A días del inicio del ciclo lectivo 2025, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa se ha visto nuevamente frente a una situación recurrente: padres y tutores de alumnos en establecimientos educativos públicos expresaron su preocupación por la exigencia de ciertos montos de dinero para la inscripción de sus hijos. Ante este panorama, varios se acercaron a la Defensoría para plantear el asunto, buscando una resolución clara.
En respuesta, el Defensor del Pueblo de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, se comunicó con el Subsecretario de Educación, Prof. Luis Ramírez Méndez, quien destacó de manera tajante que “en ningún establecimiento educativo público en nuestra provincia es obligatorio pagar matrícula de ingreso”. Según el funcionario, los montos que se solicitan en concepto de inscripción son aportes voluntarios, y no se puede condicionar la inscripción de un alumno al pago de cuota alguna.
Este principio de gratuidad, que rige para todos los niveles educativos del sistema público provincial, asegura que la educación es libre de costos y sin ningún tipo de exigencia económica para los estudiantes y sus familias. Es una de las bases fundamentales del sistema educativo provincial, garantizando que todos los niños y jóvenes puedan acceder a la educación sin impedimentos financieros.
Sin embargo, como es habitual al inicio de cada ciclo lectivo, desde la Defensoría del Pueblo se reconoce que las instituciones deben afrontar diversos gastos relacionados con el mantenimiento y funcionamiento de las mismas.
Estos incluyen la limpieza de aulas, patios, cocinas, y otros espacios comunes. En este sentido, las Comisiones Cooperadoras, conformadas por padres de los alumnos, juegan un rol importante al colaborar en la recolección de fondos para cubrir estos gastos.
Es importante destacar que las contribuciones que realizan los padres a través de las Comisiones Cooperadoras son completamente voluntarias y están destinadas exclusivamente a mejorar las condiciones del establecimiento, con el fin de garantizar un ambiente saludable para los estudiantes.
En caso de que algún padre o tutor encuentre dificultades para inscribir a su hijo o se le exija un pago indebido, se recomendó acudir a las Delegaciones Zonales de Educación o bien a la Defensoría del Pueblo, que pone a disposición los siguientes canales de denuncia:
Correos electrónicos: [email protected] / [email protected]
WhatsApp: 370 436 5924
Por último, se hizo una salvedad importante: en las instituciones públicas de gestión privada, la situación varía. En estos casos, es posible que se cobre una matrícula de inscripción, ya que, aunque reciben apoyo económico del Estado, también dependen de los aportes de las familias para sostener sus actividades. En el caso de las instituciones educativas privadas, su régimen es completamente diferente y se establece que los montos que se cobran son parte de su estructura económica.
La Defensoría del Pueblo reitera que, en todas las instituciones educativas públicas, la gratuidad es un derecho irrenunciable, y se invita a los padres a acercarse a las autoridades correspondientes en caso de dudas o situaciones irregulares.