La Oficina Anticorrupción (OA) que dirige Javier Melik iniciará una investigación este lunes, para determinar si el presidente Javier Milei cometió alguna «violación a la Ley de Ética Pública» con la promoción de la criptomoneda que después del crecimiento exponencial de su valor -impulsado por la recomendación del Jefe de Estado-, se desplomó dejando una extensa lista de damnificados. En tanto, el Gobierno saben que comenzarán a llegar a Comodoro Py las primeras denuncia penales por el suceso.
El viernes a las 19.01, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje instando a invertir en la criptomoneda de la empresa KIP Protocol, que en teoría iba a dedicarse a financiar a pymes argentinas. Para ese entonces dicha moneda tenía un valor de US$ 0,000001, valor que ascendió a US$ 5,20 tras la promoción del Jefe de Estado.
Después comenzó el escándalo: con una cantidad requerida de inversores, la cripto se derrumbó dejando a una enorme cantidad de damnificados. La caída habría sido cercana al 90%.
Las repercusiones locales en el ámbito político fueron diversas. El kirchnerismo pidió el juicio político contra Javier Milei. Se pidió investigar, además, un posible delito de abuso de autoridad, como también una presunta estafa.
Con ese telón de fondo y para lograr amortiguar el cimbronazo ocasionado por la situación, el Gobierno dio la orden de que la Oficina Anticorrupción inicie el correspondiente legajo administrativo: una investigación oficial.
No se trata de la determinación de la comisión de delitos penales, ya que eso tramitará en los tribunales federales, sino de «clarificar si hubo o no, una violación al a Ley de Ética Pública».
Durante la tarde de este domingo, fuentes oficiales indicaron a Clarín que la investigación es una «determinación del Gobierno para clarificar la situación e investigar la verdad administrativa del caso. Si hubo algún delito, es algo que determinará la Justicia», indicaron.
Ante ese primer argumento, fuentes oficiales expresaron con confianza que «en ambos casos, no hay nada, pero es necesario que se investigue y se clarifique por las vías correspondientes». «La estafa por ejemplo requiere dolo. No existe hecho ilícito ni injusto penal«, reiteraron ante la consulta de Clarín en el Gobierno.
Bajo la certeza de que no hubo ningún dolo, es decir, intención de cometer una estafa -algo que corresponde investigar a la justicia federal tras las primeras denuncias formuladas contra el presidente Javier Milei-, el Gobierno dio la orden de que la OA investigue por sus propios medios.
El organismo dirigido por Javier Melik se ocupará de «analizar todo lo que correspondiente para la reconstrucción de la verdad administrativa», esto es poder determinar todo aquello que pudo acontecer en relación al hecho y la administración del actual Gobierno.
Como se informó oficialmente, ocurrió un encuentro el 19 de octubre del año pasado a las 18:30, en el Hotel Libertador. De esa reunión participó el Jefe de Estado y Julian Peh, CEO de KIP Network INC.
Según el reporte del Registro Único de Audiencias del Ministerio del Interior, el encuentro buscó «analizar cómo la tecnología de la Inteligencia Artificial descentralizada de la empresa podía respaldar a la Argentina».
Entre otros aspectos, se abordó en dicho encuentro la posibilidad de que la firma involucrada ahora en el escándalo acompañe «a los emprendedores para que tengan crédito por fuera del sistema bancario».
Posterior a ese encuentro, pasaron 118 días hasta que KIP lanzó oficialmente una página web llamada «Viva la libertad project», donde supuestamente buscaban financiar proyectos productivos en la Argentina a través de una criptomoneda llamada $LIBRA.
Cuando Milei el viernes por la tarde promocionó desde su red social X esta criptomoneda, su valor se disparó un 1300% en poco menos de una hora pero cayó en picada cuando un grupo de inversores originales retiraron cerca de 87 millones de dólares, según los registros que figuran en la blockchain.
La denuncia penal
La primera denuncia penal contra el presidente de la Nación ya se formuló. La presentación judicial se refiere a una posible participación en una «asociación ilícita» y una «megaestafa».
La denuncia fue presentada por Jonatan Emanuel Baldiviezo (abogado fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad), Marcos Zelaya (abogado coordinador del área de Derecho y Nuevas Tecnologías), María Eva Koutsovitis (ingeniera fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos) y Claudio Lozano (economista presidente de Unidad Popular).
En el escrito, de 34 páginas, los denunciantes acusan también a Milei de «incumplimiento de los deberes de funcionario público», argumentando que el Presidente violó la Ley de Ética Pública al promocionar un activo financiero sin las debidas garantías y utilizando su investidura presidencial para generar confianza en los compradores.
Además, sostienen que la caída del valor de $Libra se debió a una estafa del tipo “rugpull”, en la que los creadores del token atraen inversores para luego retirar abruptamente el dinero, dejando a los compradores con activos sin valor y que estiman que la maniobra habría causado pérdidas por alrededor de 4 mil millones de dólares.