En un mercado con miles de operaciones por mes, especialistas advierten sobre los riesgos legales y económicos que pueden enfrentar compradores y vendedores. Cuáles son los errores más frecuentes, cómo prevenirlos y por qué crece la necesidad de capacitarse en un rubro donde la informalidad sigue presente.
En Argentina se realizan más de 1,3 millones de transferencias de vehículos usados por año, según datos de la Dirección Nacional del Registro del Automotor. Aunque el negocio se mantiene activo, no todas las operaciones terminan bien: estafas, conflictos judiciales e imposibilidad de transferir el auto son situaciones cada vez más frecuentes.
“Uno de los errores más comunes que veo en los casos que llegan a mi estudio es la falta de averiguación de los antecedentes jurídicos, registrales e impositivos del vehículo que se va a comprar”, explica Mónica Sticconi, abogada, especialista en Derecho Administrativo y exjueza de Faltas. “Se adquieren sin una mínima investigación previa y luego se encuentran con problemas graves: titulares fallecidos, pedidos de secuestro o causas penales. Eso termina en una pérdida económica y muchas veces en la imposibilidad de usar el vehículo”.
Paula Todesco, Coordinadora Académica de la Diplomatura en Comercialización de Automotores de la Fundación Centro de Estudios Registrales (FUCER), agrega: “Muchas veces las personas solo se enfocan en el funcionamiento o la estética del auto, pero no tienen en cuenta los informes preventivos para conocer la situación jurídica e impositiva del dominio. El auto está impecable, pero no se puede transferir, y ahí empiezan los problemas”.
Desde FUCER, una institución que dicta programas de formación específica para el rubro, detectan un interés creciente por parte de concesionarias, agencias e incluso abogados y mandatarios que buscan especializarse. Todesco sostiene: “Hay una búsqueda por jerarquizar la actividad. Vemos titulares de agencias con 30 o 40 años en el rubro que ahora se acercan a capacitarse, lo mismo que sus hijos, empleados o profesionales que quieren entrar al negocio desde un enfoque más formal”.
Sticconi, docente en la diplomatura, advierte que muchos operadores no son conscientes de que están alcanzados por la Ley de Defensa del Consumidor. “Esta es una ley protectora de los derechos de los consumidores. Si hay un conflicto con un comprador y el caso llega a la Justicia, la norma favorece al consumidor. Entonces, una operación que parecía simple puede transformarse en un mal negocio para la agencia o el concesionario”, explica.
Todesco refuerza: “No solo es importante tener información técnica y jurídica. Es imprescindible. Cuanto más conocimiento haya, menor será el margen de riesgo”.
La diplomatura también atrae a personas que todavía no están en el rubro pero quieren ingresar con herramientas sólidas. “Vienen desde cero, eligen formarse antes de lanzarse al negocio. Y eso es clave para evitar los errores más frecuentes”, destaca Todesco.
Ambas especialistas coinciden en que la informalidad sigue siendo uno de los principales problemas del sector. “Muchos compran en lugares sin respaldo legal o sin pedir los informes necesarios. Todo puede parecer bien al principio, pero después aparecen sorpresas que impiden la transferencia. La falta de formación termina saliendo cara”, concluye Sticconi.