Con la medida ya emitida, el gobierno de Javier Milei se reunió este martes con gobernadores para explicar los detalles del «Plan Colchón» y pedirles que se adhieran. ARCA ya informó que castigará a los distritos que no participen de la medida, y como un símbolo de esto los gobernadores que se expresaron en contra no participaron de la reunión virtual.
Según indicaron desde Casa Rosada, «hubo buena predisposición» y se registraron preguntas técnicas de parte de las provincias. Por ahora no se planteó la adhesión inmediata, sino que la conversación fue de tono informativo.
El denominado «Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos» anunciado por el gobierno nacional, tiene como intención flexibilizar los controles impositivos para que los argentinos puedan blanquear dólares no declarados.
Esto puso en alerta a especialistas en lavado de activos y a gobernadores de distintas provincias que luchan contra dicha problemática. Así como también dejó a algunos mandatarios desconcertados sobre cómo sería la aplicación de dicha doctrina.
Según indicaron fuentes de Casa Rosada, el encuentro online se dio tras las consultas de los mandatarios y del mismo participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y su vice del Interior, Lisandro Catalán. Además, también estuvieron presentes el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y el jefe de ARCA, Juan Pazo.
En el primer zoom participaron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y un representante por Tucumán.
Luego, en una segunda reunión a las 16 horas estuvieron los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz) y representantes por Córdoba y Entre Ríos.
Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, no fue de la partida porque, según dijeron, «está acá a diez cuadras» y no hace falta invitarlo a un evento especial.
Tal como lo había informado El Cronista, muchos de estos dirigentes no habían expresado una opinión tajante al respecto, esperando la decisión de Nación. Sólo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la administración de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof pusieron reparos al plan libertario.
Esto último se expresa claramente en la cita de los gobernadores, ni Pullaro ni Kicillof participarán de las reuniones organizadas por Balcarce 50.
Según indicaron fuentes allegadas al jefe de Gabinete, la falta de invitación a dichos mandatarios se debió a sus expresiones en contra de la medida dictada por el Poder Ejecutivo.
Esto se suma a la decisión que dio a conocer el vocero presidencial Manuel Adorni esta mañana sobre un nuevo Convenio de información de Arca con las Provincias. En dicho documento se anunció que ARCA va a eliminar los regímenes de información con las provincias que «se nieguen a darle la libertad a los argentinos de administrar como quieran su dinero».
Además, agregaron que las provincias que no adhieran a este nuevo sistema perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que superen los umbrales fijados por ARCA ($50.000.000).
«De esta manera, el Gobierno nacional va a garantizar la libertad de los argentinos de usar su dinero como quieran. Todos los gobernadores están convocados a ser parte de esta nueva era donde los ciudadanos son inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario», aseguraron.
¿Qué pasa si las
provincias no adhieren?
El abogado tributarista y profesor de la Universidad Austral, Diego Fraga, opinó que el esquema puede generar «tensiones políticas» y hasta un «intento de judicialización» por parte de algunas provincias.
Sin embargo, aseguró que esto es «inviable». «Lo que se busca es permitir que esos dólares -que ya están fuera del circuito formal- se vuelquen a la economía. No son fondos que hoy estén tributando. Si siguen vigentes los controles orwellianos de ARCA, directamente no se usarían, y con eso pierden todos: Nación y provincias», opinó Fraga.
A pesar de ello, el tributarista lanzó una advertencia: «Para que el plan sea creíble y tenga seguridad jurídica, debe pasar por el Congreso».
«Ahí sí será necesario el apoyo de legisladores provinciales, incluso de aquellos que hoy se muestran críticos. Si no hay ley, todo dependerá de resoluciones administrativas o tolerancias informales, con el riesgo de que no haya masa crítica para que funcione», remarcó.
El experto recordó que las provincias cuentan con autonomía tributaria garantizada por la Constitución, por lo tanto Nación no puede ignorar las regulaciones provinciales en caso de que se impongan.
«Pueden establecer sus propios impuestos, fiscalizar y perseguir deudas locales, y también decidir cómo actuar frente a regímenes de alivio o blanqueo que impulse la Nación», señaló.
Sin embargo, al tener la información disponible en ARCA Nación podría condicionar el flujo de información para dificultarle el trabajo a los órganos locales. De ahí que los gobernadores quieren sentarse a negociar.
Las provincias con mayor peso tributario son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Por ello, sería crucial que todos estos distritos se plieguen a la medida.
«Pueden, en los hechos, condicionar la implementación práctica del plan en sus territorios. Pueden tensionar o demorar la implementación, pero si el régimen se encuadra dentro de una ley nacional votada por el Congreso, la presión institucional sobre las provincias será mucho mayor», cerró Fraga.
El gobernador de Santa Fe fue el primer mandatario en expresar sus reservas para con la medida de Luis Caputo. Durante su presentación en el panel «Federalismo en la Argentina competitiva» en el AmCham Summit 2025, Pullaro indicó que habría que «ser muy cautos y específicos en esto, por el narcotráfico, pero también muchas economías ilegales, pueden terminar perforando la economía formal».
Luego de estas declaraciones, Santa Fe anunció la creación de un comité que buscará evitar «blanqueos por parte del crimen organizado».
«Hemos decidido puesta en marcha de un comité compuesto por representantes de todos los ministerios y otras dependencias del Estado para diseñar un programa de disrupción financiera y patrimonial que se va a centrar en personas y organizaciones que están vinculadas judicialmente y por los órganos de inteligencia al crimen organizado», explicó el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Pablo Cococcioni.
Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, evitó confrontar con la Nación y señaló que lo que se busca es que el 1% de los que pueden ingresar dinero de origen delictivo no perjudique al 99% que tienen buenas intenciones.
En cuanto a la provincia de Buenos Aires, la disputa comenzó luego de que el director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, habló de las medidas del Ejecutivo para sacar los «dólares del colchón» y afirmó que el gobierno bonaerense continuará con los controles tributarios vigentes.
Según argumentó, no hubo modificaciones legales que respalden el anuncio de Nación sobre un nuevo su esquema de fiscalización. «En la medida en que no cambien las leyes, las obligaciones tributarias vigentes son las mismas que antes de los anuncios de Nación», explicó Girard en diálogo con Radio Rivadavia
Las declaraciones llegan en un contexto de conflicto entre el Ejecutivo de Javier Milei y el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, que criticó abiertamente la medida. Incluso, ARCA emitió un comunicado en el que condicionó el acceso a datos tributarios a la adhesión de las jurisdicciones al régimen.
Así, planteó que el esquema propuesto por el Gobierno nacional «carece de seguridad jurídica». Por eso, «hasta tanto no se apruebe en el Congreso un cambio normativo, las cosas siguen tal como estaban antes».
«Si vos no sos contribuyente de ingresos brutos ARBA no tiene ninguna intervención en el control de esos fondos. El gobierno anuncia algo que es una declaración de intenciones y un slogan político que instalan una narrativa. Lo que dijimos fue no cambió ninguna ley, y si no cambian las leyes, las obligaciones tributarias son las mismas», remarcó el titular de ARBA en diálogo con Nacho Girón para CNN en Español.