La provincia de Formosa ha registrado un alarmante incremento en la deforestación desde la implementación de la Ley de Bosques Nativos en 2007, con tasas que cuadruplican las cifras previas a su sanción.
Así lo reveló Hernán Geraldini, coordinador de Campañas de Bosques de Greenpeace, en una entrevista exclusiva con Grupo de Medios TVO. Los datos, obtenidos a partir de imágenes satelitales propias y reportes oficiales, ponen en evidencia una paradoja preocupante: la normativa que debería proteger los ecosistemas forestales estaría, en la práctica, facilitando su destrucción.
Geraldini destacó que, si bien Santiago del Estero y Chaco también muestran altos niveles de deforestación en el norte del país, Formosa exhibe una tendencia particularmente inquietante. «Cuando uno compara lo que se deforestaba en Formosa antes de la Ley de Bosques, los datos hablan de mucho menos deforestación que posterior a la ley», afirmó. La superficie anual perdida de bosques en la provincia es actualmente cuatro veces mayor que antes de la legislación.
¿Qué falló en la aplicación de la ley?
La Ley de Bosques Nativos, sancionada en 2007, estableció una suspensión de los desmontes y exigió a cada provincia realizar un relevamiento de sus bosques, considerando criterios ambientales, sociales y económicos. Esto incluía la capacidad forestal, la biodiversidad, el potencial productivo (forestal y agropecuario), el valor para pueblos originarios y comunidades campesinas, y la protección de cuencas hídricas. A partir de este análisis, cada provincia debía convocar a un ordenamiento territorial para definir usos permitidos y restringidos del bosque.
El problema en Formosa, según Geraldini, radica en la forma en que se realizó este ordenamiento. La provincia elaboró un mapa donde las zonas se clasificaron por colores: verde para áreas donde se permite pedir permisos de desmonte, amarillo y rojo para aquellas donde no. A diferencia de otras provincias que destinaron el 70% u 80% de sus bosques a zonas de no desmonte (amarillas o rojas), Formosa hizo lo opuesto.
«En el caso de Formosa, el 70% de los bosques han quedado como zona verde, que es la que permite a un dueño de un bosque pedir un permiso de desmonte», explicó el coordinador de Greenpeace. Esta clasificación ha sido el principal facilitador del aumento en la pérdida de masa boscosa.
Impacto y preocupación de Greenpeace
La situación es crítica, con Formosa perdiendo aproximadamente 36.000 hectáreas de bosque el año pasado. A pesar de que el oeste formoseño aún conserva una amplia superficie de bosque nativo en buen estado, el ritmo de deforestación es innegable y se puede observar tanto en imágenes satelitales como en recorridos terrestres y aéreos.
Greenpeace insiste en que «los números no mienten» y que la Ley de Bosques, lejos de cumplir su objetivo en Formosa, ha generado el efecto contrario. La organización hace un llamado urgente a revisar y modificar la implementación de la normativa en la provincia para revertir esta tendencia y proteger los valiosos ecosistemas forestales.