Frente a la decisión del Gobierno nacional de vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad, desde el Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa se sostiene con firmeza la política de inclusión y acompañamiento integral a personas con discapacidad en toda la provincia.
Luego del veto presidencial al proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobado por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa, a través de la Junta Evaluadora de Personas con Discapacidad y la Junta de Categorización de Prestadores, ratifica su compromiso en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
La normativa vetada declaraba la emergencia en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, con el fin de garantizar un nivel adecuado de vida, salud, educación, rehabilitación, trabajo y protección social para las personas con discapacidad. También contemplaba la actualización de aranceles, regularización de pagos, mejoras en el sistema de pensiones no contributivas y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad.
“La decisión del Gobierno nacional nos duele profundamente. Se trata de una medida que pone en riesgo derechos esenciales y la calidad de vida de miles de personas y familias en situación de vulnerabilidad”, expresó la Licenciada Lis Yanacon, directora de la Junta Evaluadora de Discapacidad de la provincia de Formosa.
En ese marco, la funcionaria sostuvo que “más que nunca, desde el Modelo Formoseño reforzamos la presencia del Estado en cada rincón de la provincia. La persona titular de derechos es el centro de nuestras políticas públicas”.
Desde mayo de 2024 hasta la fecha, la Junta Evaluadora ha emitido 3693 Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) y dictado 4 resoluciones de categorización de prestadores para instituciones que trabajan con personas con discapacidad, en articulación con hospitales, centros de salud, escuelas especiales, municipios y organizaciones de la sociedad civil de toda la provincia.
“El CUD es una herramienta fundamental para acceder a múltiples prestaciones y derechos. Su emisión, renovación y promoción son parte de una política inclusiva y federal que no puede detenerse. En Formosa, sostenemos con hechos lo que otros postergan con decretos”, remarcó Yanacon.
Finalmente, destacó que “la discapacidad no puede ser mirada desde la lógica del recorte o del ajuste. Se necesita sensibilidad, decisión política y compromiso con una sociedad más justa e igualitaria”.