Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, secuestraron 20 envoltorios de marihuana, dinero, celulares y dos motocicletas, anulando tres centros de distribución de estupefacientes en los barrios Simón Bolívar y 6 de Enero de esta ciudad; además detuvieron a tres hombres y una mujer.
En la noche del jueves último, mientras el personal de Drogas Peligrosas recorría calles internas del barrio Simón Bolívar, observaron que dos sujetos se desplazaban a una velocidad elevada en una motocicleta Honda Titán, transportando una caja de cartón que llamó la atención de los investigadores.
Cuando pretendieron demorarlos entre las manzanas 31 y 32 del referido barrio, los sujetos realizaron maniobras zigzagueantes con intenciones de evadirlos, pero finalmente fueron demorados.
En presencia de testigos, se verificó el contenido de la caja y hallaron 20 envoltorios de marihuana, con un peso superior a los nueve kilos; también secuestraron dos celulares y la motocicleta en la que se desplazaban.
En medio del procedimiento, un grupo de vecinos se interpuso con el objetivo de liberar a los detenidos. Se solicitó apoyo y acudió al lugar: efectivos de la Delegación de la Unidad Regional Uno Distrito Cinco, Delegación Departamento Informaciones Policiales 8 de Octubre, Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR), el Grupo de Operaciones e Inteligencia Táctica.
El caso se puso a conocimiento del Juez de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, Dr. José Luis Molina, quien direccionó el procedimiento.
En la continuidad de la investigación, detuvieron a un hombre y una mujer que circulaban en una motocicleta de 110 cilindradas; además secuestraron dos celulares y una importante suma de dinero.
Allanamientos
En la mañana de este viernes, se concretaron tres allanamientos en viviendas de los barrios Simón Bolívar y 6 de Enero, donde secuestraron otros elementos de interés para la causa.
Las cuatro personas detenidas, se notificaron su situación legal y posteriormente fueron trasladadas a las Unidades Penitenciarias Provinciales (UPP), quedando todo en manos de la magistratura interviniente.
El trabajo articulado entre la Policía y la Justicia Provincial, sumado a la valiosa participación ciudadana, son vitales para evitar que la droga dañe el tejido social.