En el piso de Expres en Radio, el concejal capitalino por la UCR, Diego Herrera, alertó sobre una práctica que se repite desde hace años: cortes del servicio de agua por falta de pago, pese a que existen fallos judiciales que lo prohíben. Herrera asegura que Aguas de Formosa “juega con la desesperación de la gente” y que el Ente Regulador “no cumple ninguna función de control”.
“Hace unas semanas comenzaron a llegarnos mensajes de vecinos diciendo que les estaban cortando el agua por no pagar”, explicó el edil. Ante estos reclamos, Herrera se contactó con una colega que atravesaba la misma situación, y quien le presentó fallos judiciales que, desde el año 2001, establecen que es inconstitucional cortar el agua por mora en el pago.
“La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Formosa ya falló en múltiples oportunidades: no se puede cortar el servicio por falta de pago. El agua es un derecho humano esencial. El país se adhirió a pactos internacionales como el de San José de Costa Rica, que establecen que el acceso al agua es un derecho fundamental para la vida”, subrayó.
Aguas de Formosa suele argumentar que puede cortar el servicio cuando hay tres meses de deuda, sean consecutivos o no. Sin embargo, la Justicia ha dejado claro que esa normativa interna es inconstitucional, y que, incluso ante la mora, la empresa debe garantizar un mínimo de provisión del servicio para cubrir necesidades básicas.
“La empresa lo sabe. Pero igual va y corta, apostando a que la gente no va a ir a la Justicia a presentar un amparo, sino que va a correr a pagar lo que debe, desesperada. Así actúa Aguas de Formosa”, denunció Herrera. Además, criticó duramente al Ente Regulador (EROSP): “No controla absolutamente nada. Habría que cerrarlo”.
Otro tema que preocupa al concejal es la falta de información clara sobre los aumentos en las tarifas, tanto del agua como de la energía eléctrica. “Cada vez que Aguas de Formosa o Refsa piden un aumento, supuestamente hacen un informe de costos. Pero nunca se muestra al público. No hay audiencias, no hay acceso al detalle técnico. Simplemente se aprueba el aumento”.
Herrera remarcó que la ley del Ente Regulador no exige expresamente audiencias públicas, pero que la Constitución Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor sí reconocen el derecho de los usuarios a ser informados con antelación.
“La ley que regula al EROSP dice claramente que antes de cualquier aumento se debe informar al usuario. Eso no se cumple. Presentamos amparos para que se revele esa información, pero nos rechazan por formalismos. La Justicia muchas veces ni siquiera trata el fondo del asunto”.
Ante este escenario, el equipo legal del concejal está evaluando nuevas vías para presentar acciones que logren discutir el fondo de la cuestión, y no queden trabadas en tecnicismos jurídicos.
Una problemática
estructural
La situación no es nueva, pero sigue sin solución. Los cortes de agua afectan especialmente a los sectores más vulnerables, quienes muchas veces no tienen herramientas ni recursos para reclamar judicialmente.
“Esto no es un problema técnico, es una violación a los derechos humanos básicos. No se puede seguir permitiendo que empresas monopólicas, sin control ni transparencia, tomen decisiones que afectan la salud y la dignidad de los vecinos”, concluyó Herrera.