Los juicios por riesgos del trabajo volvieron a dispararse: en octubre se iniciaron 11.851 nuevas demandas, un 14,3% más que el mismo mes del año anterior. En estos primeros 10 meses se registra un aumento del 7,6%, por sobre un 2023 que ya había crecido 25%.
Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) señalan que la situación es alarmante: de enero a octubre los casos ascendieron a 105.960 y se estima que en los 2 meses que faltan ingresen otros 22.000, cerrando 2024 con 128.000 nuevos juicios.
Para la UART, esta tendencia en la judicialidad se ha convertido en uno de los lastres que ahoga la generación de empleo de calidad en el país. Las ART hoy cubren a 10.148.061 personas (trabajadores asalariados en blanco) y a 1,06 millón de empleadores. Pero esa población de trabajadores podría duplicarse si se considera a los independientes (registrados y no registrados) y a los asalariados informales.
Lo curioso es que la judicialización crece mientras la siniestralidad baja y se encuentra en mínimos históricos. Desde la UART reclaman que para terminar con la industria del juicio se avance con los cambios dispuestos por la Ley 27.348, que se vienen postergando desde 2017. Uno de los reclamos principales de la UART es la creación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF) por parte de la Justicia. Hasta ahora, la única provincia que cumplió con esta obligación en Mendoza. La implementación de esa figura es clave para desactivar esta “bomba de tiempo” judicial.
Como la ley no se cumple, son los peritos los que establecen el daño ante cada demanda y cobran un porcentaje de la sentencia final, por lo que tienen incentivos para aumentar los costos.
“Con los Cuerpos Médicos Forenses se profesionaliza y objetiviza la valoración del daño, a la vez que se unifican los criterios entre la instancia administrativa de las Comisiones Médicas y la instancia judicial. Es una herramienta clave de equidad para el trabajador y para el funcionamiento de un sistema de seguros, sinónimo de inmediatez e integralidad de la cobertura”, apuntan.
Buenos Aires, CABA y Santa Fe encabezan el ranking de provincias con mayor cantidad de demandas: 42.550, 19.206 y 13.968 casos en el año, respectivamente.
A modo de referencia, para 2023 Argentina tuvo 114,2 juicios por cada 10.000 trabajadores cubiertos, mientras que países como España y Chile registran apenas 9,5 y 5,8.
«Las estimaciones de juicios para el año en curso anticipan volver a valores cercanos a los 130.000 de 2017, año en que se sancionó con amplio apoyo de todos los sectores, la reforma justamente diseñada para acabar con este gravoso flagelo», agregan desde la UART.