La reciente disolución de organismos nacionales como Vialidad Nacional, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha generado una profunda preocupación en la provincia de Formosa.
El Dr. Pablo Córdoba, Director de Transporte de la Provincia, expresó su inquietud en una entrevista con el Grupo de Medios TVO, enfatizando el impacto que estas medidas tendrán en la garantía de derechos y la seguridad de los ciudadanos.
Según Córdoba, estos organismos representaban «estructuras del Estado que venían a garantizar derechos, a dar seguridad y control en áreas claves para la vida cotidiana de los argentinos».
La incertidumbre radica en la falta de claridad sobre qué sucederá con sus funciones, ya que algunas se trasladarían a la Secretaría de Transporte de la Nación y otras a Gendarmería. «No es solamente un organismo que se cierra, sino que una función que desaparece, y detrás de una función que desaparece hay un derecho que se pierde», sentenció el Director provincial.
Una de las principales preocupaciones en Formosa es el futuro de la delegación local de la CNRT. El Dr. Córdoba destacó el arduo trabajo que costó a la provincia establecer esta delegación, gracias a las gestiones del Dr. Gildo Insfran. Antes de su creación, los formoseños que enfrentaban problemas con servicios de transporte nacional dependían de la delegación de Resistencia, lo que resultaba engorroso y limitaba la capacidad de control de la Dirección de Transporte provincial, cuyas facultades se ciñen a los servicios provinciales. «Estábamos un poco huérfanos en su momento», explicó
Córdoba, lamentando la actual incertidumbre sobre la continuidad de la delegación formoseña de la CNRT.
La disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial también es motivo de alarma. El Dr. Córdoba recordó que los siniestros viales son una de las principales causas de muerte en Argentina, y la agencia venía realizando un trabajo «muy importante» en prevención. Incluso se estaba avanzando en el traspaso de las licencias nacionales profesionales a cargo de las provincias, un proceso que ahora ha quedado «trunco» a raíz de este decreto.
La falta de precisiones más allá de la publicación del decreto agudiza la inquietud en las autoridades provinciales, quienes ven cómo medidas de alcance nacional impactan directamente en la capacidad de la provincia para asegurar el bienestar y la seguridad de sus habitantes en un área tan vital como el transporte.