La ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, manifestó su profunda preocupación ante el proceso de recorte de pensiones por invalidez laboral que impulsa el Gobierno nacional, en el marco de un ajuste fiscal que, lamentablemente, ha puesto en la mira a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
La auditoría masiva que está llevando adelante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) comenzó a traducirse en una injusta suspensión de beneficios a cientos de miles de personas con discapacidad en todo el país.
En numerosos casos, los titulares no han recibido notificación fehaciente sobre el inicio del proceso ni han contado con la posibilidad real de presentar la documentación médica exigida.
“Muchas de las notificaciones enviadas no llegan a destino por problemas en los domicilios registrados o por fallas en el sistema de distribución”, explicó Giménez.
Además, señaló que, “en algunos casos, las personas reciben citaciones en localidades muy alejadas de su lugar de residencia y, ante la imposibilidad de trasladarse, terminan perdiendo el turno asignado”.
Por otra parte, las vías de comunicación dispuestas por la ANDIS como líneas telefónicas, contactos de WhatsApp y correos electrónicos, no están brindando respuestas efectivas, lo que dificulta el acceso a información clara y oportuna, manteniendo en un estado de desinformación total a las personas afectadas.
“Esta situación afecta gravemente a personas con discapacidad que han quedado en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad aún mayor”, expresó la funcionaria.
Lejos de ofrecer alternativas que garanticen el derecho a la defensa, se optó desde Nación por avanzar con la baja del beneficio sin garantizar el debido proceso.
“No se trata de negar la necesidad de controles. Si hay irregularidades, por supuesto que deben corregirse, pero eso no habilita a atropellar derechos ni a condenar a la indigencia prácticamente a quienes más necesitan del acompañamiento del Estado” subrayó Giménez.
Y agregó: “Lo correcto es auditar con criterio, caso por caso, ya que el Estado tiene las herramientas para verificar la situación de cada beneficiario, sin necesidad de atropellar”.