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La Dra. Elizabeth Martínez, quien patrocina el caso de Lucía Carranza, brindó detalles alarmantes sobre el secuestro de una menor lactante a manos de las autoridades. Según la profesional, Lucía se contactó con ella el sábado, después de que su hija fuera retirada de su hogar por una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Menores.
El caso comenzó el jueves previo, cuando la tía de Lucía intentó sustraer a la niña por una ventana. Lucía, preocupada por la seguridad de su hija, radicó una denuncia en la Policía Comisaría Segunda. Al día siguiente, una asistente social se presentó en su domicilio, supuestamente para realizar un “informe socioambiental”. El sábado, sin previo aviso, una orden judicial fue emitida para retirar a la bebé, sin que la madre pudiera llevar sus pertenencias ni acceder a información detallada sobre el paradero de la niña.
Lo más preocupante es que la bebé, aún lactante, fue separada de su madre sin haberle dado la posibilidad de amamantarla o de tener algún tipo de contacto con ella desde el momento del despojo. Según la abogada, Lucía no fue sometida a una evaluación psicológica ni a un análisis forense previo, lo que generó serias dudas sobre la legitimidad de las acciones judiciales.
El motivo por el cual se apartó a la niña de su madre, según el expediente recién accesible por la defensa, es una denuncia presentada por la madre de Lucía. En ella se alega que Lucía tiene problemas de adicción a sustancias y es una persona violenta, pero aún no se ha comprobado la veracidad de estas acusaciones. La abogada Martínez cuestionó la falta de pruebas y protocolos que se debieron seguir para tomar una medida tan extrema como esta.
«Los protocolos no se cumplieron. No hubo una entrevista psicológica, no se activaron los mecanismos de investigación necesarios. Todo esto se hizo de manera muy apresurada y poco clara. Nos dicen que no pueden mostrar los documentos, pero los derechos de la madre deben ser respetados», comentó Martínez.
Además, la abogada reveló que Lucía había manifestado haber sido víctima de violencia psicológica y física en el lugar al que se la envió, que es la casa de la abuela materna de la niña, quien también está involucrada en denuncias previas.
La defensa de Lucía está preparando una solicitud formal para la restitución de la niña a su madre a través del Tribunal de Familia. También exigirán una evaluación psicológica a Lucía para demostrar que no sufre de adicciones y que las acusaciones en su contra son infundadas.
Este caso ha generado gran preocupación entre los formoseños, no solo por la separación de la madre y su hija, sino también por las irregularidades en el proceso judicial y las dudas sobre el manejo de las instituciones encargadas de velar por el bienestar infantil. (Fuente: Guau Formosa)