A pesar del cuestionable fallo que dictó el Tribunal de Revisión en noviembre de 2024 el superior tribunal jujeño dio vuelta esa decisión. Así impide al Estado -en su rol de querella- perseguir a los manifestantes que protestaron contra la reforma de Morales y compañía en 2023 con penas mayores a las de la propia Fiscalía (Ministerio Público de la Acusación).
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Si bien la causa sigue en pie buscando penalizar a decenas de referentes sociales y políticos, resulta un paso adelante en la defensa de las libertades democráticas, ya que la Fiscalía de Estado encabezada por Albesa les exigía a los manifestantes llamativas sumas de dinero por daños ocasionados (sin pruebas que los vinculen con ellos) y los acusaba de sedición. Era la lupa del Poder Ejecutivo en el expediente judicial.
Los jueces que decidieron fueron Martín Francisco Llamas, Laura Nilda Lamas González y Ekel Meyer. El fallo llegó luego de seis meses de recibido el legajo y le dio la razón a los fundamentos planteados por las defensas, que como la Fiscalía de Estado había estado ausente en la primer audiencia convocada para la acusación, debía ser separada de la causa, sin derecho a ello. Aún restan definiciones del máximo tribunal a planteos realizados por algunas defensas en cuanto a las pruebas no admitidas por el juez de control Fernández, que dio vía libre al Fiscal que ya manifestó su intención de llevar a juicio a decenas de referentes que se manifestaron junto a otros miles en Jujuy en 2023, en rechazo a la reforma constitucional.
En un contexto de avanzada reaccionaria respecto de las libertades democráticas, tanto en el fallo proscriptivo a CFK, el decreto 383 de Bullirch y su ciberpolicía, la represión llevada adelante por el gobierno de Milei a jubilados y trabajadores -entre otras expresiones- exigen la denuncia y lucha colectiva. Este punto de apoyo conseguido, que limita parcialmente el accionar del Estado que acusaba a los manifestantes por sedición, debe servir para unificar y coordinar todos los reclamos del pueblo trabajador, rechazando los despidos en la empresa Ledesma y fortaleciendo la resistencia de la docencia y los estudiantes que defienden la educación pública. La protesta social es el primero de los derechos a defender para poder hacer factible todos los demás que se nos niegan cotidianamente.
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos ponemos nuestros conocimientos al servicio de organizar al pueblo trabajador, defender sus derechos, unificarlo con las luchas estudiantiles. Utilizamos los puntos de apoyo conquistados legalmente para aportar a esa organización. Buscamos aportar para que todas las luchas en curso triunfen, a la par que mantenemos la exigencia por el cierre defintivo de todas las causas contra los luchadores sociales que rechazaron la reforma constitucional de Jujuy y son perseguidos judicial y políticamente, porque protestar no es delito.