En los últimos días, el gobierno de Javier Milei empezó concentrarse en el siempre delicado tema de la Justicia, donde tiene que lidiar con varios problemas distintos, desde la gran cantidad de vacantes en los juzgados a los nombramientos pendientes para la Corte Suprema y la falta de un procurador general nombrado por el Senado, que es el responsable final de la solución a todo esto.
El martes pasado hubo muchas reuniones de figuras importantes vinculadas a lo judicial en el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo, quien tiene un pie adentro del Ministerio de Justicia (entre otras áreas donde influye) con Sebastián Amerio, el número dos del ministro Mariano Cúneo Libarona.
Amerio estuvo en el despacho de Caputo ese día, al igual que el procurador del Tesoro (el abogado del Gobierno), Rodolfo Barra, y el titular de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), Sergio Neiffert, otro alfil del poderoso asesor, según pudo constatar iProfesional con fuentes de Casa Rosada. Algunos dicen haber visto también a Guillermo Montenegro, intendente PRO de Mar del Plata y ex juez federal.
La presencia de la SIDE en una reunión para conversar temas judiciales no sorprende, porque las relaciones entre ambos mundos son algo largamente comentado en la política argentina, pero sí es una señal de que se hablaron cosas importantes. Horas después trascendió que el Gobierno enviará al Senado un centenar de postulaciones de jueces y, según supo este medio, el tema del futuro procurador General, jefe de todos los fiscales federales, también se tocó allí.
El gobierno de Javier Milei mira a la Justicia: ¿habrá candidato a jefe de los fiscales?
El tema del procurador General es muy complejo para todos los gobiernos y más para el de Milei. Debe ser nombrado por el Senado con una mayoría de dos tercios que el oficialismo no puede alcanzar sin acompañamiento de la bancada kirchnerista. Esto mismo es lo que mantiene trabados los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, postulados por el Presidente para completar la Corte.
El cargo lo ocupa interinamente Eduardo Casal desde 2017, cuando renunció Alejandra Gils Carbó, la última procuradora avalada por el Senado en tiempos de la gestión de Cristina Kirchner y forzada a renunciar por el gobierno de Mauricio Macri, que nunca pudo juntar mayoría en el Senado para designar a su reemplazo.
Hace varios meses Milei había elogiado a Casal y nada indicaba que tuviera urgencia en proponerle al Senado un nuevo nombre para la Procuración. Eso podría cambiar dentro de poco. Fuentes del Gobierno deslizaron ante iProfesional que «en una semana» se podría dar a conocer un candidato a jefe de los fiscales y enviar su pliego al Senado.
Por estas horas, estarían evaluando nombres. Circulan el de Mariano Borinsky, actual juez de la Cámara de Casación que el 13 de noviembre se pronunciará sobre la condena contra Cristina Kirchner; Juan Bautista Mahiques, procurador de la Ciudad; el camarista Javier Leal de Ibarra y el procurador de la Provincia, Julio Conte Grand. Todos de amplia trayectoria y conocimiento del ambiente judicial. Igualmente, siempre puede haber un «tapado».
Si el Gobierno lo concreta, este paso sacudiría un poco a un Senado que está muy dormido hace ya más un mes -en parte por la ausencia de diálogo entre Victoria Villarruel y la Casa Rosada- y apuntaría a reactivar la negociación subterránea que intentó abrir el oficialismo con el kirchnerismo por la Corte Suprema, pero que se empantanó.
¿Qué pasa en el Senado con los jueces que propuso Milei para la Corte Suprema?
La posibilidad de poner sobre la mesa el nombre del futuro procurador general y un proyecto de ampliación de la Corte Suprema fue analizada por el entorno de Milei en los últimos meses como una forma de negociar con el bloque de Unión por la Patria -donde la mayoría responde a Cristina Kirchner- a los efectos de aprobar los pliegos de Lijo y Mansilla.
Como contó iProfesional, referentes de ese espacio como Mariano Recalde llegaron a blanquear que podría existir un acuerdo si se discutía todo el escenario judicial y esto incluía el tema de la Procuración. El kirchnerismo aborrece de Casal. Sin embargo, los términos que ofrecía la Rosada -primero los pliegos de la Corte, «los dos o ninguno», después ver la ampliación- no convencieron a la bancada K y, por si fuera poco, ni siquiera los aliados de Milei garantizaron apoyo a Lijo.
Sin avance, el Gobierno podría optar ahora por seguir adelante con sus propuestas y enviar todos los pliegos que estén pendientes, sean los que sean, sin acordar nada con otros bloques. «Que se haga cargo el Senado», comentan en Casa Rosada. Una forma de despegar a Milei y trasladarle toda la responsabilidad sobre cualquier problema que tenga el Poder Judicial al otro poder, el Legislativo.
En ese marco, fuentes del bloque de senadores de La Libertad Avanza consultadas por iProfesional señalaron que no recibieron ningún aviso sobre el tema del procurador general, pero que sí están a la espera de que el Ejecutivo mande una tanda de pliegos para designar jueces en distintos tribunales que están vacantes próximamente. El período de sesiones ordinarias del Congreso termina a fines de noviembre.
Los pliegos judiciales, la otra pata de la relación Gobierno-Justicia-Senado
Luego de aquella reunión, en el despacho de Caputo trascendió que hay alrededor de 150 pliegos de jueces que el Gobierno tiene casi listos para enviar al Senado. Y es que efectivamente hay un atraso muy significativo en la cobertura de vacantes de numerosos juzgados de todo el país que deben ser subrogados por otros magistrados.
En el Poder Ejecutivo estiman que hay más de 250 vacantes, cerca del 30% de los juzgados. Es un problema para la Justicia por las demoras que puede significar en miles de procesos judiciales de distinto orden y tanto la Corte Suprema como el Consejo de la Magistratura e incluso organismos internacionales han hecho advertencias sobre esta situación institucional.
El interrogante es si el eventual ingreso al Senado de esa batería de postulantes a jueces sirve también para destrabar las negociaciones en torno a Lijo y Mansilla, que es la discusión de fondo que más le interesa al Gobierno.
De esta forma, el gobierno de Javier Milei apunta a lograr antes de que termine el año algún avance con los temas pendientes en relación a la Justicia incluido, tal vez, el de la estratégica Procuración General, sin perder de vista la negociación por los candidatos a la Corte Suprema que tiene trabada en el Senado, el ámbito más difícil para el oficialismo en el Congreso.