El reciente paro nacional de transporte y la virulenta reacción del gobierno de Javier Milei -incluyendo el uso de canales estatales para desacreditar a los trabajadores organizados- revelan más que una disputa coyuntural: exponen una concepción profundamente autoritaria del vínculo entre Estado, economía y sociedad.
En tiempos donde se glorifica el mercado y se demoniza al Estado, el gobierno parece olvidar que la huelga no es una amenaza, sino un derecho constitucional que resguarda la dignidad de quienes trabajan.
El ataque discursivo y comunicacional desde el aparato estatal no solo es un acto de desprecio hacia millones de personas que sostienen la economía con su esfuerzo cotidiano, sino también una inadmisible intromisión sobre una garantía fundamental de cualquier democracia: el derecho a la protesta laboral.
Quienes argumentan que «el paro le cuesta millones al país» no hacen sino confirmar, sin quererlo, que el trabajo es la fuente primaria de riqueza. Cada colectivo que no circula, cada tren detenido, cada avión en tierra, visibiliza lo que normalmente permanece invisible: sin trabajo, no hay valor.
La paradoja es cruda. Los mismos que justifican salarios de pobreza con excusas de “eficiencia” y “competitividad”, lloran las pérdidas cuando los trabajadores deciden no regalar su tiempo.
Pero hay algo más perverso en ese discurso. Al medir los «millones perdidos» por un paro, se omite -de manera ideológica- que esos millones se generan precisamente con el esfuerzo de quienes están hoy reclamando. Es decir, se reconoce implícitamente que el sistema funciona gracias a los que menos ganan.
Entonces, ¿por qué se pretende acallar su voz con amenazas o estigmatizaciones? ¿Por qué se los acusa de “privilegiados” cuando lo único que reclaman es un salario digno y condiciones de trabajo humanas?
Aún más grave es la utilización de aplicaciones como «Mi Argentina» para enviar mensajes de propaganda oficialista contra la huelga, transformando herramientas públicas en dispositivos de manipulación ideológica. Se trata de una maniobra que no solo vulnera el derecho a huelga, sino que transgrede límites éticos y jurídicos fundamentales en una sociedad democrática.
En este contexto, la CGT ha decidido convocar a un paro general esta semana. Y no solo es legítimo: es necesario, urgente, y profundamente justo. Porque no se trata de un simple reclamo sectorial; se trata de ponerle un límite a un modelo económico que está arrasando con el tejido social argentino, que licúa salarios, desmantela derechos y convierte el ajuste en una religión dogmática.
El paro de la CGT es, en realidad, la voz de millones que no tienen otra herramienta para decir “basta”.
El paro es una forma de resistencia democrática ante un gobierno que intenta despojar al pueblo trabajador de sus derechos históricos. Es una herramienta legal, legítima y moral.
Porque cuando el diálogo es reemplazado por la imposición, la huelga es el único idioma que escucha el poder. Y si ese poder se ofende ante el ejercicio del derecho a huelga, es porque no entiende ni respeta la república que dice defender.
La economía no es neutra. Las cifras que se agitan para demonizar la huelga ocultan decisiones políticas sobre cómo distribuir la riqueza y a quién proteger en tiempos de crisis. El paro, entonces, no daña a la economía: la muestra tal cual es.
Y en ese espejo, lo que se refleja no es la irresponsabilidad de los trabajadores, sino la miseria de un modelo que naturaliza la precariedad y criminaliza la organización colectiva.
En definitiva, el derecho a huelga no se discute: se garantiza.
Porque sin la posibilidad de detener la producción, no hay verdadera libertad en el mundo del trabajo. Y sin libertad, no hay república posible.
Por eso, este paro no es un freno: es un acto de defensa de la dignidad. Y suena más fuerte que cualquier cadena nacional, por que bien lo supo definir un ex Presidente «Cuando la arbitrariedad se convierte en ley, la rebelión se convierte en un derecho”.
Lic. Faustino «Yiyo» Duarte