Joelton Gusmão de Oliveira, un ciudadano brasileño de 47 años con pedido de captura internacional, fue detenido en la ciudad de La Plata. Gusmão está acusado de haber participado en los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando seguidores del expresidente Jair Bolsonaro intentaron derrocar al presidente Luiz Inácio «Lula» da Silva poco después de su asunción ocupando el Palacio del Planalto.
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El arresto tuvo lugar en las calles 1 y 44, este miércoles, durante un patrullaje de rutina llevado a cabo por el Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda de La Plata. Los agentes detuvieron a Gusmão tras notar una «actitud sospechosa» y, al verificar su identidad en el sistema informático, confirmaron que contaba con una orden de extradición emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.
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Según las autoridades, el hombre se encontraba en proceso de renovar su documentación migratoria en Argentina.
Gusmão enfrenta múltiples cargos en Brasil, incluidos intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho, daños calificados, deterioro de bienes públicos y asociación criminal armada.
Tanto él como su pareja, Alessandra Faria Rondon, fueron condenados a 17 años de prisión por su rol en los hechos. Ambos forman parte de un grupo de 86 personas ya sentenciadas por su participación en los eventos de enero de 2023.
Hay más bolsonaristas exiliados en Argentina
Decenas de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, condenados o procesados por el intento de golpe de Estado en Brasil en enero de 2023, han encontrado refugio en nuestro país alegando ser víctimas de persecución política. cruzaron la frontera de diversas formas y solicitaron asilo político al llegar, obteniendo permisos de trabajo temporales.
Según datos de ACNUR, 126 brasileños presentaron estas solicitudes en el primer semestre de 2024, destacando el creciente número de exiliados que ven en Argentina un lugar seguro debido a la afinidad ideológica con el gobierno actual y las oportunidades laborales disponibles mientras se resuelven sus casos.
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Los prófugos, que enfrentan penas de más de 14 años por cargos como asociación criminal y daño al patrimonio público, insisten en su inocencia y en que los actos violentos fueron perpetrados por infiltrados. En testimonios al medio El País, relatan su adaptación a la vida en ciudades argentinas como La Plata, donde sobreviven con trabajos modestos y mantienen sus principios bolsonaristas, como la defensa de «Dios, patria, familia y libertad».
La narrativa compartida entre ellos destaca el rechazo a la victoria de Lula da Silva en las elecciones de 2022, que consideran fraudulenta, y un sentimiento de persecución por parte del sistema judicial brasileño, especialmente bajo el juez Alexandre de Moraes.
La llegada de los bolsonaristas a Argentina no solo ha establecido una red interna de apoyo entre ellos, sino que también les ha conectado con movimientos de ultraderecha internacionales. Algunos han participado en eventos liderados por Milei y aliados como Santiago Abascal, del partido español Vox.
Desde su nuevo hogar, continúan abogando por sus ideales y rechazan la narrativa oficial que los acusa de extremismo y golpismo, argumentando que Argentina les permite expresarse libremente y reanudar una vida lejos de la persecución que afirman sufrir en Brasil.
¿Qué fue la toma del Palacio del Planalto?
El 8 de enero de 2023, Brasilia vivió una de las peores crisis políticas en su historia reciente cuando miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro atacaron y saquearon violentamente las sedes de los tres poderes del Estado: el Congreso, el Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal Federal.
Este acto, ocurrido apenas una semana después de la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, tuvo como objetivo rechazar los resultados de las elecciones presidenciales y exigir la intervención militar. Los manifestantes, alegando fraude electoral sin pruebas, dejaron a su paso graves daños materiales y un fuerte cuestionamiento a la estabilidad de las instituciones democráticas de Brasil.
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El presidente Lula da Silva reaccionó rápidamente calificando el acto como una «barbarie» y decretó la intervención federal del Distrito Federal para asumir el control de la seguridad en la capital. Durante la misma jornada, más de 400 personas fueron detenidas, cifra que aumentó a 1.200 con el desmantelamiento de un campamento bolsonarista frente al cuartel general del Ejército, que había servido como punto de reunión desde octubre de 2022.
La intervención también incluyó la destitución del gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, por presunta connivencia con los atacantes, y la orden de arresto contra altos funcionarios de seguridad.
La organización del ataque se gestó principalmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram. Grupos utilizaron términos como “Festa da Selma” y el hashtag #BrazilianSpring para movilizarse, alentados por figuras internacionales como Steve Bannon, exasesor de Donald Trump.
Las investigaciones revelaron que los atacantes se financiaron mediante donaciones y la monetización de contenido en plataformas como YouTube, donde publicaron videos de los actos vandálicos y solicitaron apoyo económico.
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En declaraciones públicas, Lula responsabilizó a Jair Bolsonaro y sus aliados por incitar indirectamente los actos violentos y prometió castigar tanto a los responsables directos como a sus financiadores. Además, el mandatario destacó fallos graves en la seguridad del Distrito Federal, lo que impulsó medidas más severas para garantizar la protección de las instituciones.
Bolsonaro, desde Estados Unidos, condenó las acciones violentas, pero evitó asumir responsabilidades directas, insistiendo en su respeto por la Constitución durante su mandato.
Este ataque fue interpretado como un intento de socavar la democracia en Brasil y ha provocado una fuerte reacción tanto dentro del país como en la comunidad internacional.
FM/LT