El director provincial de Seguridad Vial Fernando Inchausti, se refirió al decreto del gobierno nacional sobre la reorganización de organismos de transporte y seguridad vial: “Vemos con profundo dolor la publicación del Decreto que dispone la disolución de Vialidad Nacional, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)” expresó.
Respecto a la ANSV sostuvo que “este organismo fue creado por la Ley 26.363 con el objetivo central de reducir la siniestralidad vial y coordinar políticas públicas junto a las provincias y municipios”.
Y agregó que “La ANSV era una estructura técnica descentralizada que desde 2009 articuló un sistema federal con criterios uniformes para que las decisiones sobre tránsito respondieran a una lógica integral”.
En esa línea, el funcionario afirmó que “la eliminación de la ANSV significa una ruptura con ese consenso técnicopolítico y un retroceso en la Argentina de más de 16 años en materia de seguridad vial”.
Por eso, Inchausti advirtió que “este decreto debilita instituciones clave en la reducción de siniestros fatales, como el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (RENAT), el Observatorio Vial y el Sistema Nacional de Infracciones (SINAI), entre otros”.
Además, señaló que “al eliminar la ANSV se desfinancia la política pública de seguridad vial, aunque el Gobierno Central continuará recaudando recursos del 1% de las primas de seguros, destinándolos al Ministerio de Economía, sin garantizar que se usen para proteger la vida en rutas y ciudades”.
Sobre el control y fiscalización, Inchausti advirtió que “la medida desnaturaliza el rol de Gendarmería Nacional, asignándole la responsabilidad del control en rutas nacionales, supeditada a convenios con las jurisdicciones.” El funcionario ironizó diciendo que “cualquiera pensaría que desde aquella institución ya resolvieron todas sus funciones originales en el cuidado de las fronteras como para sumar esta carga”.
En relación al carácter político del decreto, sostuvo que “este modelo de reorganización no es solo una decisión administrativa, sino una definición política que revela la mirada del actual Gobierno Nacional de desprecio por lo público, improvisación e irresponsabilidad de un Estado que deja de reconocerse como garante del bien común”.
A nivel provincial, el funcionario fue categórico: “desde Formosa no compartimos ni avalamos una política que pone en riesgo la vida de miles de argentinos por desfinanciar, descentralizar sin planificación y desintegrar el sistema nacional de seguridad vial”.
Y reafirmó que “de la mano del Modelo Formoseño, bajo la conducción de nuestro Gobernador, sostenemos que la seguridad vial es una política de Estado que no se negocia, no se terceriza y no se abandona, porque tiene como único norte el cuidado de la vida de quienes transitan los caminos de nuestra provincia”.
Finalmente sostuvo que “seguiremos trabajando en unidad, con responsabilidad, criterio técnico y compromiso humano, porque creemos en un Estado presente, solidario y profundamente humano”.
Y concluyó: “frente al desmantelamiento, respondemos con convicción, en Formosa, la vida no se recorta, se protege”.