Los fiscales Ramiro González y Alejandra Mangano, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), pidieron la elevación a juicio de una causa en la que están imputadas 10 personas acusadas del delito de «trata de personas con fines de explotación sexual», a quienes señalan por haber formado parte de una organización criminal, que funcionó durante tres años y medio, desde marzo de 2020 (el inicio del aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid 19) hasta septiembre de 2023.
El propósito de la organización era “captar, trasladar y acoger mujeres todas ellas de escasos recursos económicos y algunas también migrantes, con la finalidad de explotarlas sexualmente mediante la producción de fotografías y transmisiones en vivo de contenido sexual para comercializarlas” vía streaming a través de las plataformas denominadas “sexcam” o “webcam”.
Los fiscales, en el requerimiento de elevación a juicio al que accedió PERFIL, afirman que para lograr su cometido la organización “contó con un sofisticado plan criminal, plagado de eufemismos de tinte engañoso y grandilocuente, que contenía diferentes etapas por las cuales debían transitar las víctimas hasta ser finalmente explotadas”.
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La investigación determinó que a las víctimas se las captaba con una propuesta laboral engañosa que se publicaba en las páginas web y redes sociales de la organización. Les prometían ganancias “en dólares por supuestas transmisiones eróticas” en jornadas de 8 horas y les aseguraban que tendrían libertad respecto al contenido de las grabaciones. Citaban a las mujeres en un hotel, ubicado en la calle México de la ciudad de Buenos Aires y para aparentar legalidad, les hacían firmar un “contrato de colaboración”.
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El inicio de la organización criminal coincide con el comienzo del aislamiento por la pandemia de Covid 19, cuando los hoteles se quedaron sin turistas. La Justicia sostiene que al menos uno de los dueños de esos hoteles montó el negocio y se sumaron a fotógrafos y especialistas en video para las transmisiones entre otros integrantes del grupo. En total, 10 personas de nacionalidades argentina, colombiana y venezolana que están procesadas por el juez Sebastian Casanello pero llegarán al juicio libres, por decisión de la Cámara.
El circuito de explotación sexual: hasta 16 horas frente a la cámara
El expediente se inició por la denuncia de cuatro víctimas -querellantes- y luego 11 mujeres más declararon como testigos. Aseguraron que eran sometidas a extensas jornadas (de hasta 16 horas frente a la cámara, a veces sin poder parar para comer), sesiones de fotos humillantes, extorsiones, amenazas, y todo tipo de situaciones abusivas. “Para sostener el sometimiento de las víctimas y su explotación los imputados las denigraban con insultos, las incitaban a consumir alcohol y estupefacientes, las responsabilizaban por la falta de generación de ganancias y las endeudaban”, indican los fiscales.
“Una vez en la etapa de explotación, los imputados comenzaron a modificar las condiciones propuestas a las víctimas exigiéndoles la realización de actos de índole sexual cada vez más explícitos en contra de su voluntad”, subrayan González y Mangano, de Protex. Los “estudios webcam” -la fachada de la organización- no solo comercializaban esos videos sino que los usaban para extorsionar a las víctimas.
Está previsto que el juicio se inicie hacia fin de año. El Tribunal Oral Federal N° 1 de Capital, integrado por Adrián Grünberg, José Antonio Michilini y Ricardo Ángel Basílico, informó el mes de noviembre como “fecha probable” pero aún no hay certezas.
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Las 15 mujeres que declararon (cuatro víctimas y 11 testigos) lo hicieron mediante el sistema de Cámara Gesell. Durante los allanamientos se secuestraron 12 webcams y 11 televisores, que quedaron a resguardo de la Justicia.
La explotación de las víctimas no se limitó al “negocio sexcam” sino que incluyó encuentros sexuales presenciales -“pases”- con personas del entorno de la organización, entre un funcionario de las fuerzas de seguridad (cuyo nombre no trascendió).
La ley 26.842, de Prevención y Sanción de la Trata de personas y asistencia a sus víctimas, contempla penas que van de los 8 a los 12 años de prisión que se elevan de 10 a 15 años si la víctima es menor de 18 años. En este caso, no hay menores entre las denunciantes.
LT