Este lunes, la Justicia de los Estados Unidos le ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar una indemnización equivalente a US$ 16.000 millones por la expropiación de la petrolera en 2012, que la expresidenta Cristina Kirchner definió en ese momento como “una recuperación de la soberanía y control de los hidrocarburos” y puso al frente de la intervención al gobernador bonaerense Axel Kicillof, por ese entonces secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo: y a Julio de Vido, exministro de Planificación Federal.
La decisión de la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, se enmarca en la causa iniciada por el fondo Burford Capital, que compró los derechos de juicio de dos empresas del Grupo Petersen, Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, dos sociedades creadas y radicadas en España de la familia Eskenazi.
Inicialmente, la magistrada desligó a YPF y falló directamente contra la Argentina. Pero ahora le ordenó al Estado entregar las acciones “Clase D” que están en su poder, 51% del total, por lo que el país perdería el control que tiene en la compañía, hoy mayoritario, a través de la Anses y el Tesoro.
El monto de la indemnización fue definido por Preska el 8 de septiembre de 2022. Apuntó que la Argentina “incumplió el contrato” al estatizar la compañía el 16 de abril de 2012 sin ofrecer una compensación a todos los accionistas, y de esa manera aceptó el cálculo de intereses reclamado por Burford Capital.
Tras conocerse la decisión judicial, las acciones de YPF en Wall Street bajaron hasta 8%, caída que se moderó a 5%.
A continuación, las cinco claves para entender el conflicto y cómo se llegó hasta la decisión de este lunes de la jueza Preska:
1) Quién es el demandante, el fondo Burford Capital
Burford Capital se dedica a comprar derechos de juicio de empresas quebradas y luego inicia demandas por sumas mucho mayores, similar a como operan los “fondos buitre”. Con ese mecanismo, intervino ya antes en el caso del grupo español Marsans, exdueño de Aerolíneas Argentinas.
El 4 de marzo de 2015, a través de su subsidiaria Prospect Investments, adquirió el proceso de quiebra de las dos compañías de Grupo Petersen. La causa recayó en la justicia comercial española, en el Juzgado Mercantil N° 3 de Madrid, que designó a un síndico y subastó el derecho a litigar. Un mes después, el fondo inició la demanda en la Justicia de Nueva York.
Ambas firmas tenían acciones por el 25% de YPF, compradas a la española Repsol en 2008 y 2011, primero por 14,9% y con una ampliación posterior de 10,1% adicional.
El administrador concursal argumentó que al expropiarle a Repsol su 51% en YPF, en 2012 el Estado debió haber lanzado una oferta pública por el 100% de la compañía, algo que no sucedió. Por lo tanto, concluyó que las dos sociedades de Petersen deberían haber recibido una oferta por su 25% y, por lo tanto, tenían derecho a litigar.
2) El reclamo de Burford Capital
La demanda principal de Burford Capital se sostiene en que, según el artículo 7° del Estatuto de YPF, si alguien compraba más de 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no solo a Repsol.
Además, alegó un perjuicio porque, tras entrar en la compañía, el Estado suspendió el giro de dividendos acordado entre Repsol y Grupo Petersen, lo que desencadenó que las empresas de los Eskenazi entraran en default al no poder pagar sus deudas.
3) La defensa de la Argentina
La demanda por la expropiación de YPF se inició en abril de 2015, en la presidencia de Cristina Kirchner y se extendió en los mandatos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. La estrategia de la defensa argentina fue la misma: por un lado, se argumentó que la compra de acciones de Grupo Petersen a Repsol fue “fraudulenta” por préstamos concedidos por un pool de bancos, y, por otra parte, que la jurisdicción donde debe zanjarse el conflicto es la Argentina, donde está radicada YPF.
En 1993, en la privatización de YPF, Carlos Menem ofreció casi el 100% del capital de la empresa mediante acciones clase D y listó sus ADR (American Depositary Receipts) en la Bolsa de Nueva York. Estableció que cualquier adquisición posterior de una porción de control implicaría la obligación de realizar una oferta pública por el total de las acciones.
La Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la jurisdicción neoyorquina el 24 de junio de 2019. Sin embargo, el 11 de julio de ese año Preska decidió reevaluar la cuestión ante un pedido de la defensa del país, rechazando una moción de Burford para iniciar el juicio.
El país alegó: “No puede demandar a la Argentina en este Tribunal porque el control de las disputas de ley argentina que surjan de los estatutos de una corporación argentina deben ser llevadas a la jurisdicción donde la corporación mantiene su domicilio social, que en este caso es la Ciudad de Buenos Aires”.
Desde Petersen, aclararon que “la totalidad de la operación cumplió con todos los requisitos de transparencia y regulación exigidos por los organismos de control de la Argentina (CNV), España (CNMV) y los Estados Unidos (SEC)”.
4) El fallo de 2023 contra la Argentina
En el fallo de marzo de 2023, Preska hizo lugar al pedido del demandante al señalar que la Argentina “prometió a los tenedores que les proporcionaría una salida compensada si recuperaba el control sobre las acciones”.
No obstante, indicó que el demandante “demostró la existencia de un contrato válido y vinculante contra la República, pero no contra YPF”, por lo que eximió a la compañía de afrontar la indemnización.
Durante el proceso, Burford reclamó entre US$ 12.000 millones y US$ 17.000 millones con intereses. En diciembre de 2021, YPF comunicó a sus accionistas que un fallo en contra podría costarle a la compañía hasta US$ 5.200 millones, una cifra inferior a la reclamada.
5) La respuesta de Milei
Javier Milei confirmó que el Gobierno apelará el fallo. “Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”, indicó el Presidente en X.
En su descargo ‘Un fallo contra Kicillof’, el mandatario afirmó que, independientemente de la cuestión de fondo, la decisión de la Justicia de Estados Unidos es “responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK”.
Ante un riesgo de desacato, es decir, si la Argentina incumple, los demandantes pueden pedir sanciones civiles y nuevos embargos sobre activos soberanos. La próxima instancia será la Corte de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York, y, en última instancia, la Corte Suprema.