Mientras algunas provincias apoyan el blanqueo impulsado por Nación, otras contraponen su propia demanda a Economía para acompañar la medida. Qué impacto podría tener en la implementación del plan.
En medio del «Plan Colchón» de Luis «Toto» Caputo, funcionarios del Gobierno nacional se sentaron con los gobernadores para pedirles que firmen un convenio para compartir información fiscal y adelantaron reprimendas contra aquellos que no acuerden con la nueva medida de blanqueo. Por su parte, los mandatarios comenzaron a dividirse entre aquellos que se plegarán al pedido presidencial y los que esperan una ley en el Congreso para accionar.
Según indicaron desde Casa Rosada, «hubo buena predisposición» y se registraron preguntas técnicas de parte de las provincias. Por ahora no se planteó la adhesión inmediata, sino que la conversación fue de tono informativo.
El denominado «Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos» anunciado por el Gobierno nacional, tiene como intención flexibilizar los controles impositivos para que los argentinos puedan blanquear dólares no declarados.
Además, el Ejecutivo reportó que el nuevo Convenio de información de Arca con las Provincias va a eliminar los regímenes de información con las provincias que «se nieguen a darle la libertad a los argentinos de administrar como quieran su dinero».
Sin embargo, para que dicho plan funcione es imprescindible el apoyo de los gobernadores para que estos ordenen a los organismos recaudatorios de sus provincias plegarse a la decisión de Nación.
Asimismo, el problema principal radica en aquellos distritos que tienen mayor peso tributario en la coparticipación. Estos son provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe o Mendoza, que tienen alta recaudación propia y estructuras fiscales desarrolladas y pueden condicionar la implementación práctica del plan en sus territorios.
Sin embargo, si el régimen se encuadra dentro de una ley nacional votada por el Congreso los gobernadores deberían acatar dicha medida. Esto último fue reafirmado por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aire (ARBA), dónde indicaron que hace falta una ley que se consensue con las provincias.
Fuentes allegadas al titular de ARBA, Cristian Girard, indicaron que el marco normativo del gobierno no es suficiente para darle seguridad jurídica al contribuyente.
«No hubo modificaciones en las leyes para qué como funcionarios públicos no estén obligados a exigir en caso de evasión que se pague por ese impuesto», indicaron. Para la provincia de Buenos Aires, «hace falta una ley y que se consensue con las provincias».
En este sentido aseguraron que si en el mientras tanto Nación quieren un nuevo convenio de información están dispuestos a realizarlo, pero señalaron que no fueron invitados a dicha reunión. Es válido recordar, que la provincia de Axel Kicillof aporta alrededor del 37% de los impuestos coparticipables a Nación, pero solo recibe el 22,7% de la masa coparticipable
La necesidad de consensuar una ley para llevar a cabo el blanqueo fue reafirmada anoche por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien aseguró que Caputo, le pidió que firme un «convenio para compartir información» y, fundamentalmente, que no grave con Ingresos Brutos cuando aparezcan patrimonios que no estaba declarados.
Weretilneck indicó que esa posibilidad es «un problema» porque se necesita una ley para la eximición de las declaraciones de Ingresos Brutos. «El planteo de los gobernadores fue ese, cómo hacer para no caer en una ilegalidad. Por ejemplo, en el blanqueo de Nación se cumplió con una adhesión de las provincias a la ley nacional que permitió no cobrar. Ahora no, por eso, se quedó seguir discutiendo», afirmó en declaraciones para Canal 10
Además, el mandatario dijo que «es el peor momento del vínculo» de Nación con las provincias porque el gobierno central «no entiende, no conoce y ni se preocupa de los temas que vivimos en el Interior del país».
Por otro lado, Santa Fe fue la primer provincia en expresar sus reparos al plan de Milei, sobre todo en relación a los peligros del lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Pullaro anunció la creación de un comité que buscará evitar «blanqueos por parte del crimen organizado» y por ello no fue invitado a la reunión del martes.
Los gobernadores a favor
Entre las provincias fuertes que decidieron apoyar las intenciones de Nación está Córdoba, de Martín Llaryora. Fuentes allegadas al peronista cordobés indicaron que pidieron adhesión a una adenda al Convenio Tributario que va a contener el nuevo régimen simplificado de ganancias.
«No vemos problemas con eso, dicen que con más operaciones en blanco habrá más IVA, ganancias e ingresos brutos, veremos qué pasa. No vemos problema con eso», afirmaron desde el riñón del gobernador Llaryora.
Otro de los gobernadores fuertes que apoyarían la medida de Milei es Alfredo Cornejo. Desde las oficinas del mendocino aseguraron que «es muy probable que acompañe».
«Es una política conveniente, Argentina tiene que funcionar rápidamente más en blanco que en negro, me parece que debemos acompañar la iniciativa», aseguró esta mañana Cornejo en declaraciones a la prensa.
Otro que se hizo eco con reparos fue el gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, quien calificó de «positivo» el encuentro convocado ayer por el Gobierno nacional para avanzar con las provincias en una reforma que permita utilizar dólares no declarados en el mercado interno. Aún así, el chubutense ex Juntos por el Cambio reclamó modificar «una matriz fiscal regresiva, distorsiva y profundamente centralista».
«El balance técnicamente es positivo, todo lo que haga a la simplificación tributaria y tenga por objeto formalizar la economía es positivo para el país, y quedamos con un compromiso de seguir avanzando en estos puntos», afirmó Torres en declaraciones para Radio Rivadavia.
Fuentes allegadas al gobernador de Chubut indicaron que los gobernadores exJuntos por el Cambio (JxC) «están todos de acuerdo», en referencia a Torres y el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio.
Desde la administración de Jorge Macri en CABA aseguraron que no tienen una opinión formada, el mandatario no fue invitado al encuentro el día de ayer con la excusa de que el jefe de Gobierno estaba «a unas cuadras» y no era necesario que estuviera presente.
Finalmente, en Misiones el Frente Renovador de la Concordia, que responde al exgobernador y líder político de la provincia Carlos Rovira, destacó que la propuesta busca saldar una deuda histórica con los ciudadanos que, por diversas razones, mantuvieron sus ahorros fuera del sistema financiero argentino.
Dentro de dicho apoyo también podría entrar el apoyo parlamentario cuando el Gobierno nacional envíe al Congreso Nacional la segunda parte del plan anunciada por Manuel Adorni.
«Es un paso clave hacia la reconstrucción de la confianza del pueblo en las instituciones y en el sistema financiero del país», señalaron desde el Frente Renovador Neo a través de un comunicado la semana pasada, antes de realizarse la reunión y ya alineados con el presidente.
¿Cómo podrían las
provincias perjudicar
al plan de Milei?
El abogado tributarista y profesor de la Universidad Austral, Diego Fraga, opinó que las provincias grandes podrían intentar gravar por su cuenta las operaciones realizadas con dólares no declarados, aplicando impuestos locales como Ingresos Brutos o Sellos.
«También pueden hacer ruido mediático o político, e incluso usar sus fiscos para fiscalizar o amedrentar a quienes participen del esquema, lo cual puede generar incertidumbre y desincentivar el uso del régimen. Y más aún, podrían oponerse en el congreso a las leyes que se promuevan para convalidar el régimen», informó a este medio.
Sin embargo, el experto señaló que muchos de esos fondos están completamente fuera del sistema formal, por lo que ni Nación ni provincias los están recaudando ahora.
«En definitiva, las provincias con mayor peso fiscal pueden tensionar o demorar la implementación, pero si el régimen se encuadra dentro de una ley nacional votada por el Congreso, la presión institucional sobre las provincias será mucho mayor», concluyó.