El reciente despliegue de efectivos militares en las provincias del norte argentino, dispuesto por el Ministerio de Defensa de la Nación, ha generado una fuerte controversia en distintos sectores políticos y sociales. La medida, implementada bajo un documento reservado y denominada Operativo Julio A. Roca, asigna el 80 % de las milicias nacionales al control de fronteras con el objetivo de frenar el ingreso irregular de personas al país. Sin embargo, las atribuciones otorgadas a los militares han despertado cuestionamientos por supuestas violaciones a las leyes que rigen la seguridad interior en la Argentina.
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, fue una de las voces más críticas respecto a esta decisión. Si bien reconoció que las intenciones pueden ser buenas y que la legislación vigente en materia de defensa y seguridad necesita ser modernizada, advirtió que “lo que corresponde es que el Gobierno Nacional, junto con el Congreso, se aboquen a actualizar las normativas para un adecuado control y vigilancia de nuestras fronteras, definiendo claramente los roles y misiones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad”.
Gialluca remarcó que, aunque es comprensible el refuerzo del control fronterizo para frenar el narcotráfico y el tráfico de sustancias ilegales, “otra cosa muy diferente es delegar funciones de seguridad interior a militares formados para el combate y no para la represión de delitos comunes”. Recordó que en la historia reciente del país “ya se vivieron consecuencias nefastas cuando la seguridad interna fue confiada a las Fuerzas Armadas”.
Advertencia sobre el
uso de militares en
tareas de seguridad
La principal objeción del Ombudsman provincial gira en torno a que, según el documento reservado, los efectivos militares desplegados en el operativo también tendrían funciones de policía de seguridad, lo que violaría las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior sancionadas tras el retorno de la democracia. Dichas leyes prohíben expresamente que el Ejército actúe en cuestiones de seguridad interna, una potestad reservada a las fuerzas de seguridad civiles como Gendarmería, Policía Federal y Prefectura Naval.
“Quienes apoyan este tipo de medidas carecen de memoria y desconocen que la formación de los soldados es castrense, enfocada en escenarios de guerra, completamente diferentes al combate del narcotráfico”, sentenció Gialluca, y apuntó directamente contra la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a quien responsabilizó por promover un enfoque que confunde conceptos estratégicos y pone en riesgo la institucionalidad democrática.
Críticas a la ubicación
del operativo y falta
de debate parlamentario
Otro de los cuestionamientos señalados por el Defensor del Pueblo es la elección geográfica del despliegue militar. Según Gialluca, las organizaciones delictivas más estructuradas vinculadas al narcotráfico no operan principalmente en las provincias del norte, sino que “se encuentran enquistadas en las provincias centrales del país, donde deberían concentrarse las tareas de inteligencia y represión del delito”.
Además, criticó que ni la orden reservada ni la medida fueron debatidas en el Congreso de la Nación, lo que alimenta —según sus palabras— una “turbiedad institucional” inaceptable. Señaló también que la medida fue repudiada incluso por aliados del presidente Javier Milei, así como por organismos de derechos humanos y exministros de Defensa, quienes han calificado la disposición como “abiertamente irregular”.
Llamado a respetar el
marco legal vigente
Finalmente, el Defensor remarcó que existen suficientes efectivos en fuerzas de seguridad nacionales y provinciales que pueden abocarse a la lucha contra el narcotráfico sin involucrar a militares en tareas de seguridad interna. Propuso que los soldados pueden desplegarse en las fronteras como apoyo logístico y de vigilancia, pero sin asumir funciones que los expongan a situaciones judiciales o a la necesidad de intervenir con uso de armas de fuego contra civiles.
Gialluca concluyó afirmando que cualquier política destinada a reforzar la seguridad y proteger las fronteras debe respetar la legalidad vigente, salvaguardar los derechos humanos y evitar repetir errores del pasado, en los que la militarización de la seguridad interior derivó en graves violaciones a las libertades civiles.