viernes, 8 noviembre, 2024
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Ordenan al Gobierno pagarle de forma retroactiva a más de 400 personas a las que les quitaron el plan social

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes falló contra el gobierno de Javier Milei en una causa que benefició a más de 400 personas que fueron dadas de baja del plan Potenciar Trabajo por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. La decisión judicial obliga a abonarles a esos beneficiarios los sueldos desde diciembre de 2023 a marzo de 2024, porque fueron dados de baja sin justificación.

Los jueces correntinos Mirtha Sotelo, Selva Spessot y Luis González resolvieron que los beneficiarios del plan habían sido apartados del beneficio en base a “datos erróneos y/o falsos”. El fallo revirtió una decisión judicial anterior, del magistrado Juan Carlos Vallejos.

Los camaristas subrayaron que “los amparistas lograron acreditar de manera fehaciente el error o falsedad de los datos que sirvieron de sustento para el dictado de la resolución 17/2023 y, por consiguiente, su manifiesta ilegitimidad y/o arbitrariedad”. Esa resolución del ministerio de Pettovello, del 29 de diciembre de 2023, estableció unas 2900 bajas en el plan Potenciar Trabajo, de las cuales más de 400 son de beneficiarios de Corrientes.

El fiscal Guillermo Marijuan, titular de la UfisesArchivo

La decisión del ministerio de Pettovello tomaba como información una serie de oficios que recibió de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises) que identificaban “personas detectadas en posible infracción de las normas vigentes que regulan el Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Social ‘Potenciar Trabajo’”. El titular de la Ufises es el fiscal Guillermo Marijuan.

“Corresponde la percepción del beneficio desde el momento en que operó la suspensión preventiva –diciembre de 2023– hasta el momento en que los accionantes fueron reactivados en los nuevos programas, respectivamente”, reza el fallo de los camaristas, según consignó el diario Norte.

Los beneficiarios a los que el Gobierno deberá pagarles los cuatro meses de plan social se dedicaban a trabajos de albañilería, carpintería, costura, comidas y servicios de limpieza, y habían accedido al programa entre 2022 y 2023.

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