La Defensoría del Pueblo impulsará una presentación judicial ante el juez federal de Reconquista, exigiendo reparaciones urgentes y una solución definitiva para una de las rutas más transitadas del país.
Ante la crítica situación de la Ruta Nacional Nº 11, que atraviesa las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe y culmina en la frontera con Paraguay, la Defensoría del Pueblo anunció que acudirá nuevamente a la Justicia Federal. Esta vez, el reclamo apunta a la reparación integral de la vía y, en particular, a una solución de fondo para el deteriorado “Puente Blanco”, cuya estructura presenta fallas graves desde hace años.
El ombudsman de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, confirmó que se realizará una presentación formal ante el juez federal de Reconquista, Dr. Aldo Alurralde, quien ya había ordenado a la Dirección Nacional de Vialidad realizar obras en los tramos de la ruta que cruzan los departamentos Vera, San Javier y General Obligado, en Santa Fe. Dicha medida fue apelada por el Gobierno Nacional, pero la Cámara Federal de Resistencia rechazó esta semana el recurso y ratificó el fallo emitido el 10 de marzo de 2025.
La Defensoría exigirá que Vialidad Nacional se haga cargo de las reparaciones, incluyendo el bacheo, desmalezado, iluminación y la construcción de puentes a lo largo de la Ruta 11. Gialluca valoró la decisión judicial y recordó que incluso se había fijado un plazo hasta el 28 de abril para finalizar los trabajos. Además, el juez solicitó los nombres de los funcionarios responsables dentro de Vialidad Nacional, para evaluar posibles sanciones ante el incumplimiento.
El funcionario también denunció que, pese a haber agotado todas las instancias administrativas, incluido el viaje a Buenos Aires para reuniones con altos directivos de Vialidad Nacional, la situación no ha tenido avances. “Celebramos audiencias públicas, dialogamos con técnicos y abogados, pero lo único que recibimos es abandono permanente”, afirmó.
Gialluca rememoró que ya en 2018 se había acudido al Juzgado Federal, cuando el entonces juez subrogante, Dr. Fernando Carbajal, ordenó a Vialidad presentar un proyecto técnico de obra para el Puente Blanco, integrando al Estado provincial y municipal en la causa. Pese a ello, no hubo avances concretos.
El defensor fue categórico al rechazar las acusaciones de que se trata de una maniobra electoralista: “Esto no tiene nada que ver con un gobierno en particular. Denunciamos este abandono durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Nunca hubo voluntad política para resolverlo”, sostuvo.
Además, remarcó que el deterioro pone en riesgo la vida de miles de usuarios. “Es tragicómico que el Estado haga campañas de seguridad vial cuando las rutas están destruidas y los conductores deben esquivar pozos cruzando de carril, provocando accidentes.”
En la última reunión con la Asociación Argentina de Transportadores de Hacienda (AATHA), sus autoridades reafirmaron las denuncias por el mal estado de la ruta. Se espera que esta entidad también se sume a la demanda judicial, junto a las Defensorías del Pueblo de Santa Fe y Chaco.
Por último, Gialluca denunció como «una decisión inédita» el cierre de todos los contratos vigentes por parte del titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, bajo el argumento de que resultan inviables por la situación financiera del país. “Esta es una muestra más del desprecio hacia el interior. Si estos pozos o el Puente Blanco estuvieran en Buenos Aires, ya estarían solucionados”, concluyó.