Casal elevó finalmente su dictamen en la causa que tiene en vilo a la exmandataria. Refrenda el pedido formulado por los fiscales del caso y deja ahora en manos de la Corte Suprema la definición.
Eduardo Casal, elevó finalmente su dictamen en la causa Vialidad reclamando 12 años de prisión para la expresidenta Cristina Kirchner. La decisión del magistrado refrenda el pedido formulado por los fiscales del caso y deja ahora en manos de la Corte Suprema la definición de la situación procesal de la exmandataria junto a la posibilidad de una inhabilitación para presentarse a elecciones.
Si bien no es vinculante, el dictamen del procurador interino ratifica la línea más dura de los fiscales del caso de una sentencia que incluye también la imposibilidad de ejercer cargos públicos de forma perpetua. Ante el reciente fracaso de Ficha Limpia en el Senado, una ratificación de la condena en primera y segunda instancia contra Cristina Kirchner la deja a un paso del ostracismo político, cuando la puja hacia el interior del peronismo sigue viva.
El 22 de agosto de 2022, el fiscal federal Diego Luciani había solicitado una condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo en el marco del juicio oral por la causa conocida como «Vialidad», en la que se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas a Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas.
En un extenso alegato que se extendió por nueve jornadas, Luciani sostuvo que existió una «asociación ilícita» encabezada por Fernández de Kirchner destinada a sustraer fondos del Estado a través de la obra pública en Santa Cruz. Según el fiscal, el esquema delictivo se sostuvo entre 2003 y 2015, primero bajo la presidencia de Néstor Kirchner y luego bajo los dos mandatos de Cristina Fernández.
Luciani planteó que entre 2003 y 2015 funcionó «la matriz más extraordinaria de corrupción» que haya tenido el país. Según su alegato, la expresidenta lideró una organización criminal integrada por funcionarios de alto rango -entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti-, cuyo objetivo era beneficiar sistemáticamente a Lázaro Báez, un empresario sin antecedentes en obra pública que fundó su empresa Austral Construcciones apenas días antes de que Kirchner asumiera la presidencia.
De acuerdo con la fiscalía, el favoritismo a Báez no fue una cuestión técnica o administrativa, sino una decisión política deliberada. «Lázaro Báez era Néstor Kirchner», sentenció Luciani, y luego agregó que, tras la muerte del expresidente, Cristina Fernández tomó las riendas del esquema, permitiendo su continuidad y profundización.
Uno de los núcleos argumentales en el dictamen de Casal gira en torno a la figura de asociación ilícita, cuya aplicación fue desestimada por el tribunal oral y luego por la Cámara de Casación. Según la acusación, el entramado de funcionarios públicos que operó entre 2003 y 2015 constituye una organización criminal permanente y con fines múltiples, no una única maniobra fraudulenta.
«El fiscal general valoró, a mi entender con argumentos concluyentes, que esa era la exacta característica de la organización conformada por los imputados», sostuvo Casal. Y agregó: «Cuando el grupo se constituyó no se acordó ?un catálogo detallado de cuáles iban a ser las conductas concretas que se ejecutarían para cumplir con los fines defraudatorios’».
Cómo fue el
mecanismo delictivo
Luciani explicó que el grupo aseguraba la adjudicación de obras a Austral Construcciones mediante licitaciones direccionadas, presupuestos inflados, controles inexistentes y pagos anticipados. De las 51 obras viales adjudicadas en Santa Cruz entre 2004 y 2015, 50 fueron otorgadas al grupo Báez.
Además, el fiscal remarcó que muchas de esas obras quedaron inconclusas o ni siquiera comenzaron, pese a haber recibido financiamiento. Otras se paralizaron, pero el Estado no ejecutó penalidades ni rescindió contratos, lo que -según el Ministerio Público Fiscal- evidenció una cobertura sistemática.
Uno de los puntos clave del alegato fue el análisis de los certificados de obra. Luciani indicó que los pagos se efectuaban de manera veloz, sin controles adecuados, y en muchos casos antes de haberse realizado los trabajos. Esto habría permitido desviar fondos estatales hacia el empresario, generando un perjuicio económico al erario público que el fiscal estimó en más de $5.300 millones.
Para Luciani, Cristina Fernández no solo estaba al tanto de las maniobras, sino que fue quien las lideró. Señaló que desde la Presidencia tenía la capacidad de controlar los fondos, los nombramientos y el diseño de políticas públicas. La fiscalía la ubica en el vértice de la organización ilícita y sostiene que, sin su consentimiento, el plan no podría haberse llevado adelante.
De este modo, en el dictamen elevado hoy, se refuta la idea de que, al no haberse verificado una pluralidad de planes delictivos determinados, no se configuraba la asociación ilícita. Según el procurador, la figura penal no requiere la ejecución efectiva de múltiples delitos, sino que se trata de «una actividad preparatoria que se consuma por la sola integración a la organización».
En sus palabras: «Que efectivamente la organización haya concretado un solo plan no es incompatible con la figura de la asociación ilícita, cuya configuración no depende de ejecución alguna».
Casal cuestionó además que se aplicara la figura del «delito continuado» para justificar el tratamiento como un único hecho de las 51 obras viales adjudicadas a Báez. «No hay […] ninguna justificación para acudir a ese artificio cuando de lo que se trata aquí es de la adjudicación fraudulenta de cincuenta y un contratos de obra pública dentro de un esquema comprobado de corrupción», argumentó.
En su alegato original, Luciani recurrió a pruebas documentales, testimonios y comunicaciones extraídas de dispositivos electrónicos. Hizo foco, por ejemplo, en mensajes entre José López y otros funcionarios, así como en agendas que demostrarían el contacto directo entre Báez y la Casa Rosada.
Luciani y su colega Sergio Mola pidieron que Cristina Fernández sea condenada a 12 años de prisión como coautora de los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además, solicitaron la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, una multa equivalente al monto del perjuicio y el decomiso de los bienes adquiridos con fondos presuntamente desviados.
El mismo pedido fue formulado para Lázaro Báez y José López. Para De Vido y Periotti, la fiscalía solicitó 10 años. En total, el alegato apuntó a 13 imputados, a quienes se acusa de formar parte de la red de corrupción. Casal también apuntó contra la absolución de funcionarios clave, como Julio De Vido, entonces ministro de Planificación Federal. Según el procurador, los actos administrativos firmados por De Vido fueron fundamentales para asignar fondos y garantizar que Austral Construcciones fuera el contratista privilegiado.
«De Vido no sólo adaptó su contribución a un plan criminal en curso que conocía a la perfección -descartando así toda posible consideración de su conducta como neutral o dentro del riesgo permitido-, sino que más bien fue uno de sus principales organizadores», expresó.
La Procuración también cuestionó el razonamiento absolutorio respecto de Abel Fatala y Héctor Garro. En ambos casos, señaló Casal, el tribunal incurrió en excesivo formalismo para excusar omisiones que fueron, en realidad, facilitadoras de la maniobra. «Fatala asumió su cargo con la deliberada intención de no ejercer sus atribuciones», afirmó, y respecto de Garro, denunció que «la sentencia se negó a valorar prueba decisiva bajo un pretexto que sólo de manera aparente constituye un fundamento».
Otro de los puntos fuertes del reclamo fue la exclusión de pruebas testimoniales ofrecidas por el Ministerio Público, como las declaraciones de los arrepentidos José López, Carlos Wagner y Juan Chediack en la causa «cuadernos». «Se había planteado una violación al debido proceso por haber rechazado […] las declaraciones […] que se estimaban pertinentes y útiles para demostrar la acusación», escribió Casal.
Casal objetó la drástica reducción del monto del decomiso ordenado por el tribunal oral, que fue fijado en una cifra muy inferior a la que había calculado la fiscalía. Afirmó que el tribunal ignoró los fundamentos técnicos y cuantitativos presentados por el Ministerio Público, desestimándolos con una «fórmula abstracta».
La causa Vialidad tuvo un fuerte impacto político y mediático desde su inicio. El alegato de Luciani reactivó la polarización y motivó una respuesta pública de la expresidenta, quien denunció una «persecución judicial» y se negó a declarar nuevamente ante el tribunal. En su defensa, Cristina Fernández sostuvo que el juicio fue armado y que las decisiones sobre obra pública fueron legítimas políticas de Estado.
Con este juicio, Cristina Fernández de Kirchner enfrenta la causa judicial más avanzada en su contra. El fallo, cuando llegue, no solo definirá su situación penal, sino que marcará un hito en la historia política y judicial reciente del país.