La directora de la UDAI-ANSES Formosa, Patricia Arias, brindó detalles sobre el relevamiento que lleva adelante el Gobierno Nacional respecto a las pensiones por invalidez laboral, un proceso que ha generado inquietud en la comunidad. En una entrevista con el Grupo de Medios TVO, Arias explicó cómo se desarrollará la auditoría y aclaró algunas dudas comunes entre los beneficiarios.
Arias comenzó su exposición mencionando el gran revuelo que se ha generado desde el inicio de este relevamiento.
“Desde el mes de febrero, se están repartiendo las notificaciones, y las auditorías comenzarán el 18 de marzo en Formosa, específicamente en la Clínica Sarmiento”, detalló.
La funcionaria también indicó que los médicos encargados de las auditorías provienen del PAMI, aclarando que este es un proceso independiente de la ANSES.
Preocupación por el
Desentendimiento de los
beneficiarios
A pesar de la aclaración, Arias expresó su preocupación por la confusión que ha causado el proceso. “Se generó un revuelo y hay que decir que, lamentablemente, si no se cumplimenta con esta auditoría, el beneficiario podría perder su pensión, y nos preocupa que las personas tengan un mensaje erróneo sobre este tema”, señaló con seriedad.
Para tranquilizar a los beneficiarios, la directora resaltó que no hay motivo para alarmarse si se cumple con los procedimientos.
Paradójico
“Es paradójico lo que sucede, porque el que está enfermo no tiene que preocuparse. Solo debe llevar los papeles correspondientes, acercar toda la documentación y no tiene por qué temer nada”, destacó Arias, haciendo hincapié en la importancia de no generar pánico innecesario.
Relevamiento a
cargo de
ANDIS, no
de ANSES
Arias también aprovechó la oportunidad para aclarar un punto crucial: la ANSES no es la entidad encargada de llevar a cabo el relevamiento, sino la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “Nosotros solo pagamos la pensión; no es en la UDAI-ANSES donde se inicia el trámite. En Formosa, la ANDIS tiene su sede en Dean Funes y Brandsen”, explicó.Asimismo, subrayó que existen criterios específicos para la selección de los beneficiarios que serán auditados.
“No serán auditados quienes se han hecho los estudios en los años 2017, 2018 y 2019. Tampoco se auditarán a los menores de edad ni a aquellos que ya hayan sido auditados en 2024”, precisó Arias, proporcionando una mayor claridad sobre el proceso y quienes deben someterse a la evaluación.