La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) emitió un contundente documento en el que denuncia un “alarmante retroceso” en las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad y exige al Estado Nacional —particularmente a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)— el cese de todo trato discriminatorio y arbitrario hacia este colectivo.
Según ADPRA, en los últimos años se ha deteriorado gravemente la garantía de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, agravado recientemente por el dictado del Decreto 843/24, impulsado por el presidente Javier Milei. El documento advierte que dicha norma intenta reinstaurar un criterio biologicista regresivo, elevando al 66% el umbral de discapacidad necesario para acceder a beneficios sociales y excluyendo a quienes cuenten con familiares en condiciones de brindar asistencia, sin considerar las realidades sociales, económicas y culturales que enfrentan muchas personas con discapacidad en Argentina.
Desde la Asociación señalaron que estas decisiones profundizan la exclusión y precariedad, y que, en la práctica, condenan a muchos beneficiarios a quedar desamparados por el Estado y también por entornos familiares que, en numerosos casos, no brindan la contención necesaria.
Un caso paradigmático:
la Resolución 187/2025
El documento de ADPRA también hace referencia a la controvertida Resolución N° 187/2025 de ANDIS, que, según denuncian, utilizó terminología arcaica y ofensiva para clasificar a las personas con discapacidad, incluyendo términos como “idiotas”, “imbéciles” y “débiles mentales”. La presión social, institucional y mediática obligó al organismo a dejarla sin efecto, aunque el episodio fue considerado una muestra clara del enfoque regresivo que se pretende aplicar.
Posteriormente, se implementó una auditoría nacional improvisada, que incluyó el envío masivo de cartas documento intimando a beneficiarios a acreditar nuevamente su discapacidad. Muchas notificaciones fueron enviadas a direcciones inexistentes, sin explicar procedimientos, ni brindar mecanismos claros para realizar descargos o defenderse. Todo esto, en medio de versiones oficiales sobre la eliminación de más de 170.000 pensiones por discapacidad, lo que generó un profundo estado de incertidumbre y angustia.
Exigen la derogación del
Decreto y acciones concretas
Frente a esta situación, ADPRA exige al Gobierno Nacional:
• La derogación inmediata del Decreto 843/24, por considerarlo inconstitucional y regresivo.
• La restitución de la compatibilidad entre pensiones y empleos remunerados, como herramienta de inclusión y dignidad.
• La reapertura de oficinas de ANDIS cerradas en distintas provincias.
• El restablecimiento de la atención en la Superintendencia de Servicios de Salud, debilitada por la reducción de personal.
• La reactivación del otorgamiento de nuevos beneficios, actualmente paralizados.
Además, la entidad solicita el respeto pleno a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la Convención sobre los Derechos del Niño, compromisos internacionales que el Estado argentino está obligado a cumplir.
Gialluca: «No se registra
en democracia este
nivel de crueldad»
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa y vicepresidente segundo de ADPRA, José Leonardo Gialluca, sostuvo que el documento “me releva de mayores detalles, más que decir que nuestro país, desde los tiempos más oscuros de su historia, no registra el nivel de crueldad en el trato que hoy recibe un colectivo que se caracteriza por la escasa o nula posibilidad de hacer frente al atropello a sus derechos que, desde el propio Estado Nacional, se les está propinando”.
Gialluca aseguró que desde ADPRA continuarán reclamando la reversión de estas políticas regresivas y subrayó la importancia del apoyo social y de los poderes Legislativo y Judicial para lograrlo: “Vamos a insistir en que cesen estos abusos, haciendo uso de todas las herramientas legales a nuestro alcance”.