el sector energético, el gobierno va ingresando en un territorio cada vez más conflictivo, sin planificación sobre la prestación del servicio y con un único objetivo claro pero de poco transparente concreción: la privatización y concentración del sector en un puñado de empresas «amigas» que le sirvan de sostén al deteriorado plan económico.
Después que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, disparara que «el próximo verano se realizarán cortes programados por falta de energía eléctrica», la Secretaría de Energía esbozó un “Programa de Emergencia Verano 2024-2025″ que incluye desde posibles sobrecargos por exceso de consumo, amplio uso de generadores móviles, “swaps” de energía con Brasil y Paraguay y menos provisión a grandes usuarios.
Francos intentó liberar de toda responsabilidad al actual gobierno, culpando a los anteriores de que «no ha habido inversiones durante años». En cambio, en estos últimos diez meses de gestión hubo cambios notables en el sector eléctrico: tarifazos que multiplicaron en hasta diez veces el valor de las facturas para los meses equivalentes del año pasado, anuncios de futuras privatizaciones de empresas públicas del sector que está aletargando la actividad en áreas sensibles del servicio, reducciones de personal y de sueldos en sectores operativos, y paralización de la obra pública a partir de diciembre de 2023 que interrumpió tareas que afectaron también a la oferta eléctrica.
En cambio, jugó a favor de evitar el exceso de la demanda sobre la oferta otro logro clave del gobierno en estos meses: el colapso industrial en diversos sectores y el derrumbe del consumo que se verá reflejado en una fuerte caída de la demanda eléctrica en plantas fabriles, comercios y hogares.
«La política energética del gobierno nacional, que a simple vista parece que careciera de una planificación, deja entrever que su objetivo último es la privatización y concentración del sector energético en un puñado de empresarios con el fin último de maximizar sus ganancias», sostiene Nicolás Malinovsky, director de Oecyt (Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología).
«En estos diez meses vimos aumento de tarifas, leyes que avalan futuras privatizaciones, y ahora el anuncio de cortes programados, que intentan generar un sentido común en la sociedad, como fue a finales del gobierno de Alfonsín, para rematar nuevamente el sector energético».
Argentina pareciera marchar a contramano del mundo en materia energética. En un contexto global de disputa por el control de recursos naturales necesarios para la transición energética, el gobierno impulsa la pérdida de control de espacios en los que se desarrolla el conocimiento tecnológico y las capacidades profesionales para su implementación.
«En el mundo hay una disputa y carrera tecnológica por las fuentes de generación de energía limpia, «, entre las cuales se encuentra la energía nuclear, señala el director de Oetec. «La decisión del presidente Javier Milei de impulsar la privatización de Nucleoeléctrica Argentina SA y otras empresas energéticas (Enarsa, YCF) va a contramano de lo que hoy debe hacer el país y la región en materia energética y de desarrollo de capacidades cientifico-tecnologicas que aporten a un entramado industrial», afirma.
Nucleoeléctrica, o NASA por su sigla, es la empresa encargada de construir y operar las centrales eléctricas. Actualmente son tres: Embalse, Atucha I y Atucha II. Pero estaban proyectadas otras dos, la cuarta y quinta central que se iban a construir en colaboración con China. «Los grandes proyectos nucleares han sido paralizados a partir del gobierno de Mauricio Macri, bajo el objetivo de Estados Unidos de evitar que china ingrese en América latina con inversiones en el sector, pero por otro lado con la intención de desmantelar el sector nuclear argentino», asegura.
«El sector nuclear viene de ocho años de retroceso y el plan actual se inscribe en ese mismo proyecto según el cual la política energética argentina está comandada por el sector petrolero», asegura Malinovsky. Esta última semana, el director de Oetec formó parte de una delegación de expertos en energía nuclear que visitaron al bloque de senadores de Unión por la Patria para advertir los riesgos que supondría la privatización de Nucleoeléctrica y los probables intereses que se ocultan detrás del proyecto.
Las tres centrales nucleares en funcionamiento representan el 4,1 por ciento de la potencia instalada de la matriz eléctrica nacional y el 7 por ciento de la energía generada. «Nucleoeléctrica se ubica entre los principales grupos empresarios de generación de energía eléctrica, con lo cual su privatización aboga al aumento de concentración por parte del sector privado en el segmento de generación de energía eléctrica. Es por ello que privatizar total o parcialmente la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A significa abrir una puerta al desmantelamiento del sector nuclear y la consecuente pérdida de las capacidades desarrolladas», señala el documento que entregaron los expertos a los senadores de la oposición.
El Plan Estratégico de NASA 2021/2030 contemplaba, en sus aspectos centrales, la ingeniería para la extensión de la vida útil de Atucha I (la empresa ya ejecutó un plan similar exitoso para Embalse), asistir a la Comisión Nacional de Energía Atómica en el proyecto CAREM (reactor modular íntegramente diseñado y construído en el país), conseguir el financiamiento para la cuarta central nuclear (Atucha III) según el contrato comercial firmado con China en febrero de 2022, y poner en marcha el proyecto de la quinta central.
En lugar de ello, el nuevo directorio encabezado por Alberto Lamagna está llevando a cabo un proceso de acuerdo con profesionales altamente calificados para su retiro (ya han desertado más de veinte), ordenó la paralización del proyecto CAREM y la cancelación de la cuarta y quinta central nuclear y generó un clima social y laboral de malestar generalizado por la suspensión de proyectos y con salarios a la baja.
Paradójicamente, Nucleoeléctrica fue creada en la década del 90 como instrumento para el desmantelamiento del sector, que promovía el secretario de Energía de Domingo Cavallo, el mediterráneo Carlos Manuel Bastos. Uno de sus principales asesores era el actual secretario del área, Eduardo Rodríguez Chirillo.
Nucleoeléctrica Argentina S.A es creada en la década del 90 con el objetivo de privatizar las centrales nucleares, como parte del proceso de la reforma y desmantelamiento del sector energético, llevado adelante por Carlos Bastos, ex Secretario de energía de Carlos Menem y miembro de la Fundación Mediterránea, quien tuvo de asesor al actual Secretario de energía, Eduardo Rodriguez Chirillo.
El documento que los expertos dejaron en manos de los senadores se pregunta si Rodríguez Chirillo, quien sigue ligado a Bastos y a Cavallo, no vino ahora a completar el desmantelamiento del sector, en línea con los intereses de Estados Unidos, que dejó inconclusa en los 90.