Esta semana se conoció un reclamo de diferentes organizaciones que trabajan con personas con discapacidad por las características de las auditorías que se realizan a quienes cobran una pensión, no solamente por desconocer el panorama laboral y el acceso efectivo que tienen las personas con una discapacidad al mercado, sino también por los términos en los que se planteaba. El 3 de febrero emitieron un comunicado en el que criticaban las palabras utilizadas en el instructivo que acompañaba la resolución 187/2025 (publicada en enero) y que establecía las condiciones bajo las cuales se acreditará la “invalidez laboral” de una persona. Allí, denunciaban, se utilizaba un lenguaje discriminatorio. “La normativa asume que hay personas que nunca podrán trabajar, y recurre a términos como ‘retraso mental’, ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’”. Resulta innecesario, agregaron, “ahondar en el carácter obsoleto y peyorativo que ostentan estas formas de nombrar”.
Después de eso, el Gobierno anunció que modificará la resolución, y argumentó que se trató de un “error”. Su titular, Diego Spagnuolo, afirmó en X que “Las personas responsables por lo que pasó ya fueron desvinculadas de ANDIS”. La resolución del mes pasado lleva su firma.
Mientras tanto, las auditorías seguirán en pie. El Ejecutivo denunció que existieron irregularidades en el otorgamiento de pensiones, por lo que –en el contexto de una reducción de gastos del Estado– comenzó un examen exhaustivo de quienes son beneficiarios. En su cuenta de X el Ministerio de Salud anunció el 5 de febrero que “el objetivo es reorganizar el sistema para que se otorguen a quienes cumplen con los requisitos vigentes y que efectivamente la necesiten”. Esto, afirmaron, “representa un compromiso firme del Gobierno con la eficiencia en la gestión de recursos públicos. Menos curros, más transparencia”.
El dinero destinado a pensiones no contributivas es el mismo que en 2024, pero algunos presupuestos de la Agencia de Discapacidad crecieron considerablemente por encima de cualquier proyección de inflación.
ANDIS tiene, al igual que en el año anterior, un presupuesto total de $ 3,7 billones, que se reparten entre los diferentes programas. Uno de ellos es el de Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas. De acuerdo a los datos del presupuesto abierto, de los $ 552.553,36 millones originales pasó a los $ 546.353,36 millones vigentes, $ 6.200 millones menos que fueron a parar al rubro “Actividades centrales”: este último pasó de los $ 9.089,34 millones a los $ 15.347,34 millones en los primeros dos meses de 2025. Cuando se desagrega por objeto del gasto, el crecimiento se explica mayormente por la categoría “servicios no personales”, que pasaron de los $ 2.437,70 millones a los $ 3.487,70 millones vigentes en enero y a los $ 8.545 millones esta última semana. Se trata de un incremento superior a los $ 5.000 millones en pocos días, y del 250% en dos meses.
Allí se destaca el incremento de los recursos para servicios “no especificados”, que pasó de los $ 35 millones iniciales a los $ 3.735 millones (un cambio que se materializó esta semana y que supone un aumento del 10.571%); los servicios de vigilancia, que pasaron de los $ 638,09 millones a los $ 1.838,09 (un incremento del 188%); y el de limpieza, aseo y fumigación (que creció de los $ 767,50 millones iniciales a los $ 1.787,50 vigentes, una suba del 133%).
Ante la consulta de PERFIL desde ANDIS informaron que el aumento en el presupuesto destinado a limpieza, aseo y fumigación se debe a “la necesidad de garantizar un entorno seguro y saludable para todas las personas con discapacidad”. Detallaron también que las tareas de control de plagas están en manos de la firma “Grupo Efia S.R.L.”, que tienen un costo anual de $ 10.320.233,76, y que las de limpieza y mantenimiento son realizadas por la firma “La Mantovana de Servicios Generales S.A”, que por los 12 meses cobrarán $1.774 millones”. Estos servicios se realizan, agregaron, en las tres sedes de ANDIS.
Hasta ahora, el Gobierno ejecutó $ 468 millones, lo que supone el 26% del presupuesto total en dos meses, y casi la totalidad (93%) de lo ejecutado durante los doce meses de 2024 ($ 508 millones).
En el proyecto de presupuesto para 2025 el programa de Atención médica a los beneficiarios de las pensiones no contributivas –al que en las últimas semanas se le quitaron $ 6.200 millones–, pasaba de los $ 552.553,36 millones vigentes en 2024 a los $ 814.409 millones ($ 268.055 millones más que hoy).
Tiene el objetivo de brindar servicios de salud no solamente al beneficiario, sino también a sus grupos familiares. Según explica el proyecto de presupuesto, esto lo hace a través de los gobiernos de las jurisdicciones donde residen. “A tal efecto, la Agencia Nacional de Discapacidad transfiere a las jurisdicciones provinciales y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos financieros para la atención médica de los afiliados, debiendo fiscalizar a dichas jurisdicciones en el efectivo cumplimiento de los servicios médicos que presten a los beneficiarios, los que se deberán ajustar a lo dispuesto por el Programa Médico Obligatorio”.
Entre los objetivos, describen también, están los de “garantizar la cobertura médico asistencial que se brinda, como mínimo, en el marco del Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente; asegurar el acceso prestacional a los servicios de salud de los beneficiarios de las Asignaciones Económicas y/o aquellos titulares de derechos que la Agencia determine en el futuro; diseñar acciones específicas de rehabilitación, no contempladas en el Programa Médico Obligatorio; y asistir directamente a beneficiarios en estado crítico y que, por su patología o diagnóstico, requieren asistencia inmediata y/o urgente en todo el territorio nacional”.
Sobre el ítem “servicios no especificados”, cuyo crecimiento superior al 10.000% se reflejó en el presupuesto el 27 de febrero (hasta el 26 figuraba con $ 35 millones) PERFIL volvió a contactar a la ANDIS, que aclaró que estos gastos incluyen: “servicio de mantenimiento de natatorio, servicio de guardavidas, monitoreo de información, servicio de Telepase, y servicio de recarga de combustible de vehículos oficiales”. Para eso se prevé un gasto de $ 3.735 millones.