La Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa expresó su acompañamiento a la inclusión de la Estación Transformadora El Espinillo 500/132 kV y la Línea de Interconexión Internacional 500 kV Villa Hayes (Paraguay)–Formosa como obras prioritarias dentro del Plan de Contingencia Energética 2024-2026. A su vez, se solicitó que se incorpore también la Línea de Alta Tensión (LAT) 220 kV Guarambaré–Clorinda, por su relevancia estratégica en la región.
Sin embargo, el Ombudsman provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que los costos de estas obras no deben ser trasladados a las facturas que mensualmente pagan los usuarios, y pidió que su financiamiento provenga del Tesoro Nacional o de las empresas privadas concesionarias del servicio, como Transnea en el NEA, que según señaló, “no han realizado las inversiones necesarias en los últimos 20 años, ocasionando colapsos de tensión y cortes frecuentes, especialmente durante el verano”.
El nuevo plan energético nacional, impulsado tras la emergencia energética decretada en diciembre de 2023 por el gobierno de Javier Milei, propone una ampliación del 38,3% en la red eléctrica mediante la construcción de líneas de alta tensión, estaciones transformadoras y conexiones internacionales. A diferencia de modelos anteriores, el Estado no financiará las obras, sino que una vez habilitadas, los usuarios residenciales, comerciales e industriales beneficiados deberán pagar un cargo adicional en sus facturas de electricidad.
La Secretaría de Energía explicó que este nuevo esquema retoma herramientas previstas en el marco regulatorio eléctrico, pero hasta ahora poco aplicadas por falta de inversión privada. Según el diagnóstico oficial, el 35% de la infraestructura de transmisión eléctrica está al final de su vida útil, y entre 2018 y 2023 solo se ejecutó el 38% de las inversiones necesarias. La última obra nacional de alta tensión se realizó en 2017, y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en 2006.
Gialluca elevó formalmente su reclamo al Ministro de Economía, Luis Caputo, y a la secretaria de Energía, María Tettamanti. En su presentación, pidió que “las obras del sistema de transporte energético sean solventadas con recursos del Estado o de las concesionarias, que prestan un servicio deficiente y no han invertido ni un centavo en años, perjudicando a los usuarios y a las distribuidoras”.
El defensor también alertó que, si se aplica el nuevo esquema de recuperación de costos directamente sobre las tarifas, los usuarios sufrirán nuevos aumentos, en un contexto donde ya enfrentan subas desmedidas.
“Durante 2024 se aplicaron aumentos del 3.252% en potencia y del 1.254% en transporte. Hoy, muchos usuarios destinan más del 50% de sus ingresos a pagar la luz. Esto es insostenible para hogares, comercios, pymes e industrias”, sostuvo.
El Plan de Contingencia Energética fue elaborado por la Comisión de Transporte Eléctrico con la participación de Cammesa, ATEERA, el Consejo Federal de Energía Eléctrica y otros organismos técnicos. Cada obra deberá pasar por Audiencia Pública antes de su ejecución, que estará a cargo de las concesionarias, bajo supervisión técnica de la Secretaría de Energía.
Desde el Gobierno Nacional defienden el nuevo modelo como una forma de romper con el atraso estructural en infraestructura eléctrica, y afirman que entre 2003 y 2023 se destinaron 150 mil millones de dólares en subsidios sin que eso se tradujera en mejoras efectivas.