El 29 de junio, el pueblo formoseño no solo vota autoridades legislativas: también elegimos convencionales constituyentes para reformar nuestra Constitución. En este momento clave, se pone en juego la continuidad de un modelo que defiende la justicia social, la obra pública con empleo local y la planificación con soberanía. Pero no podemos mirar este proceso sin entender que los ataques al proyecto nacional también buscan frenar los avances en las provincias. Lo que le hacen a Cristina es parte de la misma ofensiva contra todo lo que representa el campo popular organizado.
La condena a Cristina Fernández de Kirchner no fue dictada por jueces imparciales ni por tribunales independientes. Fue ejecutada por un aparato judicial armado a la medida del poder económico. Todos los escalones del proceso —desde los juzgados de instrucción hasta la Corte Suprema— están ocupados por figuras puestas o promovidas por Mauricio Macri, en complicidad con los grupos que nunca toleraron un gobierno nacional y popular.
No hablamos de suposiciones. Jueces que jugaron al fútbol en la quinta de Macri, que viajaron a Lago Escondido en aviones privados pagados por empresarios de medios, que armaron causas judiciales en grupo como si fueran estrategias de campaña. Esa no es justicia, eso es mafia judicial al servicio de los ricos.
A lo largo de la historia argentina, cada vez que un proyecto popular tocó intereses del poder real, la respuesta fue la misma: proscripción, cárcel o destierro. A San Martín lo traicionaron cuando se negó a entregar la patria a los ingleses y a pactar con las oligarquías porteñas. A Yrigoyen lo voltearon por ampliar derechos. A Perón lo bombardearon. Hoy vuelven a perseguir al peronismo con la complicidad de trajes y togas.
Porque la cuestión de fondo es esa: el poder económico no perdona que se les haya arrebatado el negocio de la obra pública. Durante décadas, un puñado de empresarios amigos del poder —los Rocca, los Macri, Magnetto (encargado del blindaje mediático de la trama) y compañía— se repartían las obras del país como si fueran propias. Hubo una decisión política de ponerle fin a esos privilegios: fomentar empresas provinciales, darle lugar a trabajadores y trabajadoras locales, permitir que las comunidades gestionen sus propias obras. Ese modelo federal y distributivo rompió el pacto de casta entre jueces, empresarios y políticos serviles. Y ahí empezó la persecución.
Cristina fue condenada sin pruebas por haber gobernado con y para el pueblo. Es una perseguida política, y como tal, su condena debe ser revisada y anulada. El pueblo tiene memoria, y más temprano que tarde la verdad se abrirá paso.
J.R Lezcano
Nuevo Encuentro