Hoy, martes 25 de marzo, en un campo ubicado a unos 10 kilómetros del centro de Clorinda, en la Ruta Nacional 86, se llevará a cabo la destrucción de estupefacientes secuestrados en un importante operativo dirigido por el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1 de la ciudad, bajo la supervisión del Dr. Julio Mauriño. El acto de quema, que está programado para las 10:00 horas, es un procedimiento público y contará con la participación de varios actores judiciales y de seguridad.
Este procedimiento es parte de un proceso judicial vinculado a una causa que data del año pasado, relacionada con la «Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización directa al consumidor» y «Tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal». Por este caso, una persona se encuentra detenida, y se espera que la incineración de la droga secuestrada marque una etapa más en el proceso judicial que sigue su curso en el ámbito de la justicia provincial.
Una Incineración
Supervisada por
Autoridades Judiciales
y de Seguridad
El acto de destrucción será supervisado por el juez Julio Mauriño, quien estará acompañado por funcionarios del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1, personal del Centro de Investigación Forense del Poder Judicial, efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas de Clorinda y personal de la Policía de la Provincia. La quema se llevará a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, y se espera que el evento cumpla con todas las normativas establecidas para la destrucción de estupefacientes.
Este procedimiento forma parte de un protocolo judicial detallado en la Acordada 2868 del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que regula cómo deben llevarse a cabo las incineraciones de drogas secuestradas en el marco de investigaciones judiciales. De acuerdo con esta Acordada, la destrucción de los estupefacientes debe realizarse en un acto público, una vez que el Juzgado competente haya finalizado el turno correspondiente y haya realizado las pericias necesarias, así como la separación de muestras para posibles nuevas investigaciones o pericias.
Regulación del
Procedimiento
de Destrucción
La Acordada del STJ establece que, tras la destrucción de los estupefacientes, debe elaborarse un acta circunstanciada que sea agregada al expediente de la causa. En este documento se deberá dejar constancia de los detalles del procedimiento y se deberá firmar por el juez o el secretario del Juzgado, junto con los funcionarios presentes durante el acto. Además, la destrucción de los estupefacientes secuestrados deberá llevarse a cabo en un lugar y mediante el método que indique el magistrado competente.
A su vez, las autoridades sanitarias provinciales pertinentes serán invitadas a asistir a la quema para garantizar que el proceso se realice bajo condiciones que no representen un riesgo para la salud pública. También se comunicará el acto a la prensa, a fin de asegurar la debida difusión y transparencia del procedimiento judicial.
Custodia y Seguridad de
los Estupefacientes
Hasta la realización del acto de destrucción, los estupefacientes secuestrados permanecerán bajo custodia en la Secretaría del Juzgado competente, en condiciones de seguridad rigurosas. El protocolo de seguridad está diseñado para prevenir cualquier tipo de fuga o manipulación indebida de los estupefacientes, garantizando que el proceso judicial siga su curso sin interrupciones.
El Rol de la Justicia
Provincial y la Ley 1627
Este procedimiento resalta la competencia de la Justicia provincial para llevar adelante casos relacionados con delitos de narcotráfico y posesión de estupefacientes, según lo establece la Ley 1627. La ley le confiere a la justicia provincial la potestad para intervenir en casos de delitos relacionados con la tenencia, comercialización y distribución de sustancias ilegales, siendo la jurisdicción de Clorinda uno de los puntos clave en la lucha contra el narcotráfico en la región.
Hoy se marcará un hito más en los esfuerzos judiciales y de seguridad para combatir el tráfico de drogas en la región, con la participación activa de diversas instituciones del poder judicial y las fuerzas de seguridad. La incineración de los estupefacientes, además de ser una medida de control y destrucción de pruebas, subraya el compromiso de las autoridades locales en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en la provincia.