El gobierno nacional ha decidido posponer hasta 2026 la implementación del sistema de trazabilidad electrónica individual del ganado, un proyecto inicialmente previsto para entrar en vigor el 1° de marzo de este año. La medida fue anunciada el pasado viernes por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que estableció que la implementación de los chips en el ganado comenzará finalmente el 1° de enero de 2026. Este retraso se produce tras la creciente oposición del sector agropecuario, que ha manifestado en reiteradas ocasiones su rechazo a la iniciativa impulsada por el actual titular de la ARCA (Agencia de Registros de la Carne), Juan Pazo.
El sistema de trazabilidad electrónica, conocido popularmente como «el chip de las vacas», fue concebido bajo el mandato de Pazo cuando se encontraba al frente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. La medida fue presentada como una herramienta destinada a mejorar la eficiencia y la transparencia en la exportación de ganado, pero rápidamente encontró resistencia entre los productores del campo. En un intento por apaciguar las críticas, el entonces viceministro Pazo recurrió a un crédito del Banco Mundial para subsidiar la implementación del sistema, buscando facilitar la incorporación de los dispositivos a los productores.
No obstante, la rapidez con la que Pazo promovió el proyecto, junto a su vinculación con ciertos intereses comerciales, generó suspicacias en el sector rural.
Entre las voces críticas, se destacó la de Guillermo Martínez, presidente de la Confederación de Sociedades Rurales de Chaco y Formosa (Cha-For), quien en 2024 sugirió que detrás del sistema de trazabilidad había un negocio que beneficiaría a las “segundas líneas” del oficialismo, incluidos algunos lobbystas y fondos de inversión vinculados a Pazo.
En particular, se mencionaba la participación de Invernea, una empresa de Pazo que invierte en ganado y otros activos.
La situación se agudizó cuando se conoció que la compra de los 23,5 millones de caravanas electrónicas que serían utilizadas para el sistema de trazabilidad fue adjudicada a un consorcio encabezado por la suiza Datamars y la firma local Farm Tech Argentina SA, una empresa relativamente desconocida en el sector. La licitación había establecido plazos de entrega que no fueron cumplidos, lo que desencadenó el retraso en la implementación del sistema. Según el portal especializado Bichos de Campo, Datamars debía entregar 10 millones de caravanas en el primer trimestre de 2025, pero hasta la fecha no ha cumplido con este compromiso, lo que ha provocado el aplazamiento de la fecha original de puesta en marcha.
Transparencia
Lo que ha puesto aún más en duda la transparencia del proceso ha sido el descubrimiento de que el dispositivo ganador de la licitación es el mismo que utiliza Invernea, la empresa de Juan Pazo. A su vez, se ha revelado que entre los inversores de esta compañía se encuentran el hijo de Luis «Toto» Caputo, exministro de Finanzas, y un familiar cercano de Sergio Iraeta, actual secretario de Agricultura. Además, también participa en la firma el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Estos vínculos empresariales han alimentado las sospechas de que el proyecto es, en realidad, un negocio privado camuflado bajo la excusa de la modernización del sector.
El malestar entre los ruralistas se ha intensificado en las últimas semanas, con numerosas voces que han calificado a Juan Pazo de «soberbio» y lo han acusado de ser una «desgracia para el campo». Según los detractores del sistema, la implementación de la trazabilidad electrónica no solo representa una carga económica adicional para los productores, sino que también tiene un carácter intrusivo y podría comprometer la competitividad del sector en los mercados internacionales. Para muchos en el campo, el sistema de chips es innecesario y responde más a intereses privados que a las necesidades reales de los productores.
A pesar de los retrasos y la creciente oposición, el gobierno insiste en que la trazabilidad electrónica será beneficiosa para la industria ganadera argentina a largo plazo. La medida, según sus defensores, permitirá mejorar el control sanitario del ganado, garantizar la trazabilidad de los productos cárnicos, y facilitar las exportaciones al ofrecer una mayor transparencia en la cadena de producción. Sin embargo, la falta de consenso con el campo y las dificultades logísticas que se han presentado con la entrega de los dispositivos hacen que el futuro de la iniciativa siga siendo incierto.
Mientras tanto, los ruralistas se mantienen firmes en su postura y continúan exigiendo que el gobierno reconsidere el impacto de la trazabilidad electrónica en la economía del campo. En tanto, la implementación del sistema de chips sigue siendo una fuente de controversia y un tema candente en el debate sobre el futuro del sector agropecuario en Argentina.
Conclusión
En conclusión, el aplazamiento del sistema de trazabilidad electrónica refleja las tensiones persistentes entre el gobierno y los sectores productivos, que se sienten amenazados por una medida que consideran perjudicial para sus intereses. El tiempo dirá si el sistema de trazabilidad logra superar los obstáculos logísticos y políticos que se interponen en su implementación, o si el campo continuará resistiendo lo que muchos consideran un negocio privado disfrazado de reforma.