El viernes 28 iniciará el cronograma de pago de los haberes de marzo con el primer tramo del 15% del incremento del 45% establecido por el gobernador Gildo Insfrán.
En ese marco, el subsecretario de Hacienda y Finanzas, el contador público Miguel Antinori, subrayó que en comparación con el Estado nacional, “la medida que tomó el doctor (Gildo) Insfrán en cuanto a la política salarial para (los empleados) del Estado provincial, aumentando en un 45% los sueldos durante los meses de marzo, abril y mayo marca una diferencia enorme entre los modelos de gestión” en declaraciones que brindó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).
En ese sentido, en el caso del Gobierno libertario, indicó que “hay una conceptualización realmente difícil de entender desde la dignidad humana”, ya que apuntó que “lo que hace la gestión actual a nivel nacional es faltar el respeto” a las personas, “desde la reducción en la entrega de medicamentos a los jubilados y pensionados, la quita de subsidios y el cierre de oficinas públicas, el despido de agentes y al personal que queda en la Administración con incrementos salariales del 1,8% acumulado para el bimestre enero/febrero”.
“Realmente asustan los términos y que haya una parte de la población que entienda que desde la destrucción del Estado podemos arrancar como una nación libre de inflación, porque pareciera que esa es la única meta”, afirmó.
Luego se refirió a las transferencias de fondos que el Estado nacional debe cumplimentar legalmente con las provincias, las cuales se vienen incumpliendo prácticamente desde que asumió el presidente Javier Milei. “Cuando se celebran convenios que están encuadrados en las transferencias no automáticas, por ejemplo de asistencia a algún programa, en particular de salud o social, se establece una cláusula donde indican ‘transferencias sujetas a la disponibilidad presupuestaria’”, explicó el funcionario provincial.
Ello se trata de “un condicionante que siempre la Nación consigna con las provincias en general, como una suerte de contención por alguna suerte también de quita en transferencias”.
Sin embargo, con este Gobierno nacional “ya no estamos hablando de ese tipo de situaciones de vínculo Nación-provincias, sino directamente de normativas legales que la Nación está incumpliendo”, aseveró Antinori.
No obstante, hizo notar que pese a todo esto, “Formosa prosigue su gestión, hay política salarial, de gestión social y de infraestructura, todo esto con un criterio distributivo en todo el territorio provincial”.
Economía provincial
Al brindar su discurso en la apertura de sesiones, el gobernador Insfrán detalló que el ejercicio financiero 2024 arrojó un superávit de $48 mil millones, consolidando lo que denominó “una administración ordenada y con equilibrio fiscal”.
“Se alcanzaron 23 años consecutivos de superávit genuino y una Formosa desendeudada que cumple con sus obligaciones logrando que las cuentas cierren. Y cierran con la población adentro, porque el peronismo del Modelo Formoseño es sinónimo de orden fiscal”, indicó.
Agregó que “el superávit expuesto por la Nación resulta falaz, atento a que el resultado no refleja los intereses de la deuda que registra la administración federal que si se incluye se transforma en déficit”.
Además, el primer mandatario provincial denunció ante la asamblea legislativa que el Gobierno nacional le produjo a Formosa un “perjuicio económico” que superó los $200 mil millones en el último año.
En ese contexto, Antinori fue consultado sobre cómo hace la provincia, a pesar de esta exorbitante deuda nacional, para mantener el orden de las cuentas públicas, los gastos operativos, los pagos a proveedores, el pago de los haberes a los agentes y además dar un aumento salarial del 45%, cuando la Nación otorgó un exiguo 1,5% de incremento en enero y 1,2% en febrero.
En ese sentido, significó que “la documentación de la provincia, en sus números, está en primer lugar expuesta, porque por ahí algunos ponen en tela de juicio que no tenemos deuda y que el superávit es mentiroso”, dilucidó primero que todo.
“Los números de la provincia están permanentemente evaluados como el resto de las provincias por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal –remarcó-. Nosotros tenemos ahí los indicadores de publicidad y transparencia que pide la ley”, confirmando que “nos han aprobado en el seguimiento el tercer trimestre del ejercicio pasado y ya hemos presentado, conforme lo expuso el Gobernador, el resultado del cuarto trimestre acumulado del año superavitario”.
Profundizó que “nuestro indicador de deuda está en el 1.5%”, denotando que “los servicios que pagamos de capital e intereses representan ese porcentaje de la recaudación corriente neto de transferencias por coparticipación en Municipios”.
Y remarcó que “estamos en el 1,5% cuando la ley marca un límite de hasta 15%”, es decir “con un ratio que se viene sosteniendo desde que el gobernador Insfrán dispuso el desendeudamiento allá en el año 2010”.
De allí que “esa cancelación y la gestión año a año se desenvuelve con ahorros consecutivos y ya hace 23 años que se fueron acumulando”, permitiéndole a la provincia “sostener un estándar de gestión hacendal que no escapa de los valores exigidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal”, que son atendidos desde hace 20 años ya que esa norma cumple este Período esa vigencia”.
Empleo público
En cuanto al indicador de empleo público, rechazó las disparatadas declaraciones de una mediática diputada provincial opositora, reiterando para graficar que “Formosa, en el año ‘94 con la Ley 1119 de presupuesto, el número de empleados públicos estaba en el orden de los 39.500 agentes”, mientras que con “la Nº 1710, que es la última aprobada, correspondiente al año ‘23 y que fue consecutivamente prorrogada hasta este ejercicio, está en el orden de los 43 mil agentes públicos”.
En paralelo, apuntó que “la población del año ‘94, conforme al Censo de 1991, estaba en alrededor de 400 mil formoseños”, en tanto que “hoy estamos en 607 mil formoseños de acuerdo al censo 2022, con un aumento del 52%, aproximadamente”.
“El empleo público creció entre el 8 y el 8,5%, en términos comparativos. Eso da la pauta de que hoy nuestra relación es de 68 agentes estatales cada 1000 habitantes”, clarificó, lo que expone que el Estado provincial ha desarrollado una política administrada del empleo estatal, poniendo énfasis en la dotación de personal de salud, seguridad y educación que en su conjunto representa más del 80% de la composición del recurso humano.