El debate sobre la legitimidad del actual gobierno provincial sigue tomando fuerza, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara un fallo en el que se definió que el mandato del gobernador Gildo Insfrán y su vicegobernador son ilegales, citando el artículo 132 de la Constitución Provincial. Según los opositores, esto deja en claro que la provincia de Formosa y su constitución se encuentran fuera del marco normativo institucional de la Nación Argentina.
En este contexto, y ante la falta de respuestas por parte de las autoridades provinciales para resolver lo que consideran una situación de anomia institucional, el sector opositor ha propuesto la sustanciación de un juicio político ante la Legislatura, sin haber recibido respuestas hasta el momento.
Por estas razones, la oposición sostiene que los legisladores no deberían avalar con su presencia la apertura de las sesiones ordinarias del Poder Legislativo Provincial, que estará a cargo de un gobernador al que consideran carente de legitimidad y legalidad para ejercer sus funciones.
En este sentido, resaltan que el acto de presencia de los legisladores de la oposición en esta apertura sería una aprobación tácita de un gobierno que carece de base constitucional.
A nivel nacional, la oposición también ha tomado una postura similar.
Varios bloques opositores han anunciado que no asistirán a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, citando razones vinculadas a la ilegitimidad y la falta de cumplimiento de la normativa constitucional. Incluso, el mismo Gildo Insfrán y otros mandatarios provinciales decidieron no concurrir a dicha apertura, en lo que algunos consideran un gesto de coherencia con el fallo de la Corte.
En este sentido, la oposición en Formosa afirma que la postura debe ser clara y contundente.
En consecuencia, sugieren que los bloques opositores no deberían asistir a la apertura de las sesiones, o en el mejor de los casos, enviar una delegación mínima de representantes.
La señal que buscan enviar es un claro acatamiento al fallo de la Corte Suprema y una postura firme frente a un gobierno al que consideran inconstitucional.