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La iniciativa presentada en la Legislatura chaqueña por los diputados Iván Gyoker y Maida With busca modernizar el sistema de concesiones y participación público-privada (PPP) en la provincia, reemplazando una ley vigente desde hace décadas y creando nuevas herramientas para atraer inversión en infraestructura.
El proyecto propone habilitar que personas humanas o jurídicas financien, diseñen, construyan y operen obras o servicios públicos a cambio de su explotación durante un período determinado. Según el texto, los contratos podrán tener plazos fijos o variables y garantizar el recupero de la inversión mediante indicadores como la Tasa Interna de Retorno (TIR) o el Valor Actual Neto (VAN).
“Las inversiones en infraestructura enfrentan hoy múltiples desafíos: marcos normativos poco claros, procesos de contratación lentos, riesgos financieros altos, demoras en pagos y falta de incentivos adecuados”, argumentan los legisladores. Y agregan: “Esta ley busca revertir esa situación, ofreciendo condiciones más favorables para el desarrollo de proyectos sostenibles, con mecanismos modernos, contratos con actualización automática y habilitación de iniciativas privadas”.
El texto también permite que cualquier persona o empresa presente propuestas de iniciativa privada con financiamiento exclusivamente privado. La adjudicación de contratos se basará en criterios económicos y técnicos objetivos, como eficiencia o sostenibilidad, dejando atrás prácticas discrecionales.
Entre los incentivos fiscales, se prevé que hasta el 30% de los ingresos por concesión queden exentos del impuesto sobre los Ingresos Brutos durante cinco años. También se incluye un fondo de garantía y financiamiento anticipado, estructurado mediante fideicomiso, para facilitar el inicio de obras sin demoras administrativas. “Este fondo podrá recibir aportes privados con crédito fiscal de hasta el 30%, además de aportes públicos”, detalla el proyecto.
En paralelo, se propone reformar la ley provincial de adhesión al régimen nacional de PPP (Ley N.º 2.665-F), que según los autores “fue implementada de forma incompleta”. Por ello, se impulsa la creación y puesta en marcha del Consejo de Participación Público-Privada Chaco, con funciones como asesorar al Ejecutivo, estructurar proyectos y controlar su ejecución.
El nuevo marco también autoriza la creación de sociedades de propósito específico, mecanismos de arbitraje y paneles técnicos para resolución de conflictos, y la presentación de informes periódicos del Ejecutivo ante la Legislatura.
“Frente a los modelos tradicionales de obra pública, este régimen ofrece ventajas claras: compartición de riesgos entre Estado y privado, financiamiento directo sin endeudamiento público inmediato, mayor velocidad de ejecución, mejoras en calidad y mantenimiento, y apertura a la innovación”, concluyen los autores.