La ONG Ruido, en un estudio que analizó a 138 magistrados de los máximos tribunales provinciales, reveló que el 64% de ellos registra algún tipo de vínculo político o laboral con el poder local.
En Formosa, el 60% de los jueces se encuentra en esta situación, un dato que se suma a la ya baja confianza de la ciudadanía en la justicia.
Un reciente informe de la ONG Ruido puso la lupa sobre la independencia de la justicia en las provincias argentinas, arrojando datos reveladores que confirman una percepción extendida: la cercanía entre el poder judicial y el poder político.
La investigación, titulada “Seis de cada diez jueces de las cortes provinciales tuvieron vínculos con el poder local”, analizó los perfiles de 138 magistrados que integran los máximos tribunales del país.
Los resultados son contundentes: 88 de esos 138 jueces (un 64%) tuvieron algún nexo político o laboral previo con funcionarios o gobiernos locales antes de asumir sus cargos.
Más aún, 76 de ellos fueron designados durante la gestión de los mismos partidos políticos para los que habían trabajado.
Estos hallazgos, que fueron el tema central de un debate en el programa radial Exprés en Radio, del Grupo de Medios TVO, confirman que esta dinámica no es una excepción, sino una regla a nivel nacional.
La situación en Formosa y el panorama nacional
Ezequiel Soria, coautor del informe e integrante de Ruido, conversó con el medio y detalló la realidad en la provincia. “Formosa está más o menos en el parámetro del promedio, el 60% de los jueces actualmente trabajaron en alguno de los gobiernos”, explicó Soria. Si bien se encuentra en la “mitad de la tabla”, junto a la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz, este porcentaje sigue siendo elevado y alimenta el debate sobre la funcionalización del poder judicial al gobierno de turno.
“Lo que todos los periodistas en algún momento sospechamos, con este informe un poco estamos echando luz y confirmando que quizás no es la excepción, sino la regla”, afirmó Soria.
El informe también destaca casos extremos, como los de San Luis, La Rioja y San Juan, donde el 100% de los jueces de las cortes provinciales tuvieron vínculos previos con el gobierno. Estos datos muestran que la cuestión no se limita a provincias con estructuras de poder más centralizadas, sino que es un fenómeno transversal.
Amiguismos y desconfianza: la percepción de la ciudadanía
Más allá de los datos duros, el informe de Ruido aborda una de las principales consecuencias de esta dinámica: la erosión de la confianza pública en la justicia. Según Delia Ferreira Rubio, expresidenta de Transparencia Internacional, solo el 22% de los argentinos confía en la justicia, una cifra muy por debajo del promedio latinoamericano.
La cercanía entre jueces y políticos, sumada a la opacidad de los procesos de selección, contribuye a esta percepción de amiguismo y falta de independencia. Soria hizo hincapié en que, si bien la designación de estos jueces pudo haberse ajustado a derecho, la falta de transparencia y los vínculos políticos previos “bajan todavía más un índice de confianza del pueblo hacia la justicia que ya de por sí está bastante bajo”.
En este sentido, Soria también señaló la precariedad de la información pública. “El sitio web del Poder Judicial de Formosa es bastante precario… no hay acceso a un currículum, no se puede saber los antecedentes”, comentó. Esta falta de transparencia se repite en varias provincias y dificulta el acceso de la ciudadanía a la información sobre los antecedentes de quienes imparten justicia, un factor que alimenta aún más la desconfianza.
¿Ilegalidad o falta de independencia?
Un punto importante que el informe aclara es la distinción entre un vínculo político y una designación ilegal. “No quiere decir que porque un ministro de la Corte Suprema haya sido ministro de gobierno o legislador… en el pasado, haya llegado de manera irregular a la Corte. No, por supuesto que no… lo que no quiere decir que, quizás por su vínculo político, por su pasado en la política, hayan prosperado”, explicó Soria.
La investigación de Ruido no cuestiona la legalidad de los procesos, sino que subraya la importancia de los nexos y vínculos que existen entre el poder político y la justicia, los cuales, aunque no ilegales, sí pueden generar dudas sobre la imparcialidad de los fallos.
El informe presenta una serie de casos particulares donde las cortes fallaron a favor de los gobiernos que los designaron, aunque también aclara que existen casos en los que los jueces actúan de forma independiente.
En conclusión, el informe de la ONG Ruido confirma que la independencia del poder judicial en las provincias argentinas está en entredicho. Los datos revelados muestran una tendencia preocupante de cercanía entre jueces y políticos, una realidad que, aunque no siempre se traduzca en ilegalidades, inevitablemente socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones y la democracia.