La ley 19.580 llamada «Ley de violencia hacia las mujeres basada en género», fue votada en 2017 durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, por todo el Frente Amplio, y por la enorme mayoría de los legisladores blancos y colorados.
Las organizaciones feministas radicales que promovieron la aprobación de la norma así como los grupos políticos frenteamplistas que la fomentaron, lanzaron la mentira de que lo hacían para proteger a la mujer que sufre violencia en la sociedad uruguaya.
Nada más lejos de la realidad. La ley 19.580 es una aberración jurídica, inconstitucional, injusta, y arbitraria.
Con la excusa de proteger a las féminas (niñas o mujeres) que sufren violencia, se aprobó una norma que lo que busca es destruir al varón.
El procedimiento
Básicamente se trata de que cualquier persona puede arrimarse a la comisaría de la esquina de la casa o a un juzgado, y radicar una denuncia por supuesta «violencia de género». Concepto que engloba desde una golpiza hasta un piropo callejero.
Todo puede ser considerado «violencia de género» según la letra de la propia ley.
La izquierda uruguaya se sumó a lo más totalitario de la izquierda de occidente, al aprobar una ley que criminaliza a la mitad de la población. Es decir, a todos los varones de todas las edades.
La industria de la denuncia falsa
De la mano de la ley 19.580 se ha montado una industria de la denuncia falsa promovida por ONGs feministas, y por organismos estatales como la Comuna Mujer de la intendencia de Montevideo.
En la Comuna Mujer solo trabajan abogadas mujeres, ya que la intendencia le prohíbe a los letrados varones trabajar en esa dependencia.
Cualquier mujer puede arrimarse para hacer una denuncia falsa contra un hombre. Fundamentalmente contra un novio, contra su marido, o contra el varón que se le ocurra.
La denuncias falsas contra hombres inocentes inundan los Juzgados de Familia Especializada de Montevideo.
Estos juzgados están tapados de denuncias que son falsas pero que los jueces no tienen otra alternativa que seguir el procedimiento que marca la ley 19.580.
Obviamente que muchas veces los jueces advierten enseguida que la mujer está haciendo una denuncia falsa contra un varón inocente, pero deben darle trámite.
De esta forma los juzgados se llenan de denuncias falsas realizadas por mujeres o por organizaciones feministas, y cientos de varones inocentes son criminalizados mes a mes por supuestas violencias.
Impunidad total
La mujer que hace la denuncia falsa tiene impunidad para hacerlo ya que la propia ley en el artículo 56 establece «Siempre que la noticia presente verosimilitud, no le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien la hubiere dado»
La palabra verosimilitud implica que cualquiera que haga una denuncia al amparo de la ley 19.580 queda impune aunque esté mintiendo descaradamente.
Puede realizar una denuncia por «violencia de género» que sea una completa mentira, y no tiene ningún tipo de responsabilidad al mentirle a la Policía o al juez.
El hombre es la víctima
En los Juzgados de Familia Especializada de Montevideo y en sus similares del Interior, la verdadera víctima es el hombre inocente que es denunciado.
Al varón denunciado se le aplican medidas cautelares que son salvajes, como no comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de la denunciante.
Esto implica que aunque la mujer denuncie falsamente a su marido con el que convive, y aunque éste sea el dueño de la casa, el hombre debe irse de su propia vivienda.
Está el caso de las tobilleras electrónicas que se han aplicado a lo largo de los años a miles de varones por denuncias falsas.
El gobierno de Lacalle Pou no modificó esta aberrante ley en lo sustancial, y todo hace pensar que con el futuro gobierno será peor.