El 23 de marzo, se cumplió el vencimiento del régimen de moratoria previsional que permitía a los trabajadores regularizar periodos sin aportes anteriores a 2009, descontando el costo en hasta 120 cuotas del haber previsional. Ante la incertidumbre sobre la continuidad de esta medida, desde la Dirección de Adultos Mayores de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se ha solicitado formalmente al presidente de la Nación, Javier Milei, que se extienda por dos años la moratoria previsional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Este reclamo busca garantizar que aquellos trabajadores que no cumplen con los 30 años de aportes puedan jubilarse, principalmente mujeres, que dependen de esta moratoria para acceder a una jubilación a los 60 años.
La falta de un acuerdo en el Congreso de la Nación, donde no se logró el quórum necesario para debatir una serie de proyectos que incluían la extensión de la moratoria, ha dejado en una situación de vulnerabilidad a cientos de miles de personas.
Sin una nueva moratoria, quienes no cuenten con los aportes suficientes deberán esperar hasta los 65 años para poder acceder a una jubilación, lo que pone en riesgo su bienestar económico, ya que muchos de ellos continúan trabajando debido a que sus jubilaciones no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Desigualdades en el
Sistema Previsional
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió sobre las profundas desigualdades que persisten en el sistema previsional argentino, donde algunos sectores acceden a haberes privilegiados, mientras que otros, especialmente los más vulnerables, reciben ingresos que no alcanzan para garantizar una cobertura digna.
En este contexto, se solicitó también la intervención del Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, y del Ministro de Economía, Luis Caputo, para abordar estas inequidades y buscar soluciones que permitan una distribución más justa de los recursos previsionales.
En el comunicado enviado, la Defensoría del Pueblo destaca que la extensión de la moratoria previsional es urgente para garantizar que miles de personas, en su mayoría mujeres, no sean excluidas del sistema previsional y puedan acceder a su derecho a una jubilación digna. Según los datos más recientes, de confirmarse el fin de la moratoria, se estima que el 60% de quienes lleguen a la edad jubilatoria este año no podrán acceder a una jubilación contributiva.
Esto afectaría a alrededor de 149.000 mujeres y 93.000 varones en todo el país.
Alternativas Ante el
Fin de la Moratoria
En caso de que no haya voluntad política para extender la moratoria, la Defensoría del Pueblo destacó varias alternativas que las personas podrían considerar, aunque ninguna de ellas resulta tan beneficiosa como la moratoria original:
Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Disponible a partir de los 65 años, sin necesidad de aportes previos, con un monto equivalente al 80% de la jubilación mínima. En marzo, la PUAM asciende a $223.297, más un bono de $70.000, lo que totaliza $293.297.
Compra anticipada de aportes: Esta opción permite a las personas en actividad regularizar períodos anteriores a abril de 2012. Está disponible para mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años, con valores actualizados por inflación. En marzo, el costo de cada mes de aporte es de $27.262,36.
Compensación por edad excedente: Para quienes superan la edad mínima, se computa un año de aportes por cada dos de excedente.
Reconocimiento por hijos: Exclusivamente para mujeres, esta medida suma años de aportes por cada hijo nacido o adoptado, con beneficios adicionales en casos de discapacidad o acceso a la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Moratoria residual de la ley 24.476: Esta moratoria solo abarca períodos previos a octubre de 1993, lo que limita considerablemente su alcance.
Una Solicitud de Justicia
para los Más Vulnerables
La situación es particularmente crítica para las mujeres, que históricamente han tenido menos acceso a trabajos formales y, por ende, a aportes previsionales.
En muchos casos, las mujeres deben enfrentar condiciones laborales precarias o interrumpir su carrera para cuidar a sus hijos o familiares, lo que las deja sin los aportes necesarios para una jubilación futura.
Sin la moratoria, estas personas quedarían desprotegidas, lo que profundizaría aún más las desigualdades sociales y económicas.
La solicitud realizada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa busca poner de relieve la urgencia de este tema y la necesidad de tomar medidas para corregir las desigualdades en el sistema previsional.
La Defensoría pide que el presidente Javier Milei actúe rápidamente para garantizar los derechos de miles de personas que dependen de esta moratoria para acceder a su jubilación.
El tiempo corre, y mientras tanto, cientos de miles de argentinos siguen esperando una respuesta del gobierno nacional.