Este fin de semana visitó el piso de Expres en Radio el concejal capitalino de la UCR, Diego Herrera quien aseguró que lleva más de un año exigiendo respuestas sobre los exorbitantes costos de los servicios de energía eléctrica y agua que los ciudadanos de Formosa deben afrontar. Según Herrera, la falta de transparencia sobre quiénes son los responsables de estas tarifas y cómo se gestionan los recursos es una constante que enfrenta a los ciudadanos y a la política local.
La búsqueda de la verdad y la
falta de respuesta institucional
El concejal comenzó su lucha con un sencillo y directo pedido a la Personería Jurídica: saber quiénes son los directores de Aguas de Formosa y de Refsa, las empresas encargadas de estos servicios públicos. Sin embargo, la respuesta no llegó. A pesar de realizar varios intentos, incluido un pronto despacho y un amparo judicial por mora, la autoridad no ofreció ninguna información. La excusa: no tenían la obligación de proporcionar esa información, y además, no demostraron cuál era el interés legítimo para acceder a ella.
«Nos dicen que no tenemos derecho a saber esa información. Para nosotros es una información pública, pero nos niegan el acceso una y otra vez», sostuvo Herrera, quien también destacó que las respuestas de las autoridades y empresas se limitan a vericuetos administrativos que nunca resuelven el fondo del problema.
La denuncia de la
falta de transparencia
Herrera, junto con su equipo, no se rindió y presentó una demanda judicial por el derecho a la información pública. Esta semana, llegó el fallo que ratificó la negativa a entregar la información solicitada. «Nunca hablan de derecho a la información pública, sólo nos dan excusas administrativas. La justicia está blindada, y el pueblo sigue sin poder acceder a lo que le pertenece», dijo el mismo.
A pesar de que apelaron a la Cámara, la situación parece no tener solución a corto plazo. «Hoy en día, no sabemos quiénes son los directores ni los accionistas de Aguas de Formosa y Refsa. Es una información que la ciudadanía tiene el derecho de conocer, pero no la podemos obtener», subrayó.
Las sospechas sobre
los intereses ocultos
A lo largo de su investigación, Herrera y su equipo comenzaron a sospechar que detrás de esta falta de transparencia se ocultan intereses particulares. Según el concejal, dentro de los directorios de Aguas de Formosa y Refsa hay funcionarios del gobierno, parientes de funcionarios, y testaferros, aunque no pueden probarlo debido a la opacidad de las empresas. «Si no fuera por algo, ¿por qué ocultar esta información?», cuestionó Herrera.
El problema es aún más grave cuando se considera que estos mismos funcionarios públicos o sus familiares están involucrados en empresas que prestan servicios públicos, lo que, según dijo, es una práctica completamente irregular. «Es imposible que un funcionario público o su familia tenga acciones en una empresa de participación pública. Eso no se puede permitir, es un conflicto de intereses claro», remarcó.
La falta de acceso a la
información: un patrón
en el gobierno provincial
El concejal también denunció la falta de rendición de cuentas en el gobierno provincial, un problema recurrente que impide que los ciudadanos de Formosa puedan acceder a la información sobre cómo se manejan los recursos públicos. «El gobierno está tan acostumbrado a manejarse como si la cosa pública fuera suya, que no tiene ningún tipo de temor a ocultar lo que hacen con el dinero de los formoseños», afirmó Herrera.
«En Formosa, el poder está blindado, todo se maneja por un pequeño grupo de personas que está rodeado del gobierno. Ellos tienen negocios farmacéuticos, médicos, tierras. Y el resto vive como puede», agregó. A su juicio, es imposible obtener información a menos que se logre filtrar de alguna manera, lo cual no es correcto ni en Formosa ni en ninguna otra provincia del país.
La necesidad urgente
de una ley de acceso
a la información pública
Otro punto importante que Herrera mencionó fue que Formosa es una de las pocas provincias que aún no cuenta con una ley de libre acceso a la información pública. «No es casualidad que no tengamos una ley que permita a los ciudadanos acceder a esta información. En otras provincias, si un ciudadano pide algo, tiene derecho a obtenerlo. Aquí eso no pasa», señaló.
El radical subrayó que los verdaderos dueños de los recursos son los ciudadanos, y que el Estado tiene la obligación de brindar toda la información sobre el manejo de esos recursos. «Nosotros le otorgamos a un determinado grupo político el manejo de esos recursos, pero el ciudadano tiene el derecho de saber qué hacen con su plata», enfatizó.
El aumento de tarifas: sin
acceso a los informes técnicos
Otro tema crucial en la disputa por la transparencia es el aumento de tarifas. «Cada vez que suben las tarifas, nos dicen que es de acuerdo con un informe técnico que nunca vemos. Nadie tiene acceso a ese informe», indicó. Además, recordó que en otras partes del país, las audiencias públicas brindan a los ciudadanos la oportunidad de cuestionar y debatir sobre estos temas, algo que en Formosa no existe.
¿Qué pasará ahora?
A pesar de las múltiples demandas y apelaciones, Herrera no pierde la esperanza de que algún día se pueda acceder a la información pública. «No tenemos ninguna esperanza de que algún día tengamos una respuesta acá; nuestra única opción es seguir escalando. Presentamos la apelación, y sabemos que la Cámara probablemente nos dirá que no, pero seguiremos la vía recursiva hasta la Corte, que es nuestra única posibilidad de que esto cambie», concluyó.